El Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid (COPM) celebraron este lunes una jornada informativa sobre los riesgos jurídicos del ejercicio privado sanitario y la diferenciación entre relaciones laborales y mercantiles.
El encuentro, que se desarrolló en formato híbrido desde la Sala Gregorio Marañón del ICOMEM, reunió a magistrados, abogados, profesionales y representantes de colegios sanitarios ante una preocupación común: la creciente inseguridad jurídica que rodea la figura del falso autónomo en clínicas y consultas privadas.
Una auditoría jurídica como herramienta preventiva
Uno de los principales anuncios del encuentro lo realizó el abogado Carlos Hernández Martínez-Campello, responsable del Área Jurídica del ICOMEM, quien adelantó que ya se han iniciado conversaciones con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para poner en marcha una auditoría legal preventiva de contratos. Esta medida permitiría a los centros sanitarios y profesionales obtener un informe colegial que analice el riesgo jurídico de sus modelos de colaboración y, en caso de inspección, les proporcione argumentos sólidos frente a posibles sanciones.
La propuesta se basa en lo previsto por la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (art. 24.2), que obliga a que los contratos entre proveedores sanitarios estén redactados por escrito e incluyan la modalidad de vinculación. Según Hernández, el objetivo es claro: “Dar un ladrillo más con el que el profesional pueda defenderse, aunque el criterio del colegio no sea vinculante legalmente”.
Visión judicial: lo que importa es la realidad, no el contrato
La magistrada Susana Molina Gutiérrez, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), dejó claro que en el ámbito del ejercicio privado sanitario, lo que determina si existe una relación laboral no es el tipo de contrato firmado, sino cómo se desarrolla realmente la actividad profesional. Recalcó que los inspectores pueden imponer sanciones directamente, sin que exista antes una declaración judicial, lo que deja a muchos profesionales en una situación de indefensión.
Molina recomendó preconstituir prueba documental y evitar los principales indicios de laboralidad, como el uso gratuito de instalaciones del centro, la gestión centralizada de agendas o el cobro de honorarios por parte del centro en lugar del profesional. “Si se quiere mantener una relación verdaderamente mercantil, hay que actuar en consecuencia: cobrar alquiler de espacios, permitir que el profesional facture directamente y documentar todo correctamente”, señaló.
Esta postura fue respaldada por Timanfaya Hernández, decana del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, quien denunció la “absoluta indefensión” que enfrentan muchas clínicas ante la falta de criterios homogéneos por parte de la Inspección de Trabajo.“Queremos hacer las cosas bien, pero no sabemos cómo. Lo que hoy se considera legal, mañana puede ser sancionado”, advirtió.
Sanciones millonarias y cierre de clínicas
La problemática no es nueva. Ya en 2023, durante una sesión similar organizada por ambos colegios, se denunció el incremento de inspecciones y sanciones por supuesta relación laboral encubierta, en muchos casos sin criterios uniformes. Se compartieron testimonios de clínicas multadas con actas de infracción que superaban los 500.000 euros, lo que ha derivado en cierres forzosos, embargos de domicilios y la reducción drástica de plantillas en el sector sanitario privado.
Papel clave de los colegios: guías, asesoramiento y criterios orientativos
La jornada también sirvió para reforzar el papel proactivo que pueden asumir los colegios profesionales. Tanto desde el ICOMEM como desde el COPM se coincidió en la necesidad de acercar la asesoría jurídica a los colegiados, especialmente a los más jóvenes. Se propuso crear circulares, guías prácticas y protocolos orientativos, y fomentar la consulta previa antes de firmar cualquier tipo de contrato.“Si un profesional quiere ser autónomo, debe comportarse como tal. No vale decirlo en el contrato y luego actuar como empleado”, insistió uno de los ponentes.
El abogado Fernando Valverde de Paula recordó que muchas sociedades médicas creadas para “evitar” la relación laboral son detectadas y sancionadas igualmente si no tienen estructura real ni facturación diversificada. “El papel lo aguanta todo, pero si no hay medios ni personal, el juzgado puede aplicar el levantamiento del velo y considerar que la relación es laboral”, explicó.
Durante la charla se advirtió con claridad: una mala elección entre relación mercantil o laboral puede costar miles de euros en sanciones, inspecciones sorpresa e incluso el cierre de clínicas. Los ponentes ofrecieron criterios prácticos para identificar los verdaderos riesgos legales, desmontaron falsas creencias sobre los contratos y presentaron herramientas jurídicas concretas para reducir la vulnerabilidad tanto de profesionales como de centros sanitarios.
