La presidenta de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), Ofelia de Lorenzo, ha pedido fortalecer la gobernanza jurídica internacional en materia de salud pública, especialmente en un momento marcado por crisis sanitarias, emergencias climáticas y desigualdades persistentes en el acceso a la atención sanitaria.
Para hacer frente a esta situación, De Lorenzo ha realizado un llamamiento para aumentar la cooperación entre países a través de una armonización normativa y la construcción de marcos jurídicos sólidos que garanticen una respuesta eficaz, equitativa y coordinada ante estos retos, todo ello durante el 29 Congreso Mundial de Derecho Médico, organizado por la Asociación Mundial de Derecho Sanitario (WAML, por sus siglas en inglés) en Estambul (Turquía).
En ese sentido, la AEDS ha defendido la adopción de un enfoque multidisciplinar del Derecho Sanitario que integre el conocimiento legal con la práctica médica, la bioética, la salud pública y la gestión institucional.
De Lorenzo, gobernadora por España en la WAML, también ha abogado por una apuesta por el diálogo y el equilibrio entre derechos, deberes y sostenibilidad, de forma que se puedan construir sistemas sanitarios más seguros, resilientes y centrados en las personas.
Asimismo, ha trasladado a los participantes su visión de un derecho sanitario humanista que refuerce la seguridad del paciente sin recurrir «sistemáticamente» a la vía judicial, de forma que la gestión de un error médico se base en el aprendizaje, la confianza y la resolución extrajudicial de conflictos a través de la mediación o la conciliación.
De Lorenzo ha subrayado que todo ello se encuentra alienado con los objetivos internacionales en materia de salud y con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de la Agenda 2030, y que permitiría abordar los daños de forma eficaz y restaurar la confianza entre profesionales y pacientes.
Por otro lado, ha destacado el potencial de la reciente Ley Orgánica 1/2025 española, que introduce medidas para mejorar la eficiencia del Servicio Público de Salud, como un posible catalizador para una gestión más moderna, justa y menos punitiva de los conflictos sanitarios.
«La participación en este congreso es, sin duda, una oportunidad única para situar la experiencia española en el mapa jurídico sanitario internacional, aprender de otros sistemas y fortalecer alianzas que permitan afrontar juntos los retos globales de la salud», ha afirmado.
