martes, febrero 27, 2024

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El CGCOM apoya la proposición de ley debatida hoy en el Congreso relativa a la publicidad de prestaciones y actividades sanitarias

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) junto a otros consejos sanitarios han acudido hoy al debate del Congreso de los Diputados sobre la proposición de ley relativa a la publicidad de prestaciones y actividades sanitarias. Todas las corporaciones sanitarias han mostrado con una unanimidad su rotundo apoyo a esta propuesta “que pretende proteger a los ciudadanos de la publicidad engañosa”

Así lo ha manifestado el Dr. Enrique Guilabert, tesorero del CGCOM y representante de la corporación que ha acudido a este debate junto a los miembros y presidentes de Consejos de Colegios de diferentes profesiones sanitarias. Con esta Ley, a propuesta del Partido Popular, se pretende regular la publicidad sobre temas sanitarios para evitar engaños: así como eliminar todo tipo de promoción comercial o publicidad dirigida al público, y el uso de famosos para la recomendación de productos.

El Dr. Enrique Guilabert ha estado acompañado por el Dr. Santiago Santa Cruz, presidente del Colegio de Médicos de Salamanca; el Dr. Blas González, presidente del Colegio de Médicos de Albacete, y el Dr. Hermenegildo Marcos, representante nacional de Atención Primaria Rural del Consejo General Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).

La propuesta persigue que toda la información sobre productos y bienes sanitarios sea exacta y verídica, y abre la puerta en su artículo décimo, sobre inspección y control, a que los Colegios Profesionales y Consejos Profesionales, en el ámbito de sus competencias, puedan participar y colaborar en el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley.

“Hemos escuchado el debate con atención porque creemos que la ley es muy apropiada y oportuna en el momento actual que estamos viviendo en el que día a día se produce publicidad engañosa en las redes sociales y en internet”, aseguran los representantes del CGCOM.

En este sentido, consideran que es necesario que se regule y apoyan esta propuesta de ley “porque pretende proteger al ciudadano de las personas y entidades que intentan engañar con ánimo de lucro a las personas más vulnerables”. “Los colegios profesionales como organizaciones de derecho publico tenemos que ser garantes de que las prestaciones dirigidas a la salud sean de calidad y, precisamente, esta norma vela por ello”, destacan.

Asimismo, con unanimidad los consejos sanitarios “han pedido que los políticos luchen por los más vulnerables y se pongan de acuerdo todos por una ley que proteja a los pacientes, ahora más que nunca como se ha visto con el tratamiento para la COVID-19 y los engaños ocurridos”.

“Nuestro sentir es que no son suficientes las leyes que hay. Desde los colegios y consejos queremos ser garantes de que haya una norma que sea útil y proteja a los pacientes y controle las prestaciones sanitarias. Hay que proteger a los ciudadanos en un tema tan importante como es la salud y las pseudoterapias, No se trata de un beneficio partidista sino en beneficio de la población y de la regulación de la publicada engañosa”, afirman.

El pleno del Congreso de los Diputados ha acogido el debate de la proposición de ley relativa a la publicidad de prestaciones y actividades sanitarias, en las que se recogen algunas de las reclamaciones que han manifestado diversos colegios profesionales ante lo que han calificado directamente de publicidad engañosa.

El papel colegial será el segundo paso de los dos previstos. Primero, deberán recibir autorización previa por parte de la administración competente, que tendrá un plazo de dos meses para dictar una resolución y posteriormente, los colegios podrán recibir los materiales y emitir su opinión en un plazo de 20 días.

La norma, según se explica en su justificación es dar claridad a un ordenamiento jurídico actual en el que existe “una enorme dispersión normativa”, que en determinados casos “induce a error y genera inseguridad jurídica”, así como “un sistema de control muy laxo o cuasi inexistente, el cual no otorga a los pacientes o usuarios la protección esperada, y en el que quedan diluidas y poco delimitadas las competencias de cada una de las Administraciones”.

 

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