La Asociación Por un Acceso Justo a los Medicamentos considera que el acuerdo económico y comercial entre Canadá y la Unión Europea conocido como el CETA, pone en riesgo el acceso de los ciudadanos a medicamentos necesarios para su salud, por lo que rechaza su aprobación y pide a los diputados españoles que no ratifiquen este tratado que puede llevar a una situación financiera insostenible al Sistema Nacional de Salud
El pasado 15 de febrero el Parlamento Europeo dio luz verde al Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre Canadá, por una parte y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra. Este acuerdo, conocido como CETA por sus siglas en inglés (Comprehensive Economic and Trade Agreement), consolida un modelo de protección de patente para los medicamentos cuya aplicación está permitiendo fijar precios abusivos insostenibles. En efecto, para la Unión Europea el tratado no cuestiona y, por lo tanto, refuerza la situación actual (20 años de patente, 5 años de certificado de protección suplementaria [CPS], 10 años de exclusividad de datos). Respecto a Canadá establece al menos 2 años de protección “sui generis”, similar al CPS y 8 años de exclusividad de datos, lo cual elevará significativamente el gasto en medicamentos para el sistema público de salud canadiense.
El tratado, por lo tanto, contribuye a consolidar el modelo de monopolios; un modelo que se ha demostrado que no está funcionando para promover la innovación, que está generando barreras importantes en el acceso a los medicamentos y está poniendo en riesgo la sostenibilidad de los sistemas de salud.
Es necesario recordar que las patentes de producto para los medicamentos estuvieron prohibidas en España durante prácticamente todo el siglo XX, introduciéndose en el año1992. En Europa se incorporó también el modelo de patentes en las últimas décadas del siglo XX. A partir del año 1995, con la entrada en vigor del acuerdo internacional sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (los ADPIC), se generalizó en la mayor parte de los países la utilización de patentes de medicamento, con una protección de monopolio por 20 años. Posteriormente se añadieron nuevos elementos dirigidos a prolongar el periodo de patente y retrasar la comercialización de medicamentos genéricos, como el Certificado de Protección Suplementaria y la exclusividad de disposición de los datos de prueba.
Desde entonces, el abuso de este sistema ha conducido a una escalada de precios que multiplican por encima de cien veces los costes de investigación y fabricación y sitúan las ganancias de las empresas farmacéuticas como número uno en el ranking de la industria. El enorme sobre coste de los medicamentos protegidos por monopolio se soporta en los presupuestos públicos por los contribuyentes, así como en los bolsillos de los pacientes. Además, este modelo propicia la sobre prescripción y el sobre consumo, aumentando la incidencia de efectos adversos de los medicamentos.
Este modelo es muy eficiente para la industria y muy ineficiente para el conjunto de la ciudadanía. Seguramente por ello el CETA ha sido aplaudido por la EFPIA, la patronal de la industria farmacéutica europea, asegurando que “mejora la forma en que el sistema de los derechos de propiedad intelectual de Canadá protege las patentes de los productos farmacéuticos europeos”.
La Asociación por un acceso justo al medicamento entiende que es urgente revisar la aplicación del modelo de patentes en este campo, para cambiarlo o ponerlo al servicio de la sociedad, y rechaza la aprobación del CETA en su actual redacción y, en particular, sus artículos 20.27, 20.28 y 20.29. No entramos a valorar los demás aspectos comerciales del CETA y otros campos en los que la aplicación de los derechos de Propiedad Intelectual esté funcionando adecuadamente. Pero entendemos que, mientras se revisa el modelo de patentes aplicado a los medicamentos, se debería excluir esta materia de cualquier tratado internacional.
Por estas razones,esta Asociación insta a los parlamentarios de los diferentes grupos políticos para que en la votación de ratificación del CETA en el Congreso de los Diputados manifiesten su negativa, pues la aprobación del mismo pone en riesgo el acceso de los ciudadanos a los medicamentos necesarios para su salud y puede llevar a una situación financiera insostenible a nuestro sistema sanitario.
La Asociación por un acceso justo al medicamento, se presentó el 1 de febrero con el objetivo de defender un acceso equitativo a fármacos seguros y asequibles que garanticen la calidad de vida de la población española. Esta nueva entidad está impulsada por expertos sanitarios como Fernando Lamata, Roberto Sabrido, Juan José Rodríguez Sendín, Javier Sánchez Caro, Ramón Gálvez, Carlos Álvarez y David Larios. Su objetivo es defender una Sanidad pública de calidad y para todos, donde está incluido el acceso justo a los medicamentos esenciales sin necesidad de poner en riesgo la existencia del Sistema Nacional de Salud.
Relacionados
