Con motivo al Día Nacional de la Atención Primaria, “Médicos y Pacientes” ha entrevistado a Mar Ugarte, adjunta a la Presidencia del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD). Tal y como ha expuesto la experta, es necesario que se apruebe una Ley nacional de Atención Temprana en España porque actualmente “existe una tremenda inequidad en el acceso de este derecho en función de la Comunidad Autónoma”
Sobre la labor desarrollada en esta materia por la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) asegura Mar Ugarte que “estas iniciativas alivian a las familias y contribuyen a su bienestar económico, familiar y social.
Coincidiendo con el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez que se celebró el 15 de junio, la experta también ha abordado esta lacra apelando a sus causas como son la ausencia de representación en la regulación legislativa y su aplicación en materia de accesibilidad universal, en la que la deambulación y orientación por ciudades, entornos e incluso edificios, siguen creando obstáculos y dificultades para una movilidad libre y sin barreras en las personas mayores.
– ¿Qué se entiende por Atención Temprana?
La atención temprana es una intervención o estimulación precoz, cuyo objetivo es dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades, transitorias o permanentes, que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. La intervención debe ser transdisciplinar, con profesionales sanitarios expertos en fisioterapia, terapia ocupacional, neuropsicología, logopedia, entre otros. Estos profesionales deben trabajar en coordinación para lograr los mejores resultados del menor afectado.
-¿A qué colectivo está destinada?
La Atención Temprana está dirigida a niños de 0 a 6 años. Estas edades han sido diferentes hasta hace unos meses dependiendo de la CCAA a la que pertenezca el menor.
– ¿Qué medidas son necesarias para acabar con las desigualdades existentes entre Comunidades Autónomas?
En relación con la atención temprana, gravemente afectada por esta pandemia, existe un compromiso por parte del Gobierno de la nación de desarrollar una ley nacional de atención temprana, que implique el reconocimiento y garantía de un derecho subjetivo a la atención temprana integral, universal y gratuita sin discriminaciones por lugar de residencia. La situación actual respecto a este tema es por todos conocida: existe una tremenda inequidad en el acceso y disfrute del derecho en función de la comunidad autónoma de que se trate. A este respecto, en algunos territorios hay una cobertura ínfima y listas y tiempos de espera absolutamente incompatibles con la naturaleza de esa atención.
– ¿Cuántas familias precisan actualmente de estos servicios?
La atención temprana es una necesidad para cientos de miles de niños y sus familias. Según las estimaciones de los expertos, más de un 10% de los menores de 6 años; es decir, casi 250.000 personas. Y es fundamental, porque sus posibilidades de desarrollo y su autonomía futura dependen de una atención realmente temprana.
– ¿Por qué es necesario una Ley nacional de Atención Temprana en España? ¿Qué beneficios traería?
En primer lugar, terminar con la desigualdad de cobertura en el servicio dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se resida. Después, terminar con las listas de espera creando un protocolo común a todos los servicios asistenciales al efecto. Y que estos servicios, pasen a formar parte del listado de enfermedades en el SNS para que sean atendidos por las competencias sanitarias más adecuadas para el abordaje de estos perfiles.
– ¿Qué carencias tiene el sistema público?
Además de lo anteriormente mencionado, el abandono de asistencia a la edad de 6 años deja vacía la rehabilitación de futuros adultos. Personas que necesitan, durante toda la etapa de desarrollo, la intervención y abordaje en la adquisición de competencias y habilidades. En este sentido, es importante aprovechar la gran espasticidad y flexibilidad neurológica del menor.
También se niega el derecho de sanidad universal a una población que, por ello, queda desasistida y, por ende, a la suerte de las economías particulares de cada familia.
– La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) de ayudas destinadas para los hijo/as de 0 a 6 años de los miembros de la profesión médica que estén recibiendo algún tratamiento de Atención Temprana. ¿Qué le parecen estas iniciativas?
Excelentes proyectos de intervención, dado que no solamente son en beneficio del menor, sino también del núcleo familiar. Un alivio para este último, pues además de la responsabilidad económica de la intervención sanitaria o rehabilitadora lleva también una gran carga emocional y organizativa.
Estas iniciativas alivian a las familias y contribuyen a su bienestar económico, familiar y social.
Sobre el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato. ¿Por qué motivo el abuso y maltrato en la vejez está infradiagnosticado?
Hablar de envejecimiento de la población ya no es hablar de futuro, sino de presente. ¿Tienen en España las personas mayores las mismas oportunidades que el resto de los colectivos o, por el contrario, considera que aún queda mucho camino por andar en este sentido de inclusión?
El avance tecnológico, internet y los nuevos roles sociales y familiares han dado lugar al edadismo, entendido como una invisibilidad en todos los ámbitos del engranaje social, laboral, educativo, económico, político y como ya he comentado hasta familiar.
El mercado laboral discrimina por edad a cualquier persona, independientemente de su formación. La capacidad económica y de influencia social cuando una persona se jubila, disminuye considerablemente su trascendencia en las decisiones del grupo.
Falta de representación política, cuando en tan solo 30 años se duplicará la población mayor de 60 años.
Extendemos esta ausencia de representación en la regulación legislativa y su aplicación en materia de accesibilidad universal, en la que la deambulación y orientación por ciudades, entornos e incluso edificios, siguen creando obstáculos y dificultades para una movilidad libre y sin barreras.
– ¿Qué franja de edad es la más afectada?
Desde el consejo apelan a la unión de todos los agentes implicados en la defensa de los derechos y la calidad de vida de los senior. ¿Qué estrategias considera que deberían acometerse con mayor urgencia, desde las Administraciones, empresas y el conjunto de la sociedad de cara a que los entornos amigables con las personas mayores sean una realidad?
Lo que solicitamos a través de nuestras entidades miembro es:
• Situar el presupuesto en el 2% del PIB.
• Crear un Ministerio de Atención a la Dependencia.
• Solidaridad interterritorial: igualdad entre administraciones para que el estado cumpla con el 50% de aportación que marca la Ley de la Dependencia.
• Incrementar salarios: aumentar el sueldo de los profesionales de los centros residenciales garantizando la sostenibilidad ¬financiera de las empresas y entidades.
• Algo tan importante como profesionalizar la prestación de los servicios a través de la formación específica de profesionales cercanos al entorno de las personas usuarias.
• Un nuevo modelo de prestación servicios de asistencia y proximidad, sostenible a largo plazo y económicamente accesible para toda la población y así, eliminar la economía sumergida.
• Promover el desarrollo de una normativa que, permita a cualquier persona acceder a los servicios descritos a precios que contribuyan a eliminar el mercado de economía sumergida, con garantías de legalidad, transparencia y calidad.
– ¿Cómo se detecta? ¿Cuál cree que es el papel del médico en su detección?
El Consejo Sectorial CEDDD de Accesibilidad Universal lucha por un nuevo modelo de sociedad que asegure la salud y el bienestar de los mayores. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a accesibilidad cognitiva? En líneas generales, ¿cuáles son los pilares que deben sustentar este modelo?
La ausencia de representación de las personas mayores se extiende también a la regulación legislativa y a su aplicación en materia de accesibilidad universal, en la que la deambulación y orientación por ciudades, entornos e incluso edificios, siguen creando obstáculos y dificultades para una movilidad libre y sin barreras.
A pesar de la cantidad de leyes legitimadas y los esfuerzos que se ha hecho en materia
de normativa y subvenciones, la accesibilidad universal en su perspectiva física y sensorial es muy débil y hay innumerables organizaciones que tratan de potenciar este tipo de proyectos para todos y que, por no pertenecer a los estamentos o grupos
oficiales que lideran en España la accesibilidad, su palabra no llega, no por incapacidad de transmitirla, sino porque no es escuchada.
Concretamente, la Accesibilidad Cognitiva, lamentablemente, que es una de las áreas de la accesibilidad que implica también salud para sus destinatarios: infancia, mayores, discapacidad intelectual, TEA. está desde el punto de vista del hábitat, completamente abandonada.
Las organizaciones líderes se han cerrado en el Wayfinding, una metodología que es buena como sistema de orientación urbana pero no para la edificación y aún menos para los grupos vulnerables.
La accesibilidad cognitiva no solo es un recurso espacial para orientarse. Es, poder elegir cómo y hacia dónde ir en un entorno que te ayuda a moverte.Es recordar lo que tal vez se te había olvidado. Es el espacio que actúa como facilitador y estímulo neuronal. La accesibilidad cognitiva es, en definitiva, poder mantener una vida rica y saludable aunque el tiempo pase.
¿Qué medidas de prevención se pueden llevar a cabo institucionalmente para acabar con esta lacra?
Al hacer referencia a la inclusión es inevitable reflexionar sobre el lenguaje: ¿qué papel juega su uso a la hora, precisamente, de sentar las bases de esos entornos amigables con todas las personas?
El tipo de lenguaje que se utiliza con las personas mayores está ligado directamente a la imagen que se tiene de ellos, de personas con baja formación y falta de capacidad para pensar. Se les trata como si fueran niños y con un lenguaje proteccionista e inhabilitante.
Esto crea frustración, incomprensión, incomunicación y aislamiento social; siendo la depresión en las personas mayores ya, un problema de salud pública.
Tengo que puntualizar que no todas las personas mayores tienen deterioro cognitivo y son únicamente estos perfiles, los que requieren de un tipo de lenguaje y comunicación diferente.
Volvemos a ese trato mal entendido de utilización de palabras, posturas del interlocutor de sutil condescedencia y hasta tonos de voz proteccionistas infantiles y a menudo impostados.
¿Cómo la pandemia ha afectado a esta realidad?
Tras lo sucedido este año. ¿Ha provocado la pandemia un cambio en las prioridades y en cómo la sociedad debemos proteger el bienestar de las personas de más edad? (Es decir, ¿quizá es ahora más necesaria que nunca la puesta en marcha de mecanismos que velen por sus derechos?)
Absolutamente necesario. Es un deber que tiene cada Estado con las personas que antes que nosotros han contribuido al avance de este país.
Como ya he comentado antes, las tecnologías especialmente, están dejando atrás a esa franja poblacional de las personas mayores. Cada vez oímos hablar más de neuroderechos y me convenzo cada día de la necesidad de la necesidad de esta regulación para, principalmente proteger a todos los ciudadanos y especialmente a los más vulnerables.
Con los neuroderechos se busca proteger la indemnidad mental de los usuarios en relación al avance de las neurotecnologías.
Desde la llegada de la Covid-19 hemos asistido a un cierto debate entre dos conceptos: curar y cuidar, pero lo cierto es que lo ideal sería la convivencia de ambos cuando se trata de atender a los mayores. ¿Cómo cree que podrían coexistir en un mismo entorno, y con equilibrio, estas dos cuestiones?
La pandemia ha sacado a la luz un sistema que adolece de recursos y que llevamos desde este sector, demandando a las administraciones en múltiples y reiteradas reuniones y encuentros institucionales.
Actualmente, el perfil tipo en nuestros días, es habitualmente una persona mayor que padece varias enfermedades crónicas, de larga evolución y derivando en una dependencia funcional o agravando la ya existente en el caso de que la tuviera.
Desde nuestros miembros asociados, entre los que se encuentran tanto entidades con plazas residenciales como con servicios de Atención domiciliaria, comparten en común compatibilizar el método de Atención Centrada en la Persona (ACP) con una atención sanitaria universal por parte de la atención primaria y siempre desde la libertad.
En referencia al modelo residencial, el más cuestionado en esta pandemia; añadiré que no se trata únicamente de medicalizar las residencias sino de hacer frente a las necesidades sanitarias con una mayor presencia de la atención primaria y respetando el método ACP que hace posible que los centros se mantengan como «el hogar» de las personas y no acaben convertidas en un hospital.
El concepto de residencia hacia el que debemos encaminarnos debe estar basado, como en todos los países de nuestro entorno en tres elementos: El hotelero, financiado básicamente con aportaciones del usuario; el asistencial, que comporta los apoyos que genera la situación de dependencia y se debería financiar mediante el sistema de servicios sociales con participación del usuario según su capacidad económica, y el sanitario, que debería ser prestado y financiado desde el sistema público de salud. «La residencia es mi casa»: campañas mediáticas que pongan en valor los recursos asistenciales para mayores dependientes, entre las cuales las residencias.
En el ámbito de la Atención Domiciliaria existen actualmente entidades muy profesionalizadas, con recursos para atender a estas personas. Y reiterándome en las anteriores cuestiones, queda mucho por hacer pero con una visión clara de las necesidades de este sector. Nos referirnos a todos estos servicios que dan respuesta a las necesidades de las personas y sus familias en su día a día, ya sea para atenderlas en sus actividades diarias, darles apoyo en sus hogares, o como soporte de una efectiva conciliación laboral y familiar.
Finalmente, hago hincapié en una de nuestras premisas en CEDDD: dejar al ciudadano la capacidad de poder elegir el formato de atención que bajo sus circunstancias tanto personales como económicas decida para vivir.
