El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) reclama mejoras en la Ley del Tabaco para poner freno a la actual epidemia tabáquica. En este sentido, considera que el Gobierno ha renunciado a seguir avanzando en la prevención y control de este problema de salud pública al zanjar la trasposición de la Directiva Europea de Productos de Tabaco "con retraso y sin dejar espacio al diálogo social ni parlamentario"
Este organismo, que representa a 33 sociedades científicas y consejos de colegios profesionales implicados en la prevención y control del tabaquismo en España, considera que el Gobierno ha renunciado a seguir avanzando en la prevención y control del tabaquismo al zanjar la trasposición de la Directiva Europea de Productos de Tabaco con retraso y sin dejar espacio al diálogo social ni parlamentario. En concreto, denuncia que ha desoído los planteamientos del sector sanitario, que reclamaba aprovechar la transposición para introducir mejoras en las políticas de control del tabaco, tal como han hecho otros países europeos, y que, en el caso del nuestro, tienen aún más justificación por la alta prevalencia de esta adicción.
La realidad, recuerda, es que el pasado 17 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó una nueva norma para trasponer la Directiva Europea 2014/40/ de Productos de Tabaco, y lo hizo en formato de Real Decreto-ley, que no permite un debate parlamentario, como ocurre con los Proyectos de Ley. El nuevo real decreto modifica la llamada Ley del Tabaco española a fin de transponer la citada directiva, pero lo hace con una visión de mínimos desoyendo a la sociedad civil y a los profesionales de la salud, que están reclamando medidas más enérgicas que reduzcan el consumo de tabaco y la exposición al humo ambiental.
De acuerdo con las declaraciones del Gobierno, hechas públicas por la ministra de Sanidad, la ratificación de los contenidos de este Real Decreto Ley por las Cortes Generales culminará el proceso de transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva Europea de Productos del Tabaco que fue aprobada por la Unión Europea en abril de 2014. España, al igual que los demás estados integrados en la Unión Europea, dispuso de dos años para transponer dicha directiva, pero por razones difíciles de entender, ha tardado más de un año y medio desde que se cumplió el plazo para completar la transposición.
Según el CNPT, otros países miembros de la Unión Europea no sólo han respetado el plazo para la transposición, sino que han aprovechado la oportunidad para introducir mejoras en la prevención y el control del tabaquismo, como la ampliación de los espacios libres de humo y la introducción del paquete neutro de tabaco.
En el preámbulo del Real Decreto-Ley aprobado, el Gobierno expone que se ha optado por esta tramitación urgente -en lugar de impulsar el debate social y parlamentario que requiere la tramitación ordinaria de un Proyecto de Ley- para hacer frente al retraso en la trasposición de la Directiva Europea.
Se da además la circunstancia de que, el pasado mes de junio, el Ministerio de Sanidad sometió al trámite de audiencia y exposición pública un Proyecto de Ley que debería haber sido enviado a las Cortes Generales con el objetivo de completar la trasposición de la Directiva Europea de Productos del Tabaco, pero finalmente ha optado por abandonar aquella iniciativa, sin que se conozcan los motivos de esa decisión, y optar por un Decretazo.
El pasado 26 de junio, el CNPT ya planteó que la modificación de la Ley del Tabaco para hacer efectiva la transposición de la directiva europea debía ser “una oportunidad para introducir mejoras sustanciales en la prevención y control del tabaquismo en nuestro país y no limitarse a una mera adaptación de la Ley 28/2005 a las normas de obligado cumplimiento que recoge la Directiva Europea 2014/40/UE.” En aquella ocasión, el Comité formuló una serie de alegaciones proponiendo, entre otras cuestiones:
• Que no se pueda fumar en coches donde viajen niños y embarazadas, así como en espacios al aire libre dirigidos a eventos deportivos y culturales (estadios, salas de conciertos, plazas de toros, cines al aire libre, etc.) y en los accesos de instituciones públicas.
• La prohibición del uso de cigarrillos electrónicos en los mismos lugares en los que esté prohibido fumar, para evitar que se normalice nuevamente el uso del cigarrillo (sea de combustión o de vapor) en esos espacios.
• La introducción en España del envase neutro de tabaco, medida que ya han adoptado varios países europeos.
• La protección de los menores frente a películas o series televisivas en las que aparecen personas fumando.
• Un aumento de los impuestos a los productos del tabaco y los cigarrillos electrónicos que contribuya eficazmente a prevenir el inicio de su consumo en la adolescencia.
• La prohibición de arrojar colillas en la vía pública.
• La introducción de mejoras en el control de la publicidad y promoción encubierta del tabaco.
• El control de las posibles interferencias de la industria tabaquera en las políticas de salud pública.
• Una incorporación más efectiva de los programas de consejo y tratamiento para dejar de fumar desde el Sistema Nacional de Salud que incluya la financiación pública de los fármacos destinados a la cesación tabáquica.
«Estas medidas son acordes a las graves consecuencias que el tabaco provoca en nuestra sociedad, tanto por su alta mortalidad -causa cada año entre 52.000 y 60.000 fallecimientos prematuros- como por la elevada carga asistencial que supone el tratamiento de las distintas enfermedades relacionadas con el tabaco, y por el elevado coste social y personal que produce», explica.
Desde el CNPT se considera, por tanto, que, con la aprobación del Decreto-ley 17/2017, el Gobierno desoye las recomendaciones de profesionales sanitarios, sociedades científicas y asociaciones de pacientes, y pretende apartar del debate social y político la prevención del tabaquismo en España. Así, pide al Gobierno, y muy especialmente a la miinistra de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, que «asuman su responsabilidad en la promoción de políticas efectivas de prevención y control del tabaquismo impulsando las medidas que de forma unánime son reclamadas por los profesionales de la salud».
También emplaza al conjunto de las fuerzas políticas representadas en las Cortes Generales para que, «en lugar de aprobar este nuevo Decreto-Ley, impulsen un proceso riguroso de modificación de la Ley del Tabaco que vuelva a situar España entre los países más activos para hacer frente al tabaquismo».
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