La representantes de la sección colegial del médicos de Administraciones Públicas del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, la Dra. Sonsoles Castro, acompañada de la médico de sanidad penitenciara y responsable colegial de médicos de AA.PP. de Jaén, Eva Rodríguez, se han reunido con Ángel L. Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias; Carmen Martínez, subdirectora General de Sanidad Penitenciaria; y Eugenio Arribas López, subdirector General de Recursos Humanos, para abordar entre otros temas el problema actual de la sanidad penitenciaria y su transferencia a las Comunidades Autónomas
La solución al problema, para los expertos, pasaría por el cumplimiento de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Público de Salud del año 2003, que contempla la transferencia de la sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas. En el momento actual, solo las comunidades de País Vasco, Cataluña y Navarra tienen asumida dicha competencia.
Desde la Secretaría General indican que, aunque tienen contacto con el resto de las Comunidades, no hay previsiones de que, por el momento, dicha transferencia se lleve a cabo, salvo en el caso de dos Comunidades dónde las conversaciones estás más avanzadas.
El problema de fondo es el desencanto de los profesionales y el hecho de que no quieren trabajar en las condiciones que les ofertan. Los médicos de prisiones tienen que ser especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria, o en Medicina Interna y ven como sus compañeros de especialidad de los respectivos sistemas públicos de salud tienen, al menos, mejor remuneración de base y guardias bien retribuidas.
Ante esta situación, muchos médicos piden la excedencia y otros muchos se jubilan (aproximadamente el 54% de los médicos en activo supera los 60 años). Y conlleva que, para las nuevas plazas ofertadas, 80 en los dos últimos años, apenas se firmaran instancias, con lo que la situación se agrava.
Este escenario ha llevado al Defensor del Pueblo a interesarse por la ausencia de asistencia sanitaria a la población reclusa en los centros penitenciarios. Falta de asistencia que afecta, no solo a la salud de los internos, con una alta prevalencia de enfermedades infectocontagiosas y trastornos mentales, sino también a la salud pública en general. Actualmente, se suple la atención médica con contratos puntuales con empresas sanitarias, que cada vez son más frecuentes, y con consultas de telemedicina. La asistencia telemática se presta también para las guardias. Una asistencia claramente insuficiente.
Desde la sección nacional de médicos de Administraciones Públicas del CGCOM se ha instado a que la Secretaría General siga reclamando a las Comunidades Autónomas que cumplan su responsabilidad legal y asuman las competencias que la ley les marca, ofreciéndose para trabajar en esa línea, con los medios a su alcance y la implicación personal de los miembros del grupo de trabajo de Sanidad Penitenciaria. También se ha solicitado que se facilite el trabajo de los médicos de prisiones, incluyendo el acceso a las historias clínicas de los internos para un mejor seguimiento y tratamiento de las patologías, así como una mejora en las condiciones laborales que hagan atractiva esta forma de ejercicio profesional.
