SESPAS teme por la inseguridad jurídica que plantea la aplicación de medidas del RDL 16/2012
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha expresado su temor por la inseguridad jurídica que plantea, en su opinión, la aplicación de algunas de las medidas contempladas en el Real Decreto Ley. En un comunicado emitido ayer por esta Sociedad Científica se reconoce la necesidad insoslayable de tomar medidas para garantizar la viabilidad y continuidad del SNS
Madrid, 26 de julio 2012 (medicosypacientes.com)
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha manifestado su temor por las consecuencias de la inseguridad jurídica que plantea la aplicación de algunas de las medidas contempladas en el Real Decreto Ley. En un comunicado emitido ayer por esta Sociedad Científica se reconoce la necesidad insoslayable de tomar medidas para garantizar la viabilidad y continuidad del SNS.
SESPAS discrepa del procedimiento mediante el que se ha producido la reforma, a través de un Real Decreto Ley, lo que ha sustraído al debate político la alteración del modelo de asistencia pública sanitaria.
La entidad destaca, además, la oportunidad de las decisiones de reasignación de recursos y de racionalización de los servicios y las intervenciones sanitarias bajo criterios de coste/efectividad y de coste/oportunidad y de acuerdo con evaluaciones rigurosas, al tiempo que valora positivamente la implantación del registro de profesionales, la elaboración de un catálogo homogéneo.
Asimismo, ha manifestado su preocupación porque se obvia la ley 33/2011 general de salud pública, particularmente en relación al potencial impacto sobre la salud y a la reducción de las desigualdades sociales, así como a la universalidad de la atención.
Rechaza la modificación del artículo 3 de la ley16/2003 de cohesión y calidad del sistema sanitario en la medida que implica la sustitución del sistema nacional de salud accesible a los ciudadanos por otro solo accesible a los asegurados y beneficiarios. Al respecto, opina que tal modificación disminuirá la cohesión social atribuible a un SNS universal y equitativo y aumentará el riesgo de transmisión de enfermedades debido a la exclusión de grupos de población como los inmigrantes.
Reitera su disponibilidad a colaborar con las administraciones sanitarias públicas en la racionalización del SNS y particularmente en el desarrollo de la ley general de salud pública para fomentar la responsabilidad efectiva del conjunto de la sociedad en la protección y la promoción de la salud de la población.