Jueves, 19 Septiembre 2019

Jornada en el Congreso de los Diputados

CERMI exige la aprobación urgente de un nuevo baremo de la discapacidad, tras 15 años de retrasos

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, pidió ayer en el Congreso de los Diputados la actualización "urgente" del baremo de discapacidad que, a su juicio, llega con un retraso "de al menos 15 años" desde que el movimiento asociativo inició esta demanda. La misma idea expresó el secretario de Organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Daniel-Aníbal García, quien reclamó también que a medio plazo el reconocimiento legal de la discapacidad "se rebaje al 25%"

Madrid 17/12/2018 medicosypacientes.com/ Servimedia
Además solicitan que a medio plazo el reconocimiento legal de la discapacidad se rebaje al 25%
Ambos participaron en la jornada 'Protección social y enfermedades neurodegenerativas' organizada en el Congreso a iniciativa del diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Íñigo Alli, donde responsables de la Alianza Española de Enfermedades Neurodegenerativas, Neuroalianza, reclamaron "el reconocimiento automático del 33% de discapacidad con el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas" como la Esclerosis Múltiple o la Lateral Amiotrófica (ELA), el párkinson, neuromusculares y el alzhéimer u otras demencias.
 
En su intervención, Pérez Bueno lamentó "el desajuste entre las demandas sociales y las respuestas del legislador y del Ejecutivo", y criticó los retrasos en el reconocimiento de la discapacidad, de consecuencias tan graves para un afectado de ELA o para un niño que necesita apoyos educativos especiales.
 
Asimismo, mostró su pesar "por los continuos retrasos" en la actualización del baremo de discapacidad de 1999, pues "cada vez que llega un nuevo director o directora del Imserso, todos quieren ponerse esa pequeña medalla, y pasados dos o tres años, todos desisten".
 
Con todo, se mostró confiado en que el actual documento (de 642 páginas) en el que trabajan el Ministerio de Sanidad, el Imserso, las comunidades autónomas y las entidades del movimiento de la discapacidad, "pueda ser aprobado" en la presente legislatura y "dé lugar al real decreto para obtener el nuevo baremo de la discapacidad".
 
Para el presidente de Cermi, los criterios con los que en la actualidad se determina el grado de discapacidad "se han quedado anticuados", pues es preciso "migrar de un enfoque médico y etiológico, en el que hay una enfermedad que genera una situación discapacitante, a un enfoque social", donde se evalúan las carencias en función de las interacciones de cada persona con su entorno y se le prestan los apoyos personalizados.
 
Indico que si bien en toda discapacidad hay un componennte de 'deficiencia' y un componente 'social', "el primero es relevante, no puede ser determinannte". Por eso, "tenemos que evolucionar hacia un nuevo enfoque social" a la hora de valorar la discapacidad.
 
En esta línea, Pérez indicó que en lugar de reivindicar la concesión automática del 33% de discapacidad con el diagnóstico de las enfermedades neurodegenerativas, "quizás sería más útil reclamar un nuevo baremo que permitiese una mejor valoración. "Si está bien hecho, permitirá determinar este grado de discapacidad", y a lo mejor "resulta más fácil que pedir la concesión inmediata con el diagnóstico", que muchos técnicos rechazan, señaló.
 
Por último, se dirigió al conjunto de organizaciones del sector para que "una vez elaborado el documento lo estudien bien y presenten las alegaciones precisas, porque no podemos llegar a todos los casos que causan discapacidad".
 
Por su parte, el secretario general de Cocemfe, Daniel-Anibal García, quiso destacar la importancia de que "el nuevo baremo recoja las deficiencias de forma precisa y lo haga bien. También subrayó el enorme esfuerzo realizado para llegar a un consenso en torno al documento de trabajo, aunque criticó que se hayan tomado las clasificaciones de la Asociación Médica Americana (AMA) "como verdad revelada".
 
"Estas tablas están muy bien, pero son de hace 11 años y están pensadas para la realidad de Estados Unidos. Hemos de adaptarlas a la realidad española", reclamó. Además, pidió que, a medio plazo, el reconocimiento legal de la discapacidad se rebaje al 25%, "que es lo que la OMS estableció como límite de la discapacidad moderada en su Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) de 2001". "Si nos creemos el CIF, nos lo creemos para todo".
 
A su juicio, es a partir del 25% cuando la discapacidad empieza a ser limitante, y si se optó por el 33% "fue por una cuestión de recursos". El 33% es el mínimo exigido para obtener ayudas sociales y bonificaciones en la contratación.
 
Si sitúa el reconocimiento legal en el 25%, muchas demandas de colectivos e ineficiencias del sistema "se solucionarían", vaticinó. Por último, exigió "procedimientos de urgencia o exprés y valoraciones documentales" en determinados casos, pues "hay personas para quienes el simple hecho de acudir al centro base les supone un empeoramiento de salud".
 
En la jornada participaron personas con esclerosis múltiple, ELA y párkinson, que explicaron sus experiencias y por qué es preciso que se les conceda un grado de discapacidad del 33% nada más obtener el diagnóstico. Les acopañaron varios diputados como Íñigo Allí (UPN), Joan Ruiz (PSC/PSOE) y Francisco Vañó (PP).
 
En su intervención final, la subdirectora general de Coordinación y Ordenación de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Mercedes Jaraba, destacó la relevancia de estos testimonios, "porque a veces hay ignorancia entre los cargos que deben tomar las decisiones". Reiteró el apoyo del Ministerio de Sanidad al nuevo baremo, "que ojalá pueda incluir esta petición" del 33% o, si no, una mejor valoración.
 
Afectados por enfermedades neurodegenerativas piden un reconocimiento automático del 33% de discapacidad con el diagnóstico
 
Afectados por diversas enfermedades neurodegenerativas se concentraron este lunes frente al Congreso de los Diputados para exigir que a todas las personas diagnosticadas con este tipo de patologías se les reconozca un grado de discapacidad del 33% de forma "automática".
 
La acción forma parte de la campaña '33Ahora', impulsada por Neuroalianza, que agrupa a Esclerosis Múltiple España, la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias, Federación Española de Parkinson, Federación Española de Enfermedades Neuromusculares y Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica.
 
Por este motivo, representantes de estas entidades protestaron hoy frente al Congreso ataviados con camisetas donde podía leerse el lema de la campaña. Les acompañaba Araceli Gabaldón, paciente con esclerosis múltiple que ha conseguido más de 175.000 firmas en Change.org para pedir al Ministerio de Sanidad un cambio en la baremación. Según apuntó Gabaldón, más de un millón de personas en España padecen estas enfermedades de "síntomas muchas veces invisibles", motivo por el que muchas de ellas carecen de cualquier tipo de protección.
 
En declaraciones a los medios, el presidente de Esclerosis Múltiple España, Ignacio Castresana, explicó la importancia de que a todos los afectados "se les reconozca un 33% de discapacidad de forma automática con el diagnóstico. Este es el requisito mínimo que permite acceder a ventajas fiscales, a bonificaciones laborales y a protección social, tan importantes para el colectivo".
 
Castresana subrayó que hasta hace 10 años, "el 33% (de discapacidad) se concedía de forma prácticamente automática a todos los pacientes. Desde que se modificó el sistema, el procedimiento supone examinar los síntomas y seguir un proceso similar al que se utiliza para las incapacidades laborales en la Seguridad Social, mucho más complicado".
 
Por eso, "queremos o que se vuelva al baremo de hace 10 años o que (el 33%) se conceda de forma inmediata con el diagnóstico", puntualizó Conxita Tarruella, expresidenta de la asociación. "Resulta que los nuevos baremos de discapacidad se basan en evaluar los síntomas en cuanto a discapacidad física, psíquica y sensorial, pero las enfermedades neurológicas son muy difusas y presentan un poco de los tres". "¿Cómo se cuantifica la fatiga? ¿Dónde se coloca? ¿Y la falta de concentración o la pérdida de memoria?", se preguntó la ex diputada de CiU .
 
En su opinión, lo más adecuado sería crear un tipo de discapacidad específico para estas enfermedades, "pero como desde el principio nos dijeron que sería muy difícil, empezamos a pedir el reconocimiento inmediato".
 
Tarruella rememoró cómo desde que el Ministerio de Sanidad cambió "de la noche a la mañana el sistema de baremación", las asociaciones de pacientes han pedido el reconocimiento inmediato del 33% de discapacidad con el diagnóstico.
 
"Desde entonces, los distintos responsables de Sanidad nos han dicho que sí, que esto había que cambiarlo, y en el Congreso y en el Senado se han aprobado iniciativas" para ello, añadió. "Sin embargo, no se ha hecho nada en estos 10 años y los pacientes ya estamos un poquito cansados".
 
Por su parte, Castresana recalcó que hasta ocho parlamentos autonómicos han aprobado mociones en este sentido y que todos los grupos parlamentarios con los que se han reunido se muestran de acuerdo. Sin embargo, esta es una competencia estatal y el cambio lo deben impulsar el Gobierno o el Parlamento nacional, indicó.
 
El CERMI urge a Sanidad a adoptar un baremo de daños sanitarios consensuado
 
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha urgido al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a aprobar un baremo de indemnización de los daños sanitarios dialogado y participado, con el consenso de los pacientes y demás sectores sociales concernidos, como el de la discapacidad.
 
La plataforma de la discapacidad ya denunció que en el grupo de trabajo creado al efecto por el Ministerio de Sanidad en la etapa de Dolors Monserrat para elaborar una propuesta legal de baremo de daños sanitarios no había presencia de los sectores sociales y que este déficit de participación iba a sesgar y debilitar los planteamientos de regulación que surgieran de su seno.
 
"Sanidad, en el mandato de la ministra Monserrat, se había limitado a pasar un cuestionario escrito con una serie de preguntas sobre los aspectos esenciales del futuro baremo, pero sin abrir el grupo de trabajo a la sociedad civil de pacientes, discapacidad y mayores", indica el CERMI en una nota.
 
Tras los cambios de titular en el Departamento responsable de las políticas sanitarias, agrega, "no se conoce a ciencia cierta en qué han quedado estos trabajos y el momento en que se encuentra la propuesta que debía confeccionar el grupo creado a este fin".
 
Además de su carácter dialogado, el CERMI insiste en que "el baremo sanitario no puede ser diferente y paralelo al aprobado en 2015 para la indemnización de los daños derivados de accidentes de tráfico, sino que ha de existir un único baremo legal obligatorio con las peculiaridades de cada ámbito, sanitario y de tráfico, porque la reparación del daño corporal ha de ser homogénea con independencia del origen".