El Dr. Vicente Javier Prieto, secretario general del Colegio de Médicos de A Coruña y miembro del Observatorio contra las agresiones a Médicos y a Médicas de la OMC, aborda en esta entrevista a Médicos y Pacientes su balance de los 15 años del Observatorio. Asimismo, el experto destaca que es esencial “la concienciación en la necesidad de denunciar”.
¿Qué balance hace de los 15 años del Observatorio contra las agresiones de la OMC?
La creación del Observatorio contra las agresiones de la OMC ha permitido, en estos últimos 15 años, dar visibilidad y dimensionar un problema social que desgraciadamente está adquiriendo una preocupante magnitud.
Lo que inicialmente se identificaba como situaciones puntuales o excepcionales, han pasado en los últimos años, a adquirir un indeseable protagonismo en las diferentes actividades asistenciales de nuestro sistema sanitario (servicios de Urgencias, consultas ordinarias, etc.).
Es por ello que se hacía necesaria la disposición de un foro colegial que observara y analizara este fenómeno y que, además, propusiera medidas encaminadas a la prevención de estos actos contra los profesionales sanitarios.
De esta forma, y gracias a su creación, se ha podido realizar un seguimiento actualizado del problema y se ha pretendido servir de referente aportando información a la colegiación y a los agentes sociales interesados acerca de la magnitud, relevancia y consecuencias de estas conductas antisociales contribuyendo así, de forma decisiva y definitiva, a la erradicación de tales conductas por lo que, y a modo de conclusión, creo que el balance ha sido POSITIVO.
¿Por qué es importante visibilizar la lacra de las agresiones a los profesionales sanitarios a través de acciones como la Semana frente a las agresiones?
Uno de los aspectos más controvertidos y susceptibles de mejora en el fenómeno de las agresiones al personal sanitario, es el de la concienciación tanto de la sociedad como del personal sanitario frente a esta lacra.
Concienciación de la sociedad sobre la paradoja que representan las agresiones a unos servidores públicos cuyo único fin es el de curar y, en su defecto, mitigar la enfermedad de sus pacientes, así como concienciar de las terribles secuelas psíquicas (y a veces también físicas) que frecuentemente perduran en las víctimas. Trabajar en esas condiciones resulta inaceptable, por lo que es imprescindible que la sociedad interiorice estos principios y debe condenar con firmeza y sin paliativos este tipo de conductas. El reconocimiento y gratitud hacia el trabajo desempeñado por los profesionales sanitarios, representa el principal estímulo para seguir adelante. Insistir en el hecho de que la violencia no es la solución a los problemas que sufre actualmente nuestro sistema de salud, sino que este es el momento de apoyarlo y reforzarlo para mantener el bienestar y cohesión de nuestra sociedad.
Concienciación de los profesionales sanitarios en la necesidad de denunciar todos y cada uno de estos episodios de violencia (tanto verbal como física) recalcando el hecho de que la prevención de esta lacra comienza por la denuncia de estos actos injustificables.
Los datos son la punta del iceberg, ¿cómo se puede concienciar a los profesionales de la importancia de denunciar estos sucesos?
Como señalaba anteriormente la formación e información, tanto de la sociedad como del personal sanitario, resultan muy útiles (por no decir imprescindibles) en el abordaje del problema.
La concienciación mediante campañas informativas en medios de comunicación, celebración de eventos como la Semana frente a las agresiones o el Día Internacional frente a las agresiones, cursos de formación, foros, sesiones informativas, etc., representan el mejor punto de partida en la procura de la erradicación de las conductas violentas en el ámbito sanitario.
Resulta obvio acentuar la importancia de la colaboración multidisciplinar entre todos aquellos actores que juegan un papel relevante en el manejo de estos episodios (personal sanitario, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, personal docente, representantes de asociaciones civiles (pacientes, vecinales), miembros de la clase política, gestores y administradores, …
¿Es necesario que haya un registro único entre las FF.SS, las consejerías, los colegios oficiales y el Ministerio?
Una de las principales trabas que nos encontramos para realizar un correcto diagnóstico sobre la magnitud y dimensión de los episodios de agresiones, es la carencia de datos unificados y actualizados entre las diferentes administraciones con responsabilidades en el registro de estos eventos, lo que ocasiona la existencia de sesgos que impiden la comparativa entre áreas e incluso regiones sanitarias o el estudio de factores sociológicos, demográficos, económicos que pudieran juegan un papel clave en la génesis de este fenómeno.
Creo que la existencia de un registro único unificado y compartido, facilitaría en gran medida el análisis estadístico y epidemiológico de todos los episodios de agresiones acontecidos en el territorio nacional.
¿Qué medidas de ayuda necesita un profesional que ha sufrido una ayuda?
En un primer momento, y tras haber sufrido una agresión, deberían activarse de forma ágil los protocolos unificados y validados a tal efecto por los órganos de gestión competentes.
Obviamente, la primera atención debería centrarse en garantizar la atención sanitaria de la víctima ofreciendo todos los recursos sociosanitarios disponibles para así recuperar cuanto antes el bienestar físico y emocional (atención psicológica, incapacidad laboral, …).
Asimismo, tanto la administración sanitaria como las entidades colegiales deberían ofertar asesoramiento legal y jurídico sobre los procedimientos a seguir tras haber sido víctima de una agresión (procedimiento de denuncia, cobertura legal, programas de ayuda, …),
Las sentencias que reciben los agresores ¿son disuasorias o es necesario endurecerlas?
Si bien en los últimos años ha habido progresos muy importantes en el ámbito legislativo (introducción de la figura de atentado a la autoridad con el consecuente endurecimiento de las penas,…), éstos todavía no se han traducido en una erradicación absoluta del fenómeno, aunque también es cierto que, las penas privativas de libertad unido a las sanciones económicas han disminuido notablemente el nº de recurrencias de episodios cometidos por el mismo agresor, no así tanto en la prevención de nuevos episodios
¿Cuáles deben ser los siguientes pasos para frenar esta violencia? ¿Un Plan? ¿Una Ley?
Si bien las medidas judiciales son imprescindibles en aquellos casos en que ya se ha producido la agresión, se hacen necesarias otras medidas que implementen las anteriores como pueden ser los trabajos sociales en beneficio de la comunidad, así como medidas orientadas a la prevención de estos episodios (campañas educativas a nivel escolar, campañas informativas en los medios de comunicación, sesiones informativas en las asociaciones cívicas, …).
Idealmente, todas estas medidas deberían configurarse dentro de una Ley Orgánica que legislara el fenómeno de las agresiones ya no sólo al personal sanitario sino que también podría hacerse extensiva a otros empleados públicos (personal docente, funcionarios, …) o en su defecto, la elaboración de un Plan Nacional frente a las Agresiones que conjugara todas las facetas anteriormente descritas
