La prescripción médica no es un trámite, ni un simple gesto burocrático. Es el resultado de un proceso clínico que comienza con la escucha atenta al paciente, sigue con la exploración, el diagnóstico y la elaboración de un plan terapéutico, que incluye la elección del medicamento más adecuado para cada paciente en cada momento.
Prescribir un medicamento implica conocimientos profundos de fisiopatología, farmacología clínica y capacidad de juicio clínico. Por eso, está regulada por ley y atribuida, con pleno sentido, a médicos, odontólogos y podólogos. Y para ello, es imprescindible la disponibilidad de tiempo asignado.
Así lo recoge la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que en su artículo 6.2.a señala que corresponde a estos profesionales “el diagnóstico, tratamiento, terapéutica y rehabilitación de los pacientes” y no a otros profesionales sanitarios. También lo confirma la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (artículo 79 del Real Decreto-Ley 1/2015).
Ante la falta de médicos, las administraciones están optando por permitir a otros profesionales indicar un fármaco y que sea el médico quien tenga que firmar, bajo su responsabilidad, esa receta sin prescribirla ni haber valorado al paciente. Para ello, utilizan conceptos abstractos y equívocos como prescripción, indicación, autorización o dispensación. Esta confusión semántica no es inocente y puede generar interpretaciones erróneas que comprometen la seguridad y la buena praxis. Es urgente definir con claridad cada acción y las responsabilidades que conlleva.
Otorgar esta responsabilidad a quienes no cuentan con la formación adecuada en estos ámbitos supone un riesgo evidente para la seguridad del paciente. Porque no se trata solo de rellenar un formulario: detrás de cada prescripción hay una decisión clínica compleja, que debe estar avalada por una preparación rigurosa. Además, esta actuación debe realizarse siempre con el consentimiento del paciente y quedar debidamente registrada en la historia clínica.
Del mismo modo, conviene diferenciar funciones según el grado de competencia y responsabilidad de cada profesional (tema que compete a la administración). Solo así se evitarán conflictos interprofesionales y se podrá consolidar un equipo sanitario verdaderamente colaborativo.
Porque de eso se trata: de trabajar juntos desde el respeto, la lealtad y el reconocimiento mutuo. Cada profesional aporta valor desde su ámbito, y solo sumando capacidades podremos garantizar una atención sanitaria segura, eficaz y centrada en el paciente.
Ahora bien, conviene no olvidar que la responsabilidad última en la prescripción de medicamentos sigue siendo —por ley y por sentido clínico— del médico.
Dr. Tomás Rubio Vela,
Presidente del Colegio de Médicos de Navarra, en representación de su Junta Directiva
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