miércoles, abril 30, 2025

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El COM Badajoz aborda la relación médico-jurídica en los pacientes privados de libertad

El Colegio de Médicos de Badajoz (icomBA) acogió en su Auditorio unas jornadas en las que se plantearon las dudas que generan en la profesión médicos los aspectos jurídicos relacionados con la atención a las personas privadas de libertad.

Un encuentro formativo donde el Dr. Mariano Casado, especialista en Medicina Legal y Forense, analizó los diferentes dilemas que pueden plantearse en el ejercicio de la profesión médica cuando se atiende a esta población. Por su parte, Ángel Dionisio Estévez, magistrado-juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Extremadura, explicó cuáles son las funciones de este tipo de juzgados. Además, matizó los derechos y obligaciones de los internos en prisión, y la diferencia entre penado, preso y detenido, entre otros aspectos.

La jornada contó con la presentación del Dr. Pedro Hidalgo, presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, y con la moderación de la Dra. Elvira Carracedo, vocal de Administraciones Públicas del icomBA, y el Dr. Jorge Romero Requena, vocal de Formación Médica Continuada y de Médicos y Tutores Docentes del icomBA.

En su presentación, el Dr. Hidalgo recordó la obligación de las administraciones de mantener el derecho a la atención sanitaria de las personas privadas de libertad, al tiempo que explicó que el médico en el ejercicio de la profesión médica “ve a pacientes que han perdido su derecho a la libertad, pero no el derecho a la protección de la salud”.

Mientras, además de las explicaciones de las funciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria, Ángel Dionisio Estévez, señaló algunos aspectos relacionados con la atención sanitaria en los centros penitenciarios. Como datos aportó que las principales quejas que recibe de las personas privadas de libertad se encuentran las pérdidas de citas médicas fuera de los centros penitenciarios por ausencia de efectivos de la Policía Nacional que trasladen al interno, seguidas de las solicitudes de los internos de continuar con una medicación que no ha sido prescrita por los profesionales médicos de alguna de las instituciones penitenciarias extremeñas. En este sentido apuntó que las quejas de los internos por la atención sanitaria recibidas son muy pocas, casi una cifra residual. 

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