La sanidad del futuro se construye hoy, al ritmo de una ciencia que avanza de forma exponencial. Por ejemplo, en mi caso, en oncología, lo vemos cada día con nuevas terapias dirigidas, inmunoterapia combinada, medicina de precisión e inteligencia de datos aplicada a la clínica. El reto no es solo incorporar innovaciones, sino hacerlo con seguridad, equidad y rigor. Ese reto tiene una condición indispensable: una formación médica continuada robusta, acreditada y libre de conflictos de interés. Sin una política de Estado ambiciosa y sostenida, la formación será una lotería geográfica y presupuestaria; con ella, será el pilar que vertebra la calidad asistencial y la confianza social en la profesión.
Hoy, la inversión pública en formación continuada no alcanza el umbral necesario para garantizar que cualquier médico, independientemente de su lugar de ejercicio, acceda a una actualización científica rigurosa, evaluable y alineada con las necesidades asistenciales. La obligación ética es clara: acompañar el avance de la medicina con un ecosistema formativo que asegure calidad, independencia y resultados en salud. Que la industria farmacéutica aporte soporte logístico y recursos es una realidad, pero esa colaboración sólo es virtuosa si transcurre bajo reglas de transparencia estrictas, con separación nítida entre financiación y contenidos, definidos por entidades independientes y supervisados por sistemas de acreditación reconocidos. La independencia científica no es negociable porque de ella nace la confianza de los pacientes y de la sociedad.
Para fortalecer la sanidad necesitamos un plan operativo medible y exigente que consolide un sistema de acreditación independiente y homogéneo capaz de abarcar toda la oferta formativa presencial, online y mixta; con criterios de calidad y pertinencia clínica y que evalúe resultados en salud. No basta con certificar horas, hay que certificar impacto asistencial. Es imprescindible asegurar una financiación pública suficiente y equitativa que reduzca las desigualdades de acceso y reconozca el tiempo de formación dentro de la jornada laboral, incorporando indicadores de cumplimiento en los contratos-programa y en la gestión de servicios. Además, debemos evolucionar desde la mera actualización de contenidos hacia un modelo orientado a competencias que incorpore seguridad del paciente, comunicación clínica, liderazgo, trabajo en equipo, salud digital, inteligencia de datos, investigación y ética profesional. Y, en paralelo, converger en un marco europeo de formación y competencias que facilite la movilidad, la equivalencia de créditos y la convergencia de estándares, reforzando la posición de España en el espacio común de excelencia médica.
En este contexto, la acreditación adquiere un papel estratégico. No basta con que sea un trámite administrativo vinculado a despachos de consejerías de salud. Debe emanar de la representación médica y alinearse con el mundo profesional en toda su extensión. Una acreditación que nace de la profesión es garantía de independencia, pertinencia y calidad, y es la única vía para que la formación continuada sea reconocida más allá de nuestras fronteras. Actualmente existe ya un modelo que no solo se integra en el marco europeo, sino que es convalidable con sistemas de referencia como Canadá o Estados Unidos. La medicina es global y la formación debe responder a esta realidad. En España, la necesidad de este cambio se hace patente a un ritmo vertiginoso porque la ciencia no espera y la práctica clínica tampoco.
La influencia potencial de la industria sobre la formación existe si no se establecen salvaguardas. La respuesta debe ser institucional y operativa con diseño docente independiente, comités científicos sin vínculos con patrocinadores, declaración pública y trazable de todas las fuentes de financiación, revisión por pares de los contenidos y evaluación de impacto asistencial. Queremos colaboraciones que aporten recursos sin condicionar decisiones clínicas ni agendas docentes. Ese equilibrio protege a profesionales y pacientes y fortalece la credibilidad del sistema.
Las demandas de la profesión son claras: más inversión pública específica en formación continuada, reconocimiento efectivo del tiempo de aprendizaje como parte de la actividad asistencial, acceso equitativo a ofertas acreditadas y de calidad en todo el territorio, itinerarios competenciales progresivos ligados al desarrollo profesional y un ecosistema docente que premie la excelencia y la innovación. A ello se suma una prioridad inequívoca: empoderar a la juventud médica como vector de transformación. Las nuevas generaciones traen competencias digitales, mirada sistémica y cultura de evaluación que el sistema necesita. Su liderazgo debe reconocerse e integrarse en el diseño curricular, en los comités de acreditación y en la gobernanza de los programas. No hay sostenibilidad sin relevo generacional con voz, voto y responsabilidad.
En síntesis, apostamos por una formación continuada acreditada, independiente, equitativa y orientada a competencias, con financiación pública reforzada y colaboraciones externas transparentes y libres de injerencias. Apostamos por un horizonte europeo que armonice estándares y multiplique oportunidades, y por una acreditación que trascienda fronteras y se alinee con los sistemas más avanzados del mundo. Y, sobre todo, apostamos por una profesión que se actualiza sin descanso porque sabe que cada hora de formación de hoy es seguridad, calidad y mejores resultados en salud para nuestros pacientes mañana. La juventud médica es presente, no solo futuro, y está lista para asumir la responsabilidad de impulsar el cambio que nuestra sanidad merece. La formación continuada no es un extra, es política sanitaria de primer orden. Hacerla realidad y sostenerla en el tiempo es una obligación ética y una apuesta de país.
Domingo Antonio Sánchez Martínez
Representante Nacional de Médicos Jóvenes OMC
