Endurecer las sanciones, coordinar esfuerzos entre los agentes sociales e impulsar la educación sanitaria de los ciudadanos para atajar el grave problema de las agresiones a médicos y personal sanitario fueron algunas de las conclusiones de la Jornada de Agresiones que acogió ayer el Colegio de Médicos de Castellón. Una jornada inaugurada por la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, y clausurada por el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez
La presidenta del COMCAS, la doctora Eva Suárez, resaltó en la presentación, la gravedad del problema, que “ocupa y preocupa a los profesionales y a los responsables del Colegio, que “estamos continuamente buscando soluciones, reuniéndonos con la administración y responsables de los cuerpos de seguridad” para buscar salidas que frenen “las agresiones son condenables y repudiables porque rompen el principio de la práctica médica, basada en la confianza y el diálogo entre el médico y paciente”. Condena en la que coincidió con el presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana (ADSCV), Carlos Fornés, organizador de la Jornada.
Marco pidió respeto para el trabajo de los profesionales, destacando la labor efectuada durante la pandemia. Puso en valor jornadas como esta; lamentó el aumento de la crispación” a la que, sin cuantificar, dijo que “no sé si contribuimos los políticos”. Por ello, atajar esa crispación, apeló “al respeto y a la educación”.
En la mesa-coloquio, moderada por Carlos Fornés, integrada por el comisario principal de la unidad central de seguridad privada e interlocutor policial nacional sanitario, Manuel Yanguas; el secretario general del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), José María Rodríguez; María Díaz, fiscal jefe de Castellón; Alejandro Calvente, presidente del sindicato médico CESM-Comunitat Valenciana. Los representantes de los médicos, de las fuerzas del orden y el estamento judicial coincidieron en que las agresiones a los médicos han aumentado, debido al aumento de la crispación social. Incremento que ha crecido tras la pandemia. Por ello, entienden, hay que buscar soluciones, que pasan por la denuncia de los hechos, endurecer las sanciones y reeducar a la población en materia sanitaria para que conozcan derechos y deberes. Aspectos en los que coincidió el conseller Miguel Mínguez, en su intervención en el acto de clausura,
Yanguas resaltó el incremento en un 7% de las denuncias respecto a 2021. Pidió a los médicos que no empatizarán con los agresores porque hay un 17% de reincidentes. Recomendó que no entrarán solos a atender un servicio domiciliario. Recordó que las agresiones también abarcan a los administrativos y celadores, en especial durante la pandemia y postpandemia. Indicó que el 42% de las agresiones son verbales y aportó el dato de que, de las más de 10 000 agresiones registradas en 2021, un 10% fueron físicas. El comisario reiteró la colaboración entre los agentes sociales implicados para atajar el problema y apostó por la educación desde los colegios.
El doctor José María Rodríguez reivindicó un registro unificado de agresiones gestionado por el Ministerio de Sanidad para poder tener una base sólida y trabajar en la elaboración de una ley específica para atajar un problema que no solo es “nuestro, sino que afecta a otros países, europeos y mundiales”. Apoyándose en datos estadísticos, como las 10 043 agresiones registradas en 2021, que supuso un incremento del 20%, de ellas 1483 fueron agresiones físicas, recordó que estamos ante un problema que ha existido siempre y que también se da a nivel europeo y mundial. “Lamentablemente, estamos condenados a convivir con las agresiones”. Por eso, apostilló, los Colegios ofrecen asistencia jurídica a los profesionales. Apeló también a mejorar la relación médico-paciente, “que se rompe tras una agresión”, para lo que es preciso educar para la salud.
Alejandro Calvente instó a la Conselleria de Sanitat a poner en marcha un sistema de vigilancia frente a las agresiones, contando con la seguridad privada, al menos en los puntos de atención continuada, y que revise el espacio de las consultas, con importantes barreras arquitectónicas “que no dejan escapatoria al médico en caso de intento de agresión”. Lamentó la baja cuantía de las sanciones que no disuaden al agresor y puso ejemplos como las agresiones verbales registradas hace apenas un mes en un centro de salud de Castellón.
Calvente respondió a la petición de los agentes policiales de que el médico denuncie reclamando un sistema que las agilice y que se establezcan “mecanismos mucho más ágiles y anónimos para denunciar. Queremos que sea la propia Conselleria, como empleadora, la que efectúe esa denuncia”.
La Fiscal Jefe de Castellón, María Díaz, expuso las líneas básicas que sigue el ministerio fiscal a la hora de actuar ante un delito. Líneas que tienen como eje el principio de legalidad, de intervención mínima y de finalidad de la pena, señalando que tienen la posibilidad de sancionar a través del derecho administrativo y penal, pero que no se puede sancionar por ambos. Señaló que el administrativo contempla multas de 601 a 30 000 euros por infracciones graves como desórdenes en establecimientos públicos, obstrucción aun empleado público en el ejercicio de sus funciones o intrusión en instalaciones donde se presten servicios básicos a la comunidad», apuntó. Ahora, bien, “cuando los hechos son graves, dijo, hay que acudir y siempre a la penal, por las consecuencias de antecedentes, control y medidas de seguridad”.
El conseller Miguel Mínguez, clausuró la Jornada, resaltando que la educación, desde la escuela es importante para empezar a atajar el problema. De ahí que, “hemos de trabajar junto con la Conselleria de Educación y los profesionales sanitarios”. Admitió que la fase pospandémica, con el aumento de las demoras y listas de espera, “ha hecho mucho daño”. Y reconoció que “las administraciones hemos llegado tarde” para dar soluciones, pero, que están abordando el problema con “nuestro plan integral contra las agresiones”.
“Estamos elaborando un mapa de agresiones para conocer en qué puntos hay más problemas. Hemos visto que en la zona rural la gente es más respetuosa y le da valor al médico. Sin embargo, en la zona costera, en localidades turísticas, detectamos más agresividad”, indicó Mínguez, quien no entiende “porque hemos de ser más agresivos a la hora de pedir una consulta médica que cuando vamos a comprar a una tienda”.
En respuesta a la demanda de mayor seguridad planteada por los profesionales, el conseller indicó que “estamos poniendo medios para evitar esas agresiones”. Acciones que pasan por poner más cámaras de vigilancia, cooperar con las fuerzas de seguridad, pero, sobre todo, “fomentando la educación. Los ciudadanos deben saber y conocer sus derechos y obligaciones, pero han de respetar nuestra profesión, la del médico”. En esa línea de educar planteó la necesidad de “intentar rehabilitar al agresor”.
