La Organización Médica Colegial de España ha solicitado intervenir como tercera parte ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un caso clave sobre el derecho a la autonomía del paciente y el deber de información de los profesionales sanitarios.
La OMC ha presentado una solicitud formal para personarse como amicus curiae ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el procedimiento derivado del caso S.O. contra España, con el objetivo de aportar conocimiento técnico y jurídico en un asunto de especial relevancia para el ejercicio de la profesión médica.
El caso se centra en una presunta vulneración del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos —relativo al derecho a la vida privada y a la autonomía personal— en relación con la información facilitada a una paciente antes de una intervención quirúrgica y los riesgos asociados al procedimiento. En concreto, el recurso plantea el alcance del deber de información de los profesionales sanitarios y las condiciones necesarias para que el consentimiento del paciente pueda considerarse válido.
Desde la OMC se considera que este procedimiento aborda cuestiones esenciales para la práctica clínica, como el equilibrio entre la seguridad del paciente, el respeto a su autonomía y la necesidad de tomar decisiones médicas basadas en criterios científicos y asistenciales. Asimismo, el caso permitirá delimitar hasta dónde llega la obligación de informar al paciente, especialmente cuando durante una intervención es necesario modificar la técnica inicialmente prevista y estas modificaciones pueden tener consecuencias sobre su integridad física y su esfera personal
La corporación médica entiende que la resolución de este asunto tiene un impacto directo en los derechos e intereses de la profesión médica, a la que representa legalmente, y en la forma en que los profesionales sanitarios desarrollan su labor asistencial en contextos clínicos complejos. Por este motivo, ha solicitado intervenir para ofrecer al Tribunal Europeo de Derechos Humanos una visión experta sobre los criterios médicos, los riesgos clínicos y los principios que rigen la toma de decisiones en el ámbito sanitario.
Con esta personación que ha coordinado el abogado experto en derecho sanitario y director de los Servicios Jurídicos de la OMC, Ricardo De Lorenzo, la corporación reafirma su compromiso con la defensa de una medicina basada en la evidencia, el respeto a los derechos de los pacientes y la seguridad jurídica de los profesionales sanitarios, contribuyendo al correcto equilibrio entre autonomía personal, calidad asistencial y responsabilidad profesional en el marco europeo de derechos humanos.
