En los últimos años, la sociedad ha sido testigo de una preocupante lacra: el aumento de las agresiones físicas y verbales hacia los profesionales de la salud. Estos actos no solo afectan la integridad física y psíquica de quienes nos cuidan, sino que socavan los cimientos de nuestro sistema de bienestar. Ante esta situación, la respuesta no puede ser individual ni aislada. La colaboración estrecha entre el sector sanitario y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personificada en la figura del Interlocutor Policial Sanitario, es la herramienta más eficaz para prevenir, proteger y actuar.
La creación de la figura del Interlocutor Policial Sanitario (tanto a nivel nacional como provincial) por parte del Ministerio del Interior ha supuesto un cambio de paradigma. Estos agentes especializados no son meros receptores de denuncias; son cauces de comunicación permanente entre las CFSE y los centros sanitarios, colegios profesionales y autoridades territoriales. Su labor es la de articular un blindaje preventivo y operativo.
La clave de la colaboración radica en la implementación y conocimiento profundo de los protocolos de actuación. La denuncia sirve, y es fundamental para evitar la impunidad. Tras una agresión, el protocolo dicta una respuesta rápida: el personal sanitario debe asegurar su integridad, avisar a seguridad y poner los hechos en conocimiento de la Policía Nacional o Guardia Civil.
El Interlocutor Policial Sanitario se encarga de analizar los incidentes, ofrecer formación en prevención y garantizar una atención personalizada a la víctima. Además, se trabaja para que las agresiones se traten como delitos de atentado contra la autoridad, con penas que pueden conllevar prisión, garantizando así una mayor contundencia legal.
La respuesta operativa no se limita a la intervención tras el ataque. Se basa en una «inteligencia» compartida. Los interlocutores policiales, en colaboración con los responsables de los centros y colegios profesionales, evalúan los riesgos, diseñan medidas de seguridad física y realizan charlas formativas para dotar al personal de habilidades de desescalada de conflictos.
Cuando se produce una agresión, la coordinación es inmediata. El objetivo es identificar al agresor rápidamente, proteger al profesional, facilitar la denuncia y dar seguimiento al caso. Se busca pasar de la denuncia silenciada a la actuación contundente, eliminando la sensación de impunidad que a menudo fomenta la reincidencia.
La lucha contra las agresiones a sanitarios requiere un compromiso firme de la ciudadanía, que debe valorar el inestimable servicio de salud, y una cooperación inquebrantable entre la administración, los colegios profesionales y los CFSE. La seguridad de los sanitarios es una responsabilidad compartida. Con protocolos ágiles, la figura del interlocutor policial y una respuesta operativa firme, podemos asegurar un entorno seguro para quienes velan por nuestra salud.
Dr. José Manuel Bendaña
Secretario general del COM Ourense y miembro del Observatorio contra las Agresiones de la OMC
