La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha llevado a cabo un estudio sobre 93 de sus Estados miembro, a través del que ha constatado que más de 60 de ellos están atendiendo mejor las necesidades de salud de los refugiados y los migrantes, lo que se traduce en dos tercios de las naciones encuestadas.
«Los sistemas de salud solo son verdaderamente universales cuando atienden a toda la población», ha indicado el director general de este organismo internacional, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha añadido que «los refugiados y los migrantes no solo reciben atención de salud», sino que «también trabajan en estos servicios, cuidan de otras personas son personas de referencia dentro de su entorno».
A su juicio, esta investigación «muestra que la inclusión beneficia al conjunto de la sociedad y refuerza la preparación frente a futuros retos de la salud pública». Por ello, se han destacado los resultados obtenidos como avances alentadores en las políticas de salud inclusivas para refugiados y migrantes.
Los datos señalan que los más de 60 países que han optimizado su asistencia a estos colectivos ya los incluyen en sus leyes y políticas nacionales de salud, en aplicación del Plan de Acción Mundial de la OMS. Ello adquiere especial relevancia debido a que, en la actualidad, más de 1.000 millones de personas -más de una de cada ocho- son refugiadas o migrantes.
OBSTÁCULOS PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS DE SALUD
Los desplazamientos de las personas obedecen a, entre otras causas, conflictos, desastres naturales, búsqueda de oportunidades económicas o educativas y necesidades familiares. No obstante, muchos refugiados y migrantes encuentran obstáculos para acceder a los servicios de salud allá donde van, además de que presentan un mayor riesgo de contraer enfermedades infecciosas y crónicas, sufren problemas de Salud Mental y, con frecuencia, viven o trabajan en condiciones inseguras.
Por todo ello, la OMS considera que invertir en la salud de estos colectivos genera beneficios de amplio alcance, ya que favorece la integración social y económica, aumenta la resiliencia de los sistemas de salud y refuerza la seguridad sanitaria mundial. Todo ello reduce costes a largo plazo, y es que las personas gozan de mejor salud y se integran de manera más óptima en la sociedad, lo que les permite contribuir plenamente a ella.
Como ejemplos de buenas prácticas, ha destacado la ampliación de la cobertura del seguro de salud para los migrantes en Tailandia, la mediación intercultural en Bélgica y la participación de representantes de colectivos migrantes en las decisiones sobre la prestación de Atención Primaria en Chile.
Sin embargo, aprecia que solo el 37 por ciento de países recopila, analiza y difunde de manera sistemática datos sobre la salud de los migrantes; mientras que solo el 42 por ciento incluye a estos y a los refugiados en los planes de preparación frente a emergencias, de reducción del riesgo de desastres o de respuesta.
SOLO EL 30% COMBATE LA DESINFORMACIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN
Menos del 40 por ciento señala que el personal de salud recibe formación para prestar una atención adaptada a las realidades culturales de estos colectivos y solo el 30 por ciento ha emprendido campañas de comunicación para contrarrestar las percepciones erróneas y la discriminación relacionadas con la salud de estos grupos.
Además, los refugiados suelen tener más opciones para acceder a los servicios de salud, pero los migrantes en situación irregular, los desplazados internos, los trabajadores migrantes y los estudiantes internacionales cuentan con una cobertura mucho menos uniforme.
Ante todo ello, la OMS recomienda incluir a los refugiados y los migrantes en todas las políticas, estrategias y planes nacionales de salud; mejorar la recopilación y el uso sistemáticos de datos desglosados sobre la salud de los migrantes; coordinar las medidas de varios sectores, como los de la salud, la vivienda, la educación, el empleo y la protección social; y adaptar las estrategias a las necesidades específicas de cada subgrupo de migrantes.
Junto a ello, aboga por velar por la participación de refugiados y migrantes en la planificación, la gobernanza y el diseño y la prestación de servicios; formar al personal de salud para que preste una atención equitativa; combatir la desinformación y la discriminación mediante medidas basadas en datos reales; y proteger y ampliar la financiación con el fin de preservar los avances logrados en beneficio de toda la población.
