El Ministerio de Sanidad ha publicado el Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España (SNS), un análisis integral sobre la evolución de la participación privada en la prestación de servicios sanitarios públicos durante las dos últimas décadas.
El estudio concluye que la colaboración con entidades privadas ha pasado de ser un recurso excepcional para convertirse en una práctica estructural, lo que implica desviar una parte creciente del presupuesto público a empresas cuya lógica responde al beneficio, no al interés general.
Aumento del peso de la gestión privada en la red pública
El número de hospitales privados integrados en el SNS ha aumentado de 106 en 2011 a 145 en 2023, lo que representa un crecimiento del 36,8 %. Estos centros, considerados de dependencia funcional privada, ya suponen el 30,7 % del total de hospitales del SNS.
Además, la proporción de camas operativas que pertenece a los centros privados dentro del SNS ha pasado del 13,7 % en 2011 al 17,8 % en 2023 y la proporción de quirófanos que pertenece a estos centros ha crecido del 8% al 10,7%. Este fenómeno se concentra especialmente en comunidades como Cataluña y la Comunidad Foral de Navarra donde la red privada representa una parte sustancial de la infraestructura asistencial.
El único ámbito en el que la dotación y la actividad asistencial aumenta en los hospitales privados que no pertenecen al SNS es en lo relacionado con la realización de pruebas diagnósticas.
Uso de fondos públicos en centros sanitarios privados
En 2023, el 34,6 % de las estancias hospitalarias y el 17,6 % de las altas registradas en centros de gestión privada no pertenecientes al SNS fueron financiadas con fondos públicos. Asimismo, alrededor del 21 % de las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria y de las sesiones de hospitalización de día realizadas en estos centros recibieron financiación del Sistema Nacional de Salud.
El informe subraya que este modelo de colaboración no ha demostrado mejoras significativas en eficiencia ni en resultados de salud y advierte sobre los riesgos que supone una transferencia progresiva de gasto público hacia la gestión privada en términos de planificación y control del sistema.
Cobertura de los diagnósticos más frecuentes por el SNS
El informe analiza en qué ámbito se abordan principalmente los casos de los diagnósticos más frecuentes registrados en el sistema sanitario. En 2023, a nivel del conjunto del sistema sanitario, entre el 70-80 % de los contactos que se registraron de los diagnósticos más prevalentes, como los traumatismos, las infecciones agudas del tracto respiratorio superior o el seguimiento de quimioterapia o inmunoterapia se atendieron en hospitales del Sistema Nacional de Salud.
Al estudiar en qué centros hospitalarios se abordan los procesos asistenciales más costosos, como los relacionados con trasplantes, neonatos con bajo peso al nacer o procedimientos que requieren una traqueostomía u oxigenación por membrana extracorpórea, la cobertura por parte de hospitales del Sistema Nacional de Salud es, en la mayoría de los casos, superior al 95%.
Riesgos estructurales identificados
Entre los principales riesgos que el informe asocia a este modelo mixto destacan:
- Fragmentación de la red asistencial.
- Brechas salariales y de condiciones laborales del personal.
- Pérdida de capacidad pública de planificación.
- Riesgos de sobrecoste y escasa trazabilidad en facturación.
- Atención selectiva por parte del sector privado, que concentra los casos menos complejos.
Aseguramiento privado en expansión
El informe también recoge la evolución del aseguramiento privado, que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años. En 2024, el 32,6 % de la población española disponía de un seguro médico privado, frente al 17,2 % en 2018, lo que representa un incremento casi el doble. Este aumento ha sido especialmente significativo en comunidades como Extremadura (+296,4 %), Ceuta (270,8 %), Cantabria (247,8 %) y la Comunidad Valenciana (234,8 %).
A pesar de este incremento en el aseguramiento privado, los resultados muestran una proporción mayor de personas que prefieren acudir a los servicios sanitarios públicos, especialmente en aquellos ámbitos relacionados con la atención primaria (69,9 %) o con una mayor complejidad o gravedad, como la atención urgente (72,6 %) y los ingresos hospitalarios (76,1 %). Estos datos se corresponden con un mayor porcentaje de personas que acudieron a centros sanitarios públicos frente a privados en el último año en el ámbito de la atención primaria (91,5 % frente a 32,0 %), los ingresos hospitalarios (75,9 % frente a 28,6 %) y la atención urgente (86,4 % frente a 26,0 %)
El documento identifica la pandemia de COVID-19 como un punto de inflexión en esta tendencia. A partir de 2020, se aceleró la contratación de pólizas privadas como respuesta a la percepción de saturación del sistema público, el incremento de los tiempos de espera y la búsqueda de una atención más rápida y accesible, especialmente en consultas diagnósticas y especializadas.
Este fenómeno, unido al crecimiento de la provisión privada dentro del SNS, configura un escenario en el que el sistema sanitario público comparte cada vez más funciones asistenciales y recursos con operadores privados. Ante esta realidad, el Ministerio de Sanidad subraya la necesidad de reforzar la planificación pública, garantizar la equidad territorial y asegurar que toda financiación pública —directa o indirecta— se destine exclusivamente al interés general y a los principios que rigen el Sistema Nacional de Salud.
Conclusión: refuerzo de la sanidad pública
El informe concluye que, aunque el sistema público sigue siendo el principal garante del derecho a la salud, la tendencia actual debilita los principios fundacionales del SNS. Por ello recomienda:
- Reforzar los mecanismos de auditoría y control de la actividad privada financiada con recursos públicos.
- Exigir a los centros concertados la publicación sistemática de indicadores clínicos. • Promover la gestión pública directa como la opción preferente de prestación de servicios sanitarios para unos mejores resultados en salud y un control óptimo de los recursos públicos.
