Como presidente de la Organización Médica Colegial de España, debo comenzar señalando con claridad que el reciente informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) evidencia, en algunos de sus planteamientos, un preocupante desconocimiento de la naturaleza, responsabilidad y singularidad de la profesión médica. No es posible analizar la regulación del ejercicio de la medicina desde parámetros exclusivamente económicos sin incurrir en simplificaciones que pueden poner en riesgo garantías esenciales para los pacientes.
La medicina no es una actividad mercantil al uso. Es una profesión profundamente vinculada al interés público, en la que cada decisión tiene implicaciones directas sobre la vida, la salud y la dignidad de las personas. Por ello, cualquier aproximación regulatoria debe partir de este principio básico: el médico no presta un servicio cualquiera, sino que asume una responsabilidad social de primer orden.
Dicho esto, también es cierto que el informe introduce elementos de análisis valiosos que merecen ser considerados. La OMC ha demostrado una vez más su vocación de mejora continua, incorporando aquellas recomendaciones que refuerzan la transparencia, la proporcionalidad y la adaptación a los nuevos marcos normativos.
Sin embargo, debemos ser firmes en la defensa de aquellos instrumentos que constituyen garantías irrenunciables para la sociedad. La colegiación obligatoria, y en su caso la colegiación de oficio, no son mecanismos corporativistas, sino herramientas imprescindibles para asegurar que quien ejerce la medicina lo hace con la cualificación adecuada, sometido a control deontológico y a un régimen de responsabilidad profesional. En un contexto donde el intrusismo persiste, debilitar estos instrumentos supondría una grave irresponsabilidad.
Asimismo, el modelo de certificados médicos oficiales cumple una función esencial en la seguridad jurídica del sistema sanitario. Garantiza la autenticidad del acto médico y protege frente a la falsificación o la suplantación de identidad. Conscientes del avance tecnológico, hemos introducido ajustes que permiten su coexistencia con sistemas de certificación electrónica, pero siempre preservando las garantías que exige la práctica clínica.
En relación con la receta privada electrónica, compartimos su valor como herramienta de eficiencia, seguridad y trazabilidad. La OMC apoya su desarrollo bajo principios de interoperabilidad, transparencia y competencia leal, en coordinación con las administraciones sanitarias.
La Organización Médica Colegial ha demostrado su capacidad de adaptación a lo largo de su historia. Sabemos evolucionar, pero no a costa de debilitar los pilares que sostienen la confianza de los ciudadanos en sus médicos.
España dispone de un modelo colegial sólido, que ha sido clave para garantizar una práctica médica ética, segura y de calidad. Reformarlo es necesario; desnaturalizarlo, no.
Nuestro compromiso permanece intacto: defender a los pacientes, proteger la buena práctica médica y asegurar que la medicina siga siendo, ante todo, una vocación al servicio de la sociedad.
Dr. Tomás Cobo
Presidente de la OMC
