La Asamblea de Madrid ha dado el visto bueno por unanimidad al informe de ponencia elaborado para la tramitación de la proposición de ley 8/16 sobre de derechos y garantías de las personas en el proceso final de la vida. La norma se aplicará, en el ámbito de la comunidad autónoma, a las personas que se encuentren en el final de su vida o que afronten decisiones relacionadas con esta situación, ya sea en su domicilio o en un centro sanitario
Se trata de una Proposición de Ley presentada por el PSOE, que aboga por garantizar el derecho de los pacientes a la atención en el proceso final de su vida, pudiendo rechazar intervenciones o tratamientos propuestos por profesionales sanitarios aunque ello conlleve «acortar su vida o ponerla en peligro inminente, así como recibir «sedación paliativa» si lo desean.
La propuesta señala que los pacientes en situación terminal tendrán derecho a recibir sedación paliativa «aunque ello implique un acortamiento de la vida mediante la administración de fármacos en las dosis y combinaciones requeridas para reducir su conciencia».
Por su parte, los médicos tendrán que garantizar el derecho a la información del paciente y a que formule instrucciones previas que deben ser respetadas, a proponer intervención sanitaria a personas en fase terminal asegurándose que está clínicamente indicada así como la obligación de respetar los valores, creencias y preferencias de los mismos en la toma de decisiones.
La semana pasada el PSOE registró en el Congreso de los Diputados una proposición de ley reguladora de los derechos de las personas en el proceso final de su vida y que, según explicó la secretaria adjunta del partido en la Cámara Baja, Marisol Pérez Domínguez, garantiza el derecho de autodeterminación del enfermo e impide la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, a los que se da seguridad jurídica.
Esta iniciativa pretende regular la situación a nivel estatal, con la intención de unificar criterios y las normativas que ya están instauradas en Andalucía, Aragón, Navarra, Canarias, Baleares, Galicia y País Vasco, y que recientemente ha sido aprobada en Asturias.
