Casi medio millón de personas corren el riesgo de morir de hambre en Gaza, muchos de ellos niños y niñas, una situación precipitada por la negativa del Gobierno israelí a permitir la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza durante más de 11 semanas, a pesar de la destrucción de la mayoría de los sistemas agrícolas, pesqueros y alimentarios.
Ante la situación actual en Gaza que pone en peligro la vida de casi todos los civiles, la Organización Médica Colegial (OMC) se suma a los llamamientos de Naciones Unidas y la Asociación Médica Mundial para que se respete el derecho humanitario y no se permita que la gente de Gaza se muera de hambre o se le niegue la atención médica. Asimismo, la Organización Médica Colegial reitera su condena expresa a los ataques a los centros de salud y al personal sanitario y exige su cese.
Cerca de 18 000 niños han muerto en este conflicto; niños preadolescentes están ingresando con heridas de bala, muchos menores están muriendo de desnutrición crónica y es posible que los que sobreviven nunca se recuperen por completo. Gaza es también el hogar de la mayor cohorte de niños amputados de la historia moderna. Más allá de las lesiones físicas, el trauma psicológico de ver cómo sus casas son destruidas y sus familias asesinadas dejará cicatrices permanentes. El legado de esa destrucción se sentirá en las generaciones venideras.
Además, según recoge The Lancet, los ataques contra las instalaciones y los trabajadores de la salud en Gaza son los más numerosos de todos los países que han experimentado conflictos en 2024 con cifras tan intolerables como los más de 1400 asesinatos de trabajadores de la salud en Gaza.
Por todo ello, desde la Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC (FCOMCI) reclamamos a la comunidad internacional medidas para acabar de inmediato con el genocidio en Gaza y mostramos toda nuestra solidaridad con los profesionales sanitarios que luchan en condiciones extremas para garantizar el acceso a la salud en la zona por hacer lo que el código deontológico dicta: garantizar el derecho a la salud de la población.
La profesión médica española muestra su solidaridad con todas las víctimas de este conflicto que ya dura 19 meses de bombardeos, invasión terrestre, hambre y constantes desplazamientos que ha generado de manera deliberada una catastrófica situación humanitaria en contra de las decisiones jurídicamente vinculantes de la Corte Internacional de Justicia.
