Aproximadamente, unas 1.900 personas de la población reclusa de la Administración General del Estado presentan algún tipo de discapacidad intelectual o problema de salud mental y entre el 60% y el 70% de estos presos llegan al Centro Penitenciario sin que se haya detectado previamente la existencia de dicha discapacidad, según datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI)
Al respecto, la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, recordó el compromiso del Gobierno con los programas de atención a personas reclusas con discapacidad intelectual. Lo hizo en una visita, reciente al Centro Penitenciario de Estremera en el que, gracias a la asignación tributaria del IRPF del MSSSI y en colaboración con Instituciones Penitenciarias, Plena inclusión Madrid desarrolla el programa “Atención integral a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, reclusas o ex reclusas, que cumplen medidas alternativas o se encuentran en procedimientos judiciales”.
El programa consiste en desarrollar un conjunto de actuaciones habilitadoras, rehabilitadoras, de apoyo y asesoramiento para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que han cometido una falta y/o delito, y que pueden estar en situación preventiva (privativa o no de libertad), penados, con medida de seguridad (privativos o no de libertad), o ex reclusos, cuya finalidad consiste en que se respeten sus derechos como personas con discapacidad intelectual y fomentar su integración social.
Acompañada del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, y del vicepresidente de Plena inclusión, Juan Pérez, la secretaria de Estado conoció de primera mano el trabajo que allí se realiza y la necesidad de capacitar a los profesionales de la Justicia, incluido el personal policial y penitenciario, para garantizar la detección de la discapacidad y el apoyo a estas personas, así como garantizar ajustes de procedimiento cuando se imponga la pena privativa de libertad que garantice el bienestar y la seguridad de estas personas, mucho más vulnerables por su discapacidad.
Según informó el MSSSI, Plena inclusión (antes FEAPS) lleva veinte años colaborando con las administraciones e instituciones penitenciarias gestionando este programa, que en la actualidad está apoyando a 1.200 personas en toda España en los Centros Penitenciarios de Aragón, Valencia, Asturias, Cataluña, Ceuta, Extremadura, Alicante, Cantabria, Canarias, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia y Andalucía.
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