La Dra. María Castellano, catedrática de Medicina Legal y Forense, hace una defensa en este artículo de la necesidad de mantener esta especialidad en pro de la protección y la defensa de ciudadanos y pacientes, una cuestión que ha puesto sobre la mesa del recién creado Consejo Asesor de la Mesa Estatal de Pacientes
El pasado lunes, día 5 de noviembre se constituyó en el Ministerio de Sanidad el Consejo Asesor de la Mesa Estatal de Pacientes (MEP). Esta MEP constituye un espacio de encuentro y colaboración entre todas las asociaciones de pacientes (parte de un total de 74 asociaciones y 4 Foros autonómicos), con el objetivo de crear un marco para el análisis de las principales cuestiones que preocupan a los pacientes y proponer soluciones con el fin de trasladarlas a los poderes públicos y difundirlas entre los ciudadanos.
El Consejo Asesor prestará apoyo técnico a la MEP en los temas que se identifiquen como más prioritarios por importantes o urgentes, siempre en relación con los derechos de los pacientes y sus necesidades. En relación con esta misión, el Consejo Asesor se ha compuesto, inicialmente con profesionales diversos que, de forma altruista, solidaria y a título personal contribuiremos con nuestros conocimientos y experiencia en las tareas que se nos vayan marcando.
A propuesta del Presidente de este Consejo Asesor, Don Julio Sánchez Fierro, tengo el honor de participar en dicho Consejo. En el acto de constitución y en la ronda de presentación de los miembros, respecto a nuestra cualificación profesional, cuando me correspondió hacer la mía propia dije lo que expreso en este artículo, respecto a mi especialidad médica, contenido que constituye el principal objetivo del mismo, ya que lo que concierne a la MEP y a su Consejo Asesor tendrá sus canales de comunicación y sus espacios propios.
Expongo mis palabras, no sintetizando, sino expandiendo el contenido para mejor expresión del mensaje que quiero trasladar a la OMC, a los colegas y a los pacientes que puedan leerlo:
“Soy María Castellano Arroyo, especialista en Medicina Legal y Forense, por lo que, desde 1972 he vivido la Medicina en dos vertientes, como docente, hasta llegar a catedrática en 1980, hasta hoy, y como Médico Forense, en 1978, ejercicio temporal, al ser incompatible con la docencia.
Como docente pude disfrutar una plaza vinculada al Servicio de Medicina Legal y Toxicología lo que me permitió explicar, curso tras curso, a los futuros médicos y enfermeras el ejercicio legal de la profesión, la relación profesional sanitario-enfermo-paciente, los derechos de los pacientes (que, desde el secreto médico y el consentimiento se fueron progresivamente ampliando con la Ley General de Sanidad y normativas posteriores) y todo lo relativo a los documentos médico-legales presentes en tantos actos asistenciales, administrativos y judiciales.
Desde el departamento de Medicina Legal y el Servicio de Medicina Legal y Toxicología ejercíamos una Medicina Legal de vivos, interviniendo en la revisión de Partes de Lesiones, conflictos asistenciales, que en la gran mayoría de las veces se resolvían a satisfacción de los pacientes, sin que se judicializaran incrementando los problemas de los ciudadanos, los médicos y el centro asistencial; ejercíamos además, una tarea formativa de todos los profesionales respecto a los derechos de los pacientes y a los nuevos conflictos médico-sociales que, una legislación progresivamente moderna iba reconociendo y protegiendo (información, la intimidad, la indemnización por daños, los informes médicos con fines de reconocimiento de incapacidades, pensiones o ayudas a la discapacidad, o el incremento de violencia familiar, su detección y su abordaje socio-sanitario, etc., etc.).
Por todo ello, agradezco que se me haya propuesto para estar en este Consejo Asesor de los pacientes, donde se ha tenido en cuenta mi capacidad, como especialista en Medicina Legal y Forense para ayudar en las necesidades y conflictos de los pacientes respecto a sus necesidades y derechos.
Estas palabras tienen mucho sentido si añado que esto sucede en un momento en el que la Especialidad de Medicina Legal y Forense está en crisis de sufrir una transformación que significaría su regresión a la Medicina forense, exclusiva de los Juzgados y “de los muertos”, más propia del siglo XIX que de la Medicina Legal y Forense correspondiente al siglo XXI.
Es cierto que la Especialidad de Medicina Legal y Forense tenía algo especial, se realizaba en régimen de alumnado (en Escuelas Profesionales adscritas a las cátedras de Medicina Legal) y, aunque desde 1984 los alumnos ingresaban tras hacer el examen MIR, pagaban tasas de matrícula en lugar de cobrar, como el resto de los médicos residentes.
Con el título de especialista accedían al ejercicio privado como peritos al servicio de los ciudadanos y los tribunales, a los Servicios de Medicina Legal hospitalarios (Granada, Zaragoza, H. Clínico de Madrid, Murcia…), Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social (control de absentismo, incapacidades…), o bien hacían las oposiciones a Médicos Forenses, convocadas por el Ministerio de Justicia adscribiéndose a un Juzgado de Instrucción y, más recientemente, agrupados en los Institutos de Medicina Legal, eran así, los peritos oficiales de la Administración de Justicia, aunque quizá sorprenda conocer que para hacer la oposición NO es requisito ser Especialista en Medicina Legal y Forense y la puntuación de este mérito se considera mínimamente. De esta forma la Medicina forense es la única actividad médica ejercida en el ámbito público para la que no se exige el título de especialista.
Desde el ámbito académico hemos trabajado sin desaliento ante los sucesivos Ministerios de Justicia y Sanidad para que la especialidad pasara a ser de régimen de residencia, de manera que se aceptara el Programa Formativo que la Comisión Nacional de la especialidad ya proponía a partir del año 2005: la Unidad Docente en los Institutos de Medicina Legal, con rotaciones hospitalarias, así como por los dispositivos docentes disponibles, Instituto Nacional de Toxicología, departamentos de Medicina Legal y otros. Esto habría significado que la Medicina Legal y Forense se habría igualado al resto de las especialidades Médicas, puesto que es una especialidad médica más.
Pues bien, eso que parece tan racional y sensato no fue aceptado por el hecho de que para el Ministerio de Sanidad los residentes debían ser sostenidos por el Ministerio de Justicia que iba a ser, después, el principal beneficiario, y el Ministerio de Justicia consideraba que, de ser así, pagaría a médicos residentes que después trabajarían en un ámbito no “puramente judicial”. Sin embargo es paradójico que el Ministerio de Justicia estaba y está pagando a un número de Médicos Forenses interinos con iguales emolumentos que a los funcionarios, cuando ese trabajo podrían hacerlo los médicos residentes en formación, al igual que sucede en los hospitales con el resto de las especialidades, con gran ahorro de dinero público.
¿Que sucede a día de hoy?. Que las especialidades se han organizado en un sistema de Troncalidad, del que la Medicina Legal y Forense ha quedado excluida, no aparece en ningún Tronco y quedó pendiente de un Decreto específico que regulara su sistema formativo y su dependencia administrativa. Los profesionales comprometidos con su futuro hemos seguido trabajando e insistiendo en que el modelo está inventado en toda Europa, que funciona y que es útil y operativo para una sociedad que resuelve numerosos problemas médico-sociales-jurídicos, desde esta especialidad.
Lejos se seguir las recomendaciones de los expertos, recientemente se nos ha sorprendido con la noticia de que el Ministerio de Justicia tiene prácticamente terminado el Decreto que regulará la especialidad. Desde un punto de vista miope y retrógrado, la llaman “Medicina Forense”, porque la vuelven a ver, como en el siglo XIX, como la Medicina ante el foro-ante los juzgados, se olvidan de esta Medicina Legal de ámbito social, de conflictos legales, pero no judicializados (indemnizar los daños sanitarios a través de la mediación con buenas pericias privadas, prevenir la violencia y ayudar a resolverla con todos los recursos médico-sociales, proteger y defender los derechos de pacientes y profesionales, temas administrativos y civiles en los que la salud mental juega un gran papel, la medicina legal laboral, la investigación de la paternidad, la valoración del daño corporal presente en tantos temas, etc., etc.).
Desde este punto de vista el Ministerio de Justicia quiere formar Médicos Forenses y sólo aquellos que serían precisos para atender las necesidades de los Institutos de Medicina Legal, es decir la pericia oficial. ¿Quiénes atenderán entonces las necesidades de ciudadanos y pacientes en el ámbito de sus derechos ante la asistencia sanitaria, la administración o la justicia en ámbitos civiles, contenciosos-administrativos e incluso en los penales?.
Este es un tema grave y de gran repercusión médico-asistencial. Por eso he aprovechado la circunstancia de esta constitución de la Mesa Estatal de Pacientes y de su Consejo Asesor para invocar al Ministerio de Sanidad y a nuestra Organización Médica Colegial a defender una especialidad, la de Medicina Legal y Forense, que fue la primera que se constituyó con Pedro Mata en 1845, con el Cuerpo nacional de Médicos Forenses y que se ha seguido adaptando a la evolución científica y social de cada época.
Al terminar mis palabras, el doctor Fernando Carballo, presidente de FACME dijo: “FACME es muy sensible y no va a abandonar a una especialidad hermana ante una situación sumamente grave”; y el Presidente D. Julio Sánchez Fierro dijo: “Estoy seguro que desde la Mesa Estatal de pacientes se alzará la voz para reclamar la necesidad de la Medicina Legal y Forense para la protección y la defensa de los ciudadanos y pacientes”.
Por el bien de los ciudadanos, de los pacientes y de una Medicina Legal y Forense científica, rigurosa y que sume prestigio a las especialidades médicas y a la Medicina española, confiamos y esperemos este necesario amparo.
