En las últimas décadas, la profesión médica ha experimentado una transformación profunda que ha modificado sustancialmente su esencia. Aquella actividad tradicionalmente configurada como una profesión liberal ha evolucionado hacia un modelo en el que el médico se integra como personal asalariado dentro de estructuras organizativas complejas. En este nuevo marco, la toma de decisiones y la práctica clínica han pasado progresivamente a estar condicionadas por criterios de gestión, control y contención del gasto, desplazando del centro al profesional y al paciente.
El ámbito de la medicina pública, que concentra la mayor parte de los médicos en ejercicio, constituye el principal escenario de este cambio. El desarrollo profesional se ha visto limitado, los procesos asistenciales se han burocratizado y el papel del médico se ha orientado hacia la aplicación de protocolos estandarizados, con una reducción perceptible de su autonomía. Paralelamente, la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los facultativos se ha consolidado como un fenómeno estructural.
La figura del médico se ha ido diluyendo en el concepto generalizado de “personal sanitario”, una denominación que, si bien agrupa y reconoce la labor de distintos profesionales imprescindibles, tiende a homogenizar responsabilidades y funciones que son, por naturaleza, diferentes. Es necesario recordar que la calidad de la asistencia pivota sobre la relación médico‑paciente, elemento nuclear sin el cual no existe práctica médica en sentido estricto.
Durante años, la medicina privada actuó como un espacio complementario que ofrecía a muchos profesionales un mayor grado de autonomía, reconocimiento y estabilidad. Se trataba de un modelo basado en la libre elección y en la relación directa entre médico y paciente. Sin embargo, este escenario ha cambiado de manera sustancial. La generalización de los seguros de salud con coberturas cerradas y los baremos establecidos por acto médico —que permanecen prácticamente invariables desde hace décadas— han limitado la capacidad del profesional para desarrollar su actividad fuera de los cuadros establecidos por las aseguradoras. Esta situación se ve agravada por la creciente concentración empresarial en el sector sanitario privado, que impulsa modelos de laboralización con menor margen de decisión y autonomía.
Las consecuencias de esta evolución ya se manifiestan de forma clara: menor productividad, desmotivación creciente, dificultades para el desarrollo profesional continuo y una progresiva salida de médicos del ámbito privado.
En este contexto, la recuperación de la autonomía profesional del médico no debe interpretarse como un privilegio corporativo, sino como un requisito indispensable para garantizar una medicina de calidad. Un sistema sanitario sólido necesita médicos formados, responsables y con capacidad real de decisión clínica. Sin ello, la asistencia corre el riesgo de quedar subordinada a estructuras que, por necesarias que sean, no pueden sustituir la esencia de la práctica médica: la relación directa entre el profesional y el paciente.
Dr. Carles Recasens
Presidente del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears
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