Las listas de espera constituyen el principal motivo de queja de los ciudadanos en lo que al ámbito sanitario se refiere y dan ocasión a la formulación de un relevante número de resoluciones, según se desprende del informe del Defensor del Pueblo de 2016, presentado ayer por Soledad Becerril en el Congreso de los Diputados. De las quejas emitidas, tres de cada diez fueron referidas a la Atención Especializada, a las que se suma las relativas a atención farmacéutica y medicamentos
El Defensor destacó las listas de espera como la queja más habitual de los ciudadanos en cuanto a Sanidad se refiere, emitiendo recomendaciones y sugerencias, especialmente en el caso de las quirúrgicas, pero también en las de otras como la de los implantes de prótesis de mama tras una mastectomía. En este caso se iniciaron actuaciones de oficio con todos los servicios territoriales de salud al constatarse demoras en la realización del procedimiento.
En el informe se considera «especialmente alto» el número de quejas admitidas, ya que se tramitaron dos de cada tres actuaciones, casi todas por problemas en las listas de espera, si bien se considera que el ritmo de respuesta por parte de las Administraciones fue»aceptable» aunque ha subido ligeramente respecto al año anterior.
Así, durante 2016 las actuaciones vinculadas a la salud se centraron en la atención especializada (30,83 %), atención farmacéutica y medicamentos (10,53 %), a la salud pública y a la seguridad de los pacientes, ambas por encima del 9 % de las actuaciones con tramitación en el año, con un total de 1.229 quejas sobre temas relacionados con la sanidad, lo que supone un 16% menos de las gestionadas el año anterior. De ellas, tres de cada diez fueron referidas a la Atención Especializada.
El defensor realizó 42 actuaciones de oficio en el ámbito sanitario, centradas, además de en las listas de espera, en otros temas como la interoperatividad de las recetas entre servicios, los pacientes celíacos o la protección social a los enfermos oncológicos. Sobre estos dos últimos, la oficina trabaja actualmente en sendos estudios monográficos.
La Oficina del Defensor realizó el año pasado 18 recomendaciones y 5 sugerencias y, según reseña, en el 26,5% de los expedientes se logró un cambio total o parcial en la posición de la Administración. En 13 casos, «la mayoría referidos al copago y financiación pública de medicamentos, los expedientes se cerraron con diferencia de criterios entre esta institución y los organismos implicados», admitió dicho órgano.
Cuidados paliativos y copago farmacéutico
Otro de los temas a destacar es el relativo a la prestación de cuidados paliativos, respecto al cual, esta institución está pendiente de la remisión de información de la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad relativa a las conclusiones y medidas de mejora que se deriven de la evaluación de la «Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud». El Defensor del Pueblo considera que tal evaluación debe permitir la revisión de las necesidades globales para dicha estrategia y la adecuación de los dispositivos a las necesidades buscando una mayor homogeneidad en la dotación de estos recursos y la equidad en el conjunto del SNS.
Las quejas en materia de copago farmacéutico se centraron en las disfunciones ya estudiadas y objeto de estudio del defensor del Pueblo en informes anteriores. En este sentido, apunta que «a pesar de que la normativa vincula la capacidad económica de los usuarios a su nivel de aportación en la prestación farmacéutica ambulatoria, la regulación actual no garantiza que determinados grupos de personas sin ingresos o con rentas muy bajas puedan acceder a los medicamentos que precisan».
La oficina ha ofrecido conclusiones al legislador al considerar que existe «falta de coordinación entre las distintas administraciones implicadas» y por «la ausencia de garantías jurídicas para los ciudadanos sobre quién es el responsable de determinar el porcentaje de copago que les corresponde y ante quien pueden reclamar».
Los cambios en el calendario oficial de vacunación infantil fueron otro de los objeto de controversia y, por tanto, de quejas. No obstante, el informe recoge que «las decisiones de actualización adoptadas por la práctica totalidad de los servicios de salud autonómicos en los dos últimos ejercicios ha venido a plasmar el consenso a este respecto en el seno del consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la reivindicación de una parte de la comunidad científica» en cuanto a la incorporación de la vacunación contra el neumococo o la varicela.
A ello se suma la preocupación y actividad especial de la oficina del Defensor del Pueblo respecto a las personas con enfermedad celíaca. De hecho, constituyen el segundo grupo social con más actividad, con 3.845 actuaciones, sólo superado por los menores (con 6.423).
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