El Gobierno propondrá incluir el derecho al aborto en la Constitución española para «consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres». Para ello, tiene previsto impulsar un procedimiento de reforma ordinario de la Carta Magna lo que requeriría una mayoría cualificada para su aprobación, según han informado fuentes del Gobierno a Europa Press.
El anuncio se produce tras la polémica por la iniciativa de Vox aprobada en el Ayuntamiento de Madrid con el apoyo del PP, para ofrecer información sobre un supuesto «síndrome postaborto» a las mujeres que quieran interrumpir el embarazo.
Con la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez, España se convertiría en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024. El objetivo, según el Gobierno, es combatir «cualquier intento de retroceso futuro que amenace los derechos de las mujeres».
Además, el Ejecutivo quiere «impedir» que las mujeres que deseen interrumpir su embarazo reciban «información falsa o engañosa» o «sin evidencia científica», que pueda coaccionarlas, para lo que tiene previsto modificar el Real Decreto 825/2010.
Según han detallado las fuentes del Gobierno, la reforma establecerá la obligación de que toda la información que se brinde en materia de aborto tenga «base científica objetiva» y esté respaldada por «estándares de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA)». «Teorías sin base científica como el supuesto ‘síndrome posaborto’ no tendrían cabida en estas clasificaciones», avisan desde el Ejecutivo.
«En un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, España da un paso más para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas», han subrayado las citadas fuentes del Ejecutivo, que añaden que «combate así cualquier intento de retroceso futuro que amenace los derechos de las mujeres».
Asimismo, han recordado que el propio Tribunal Constitucional reconoció la interrupción voluntaria del embarazo como un «derecho esencial» de las mujeres en su sentencia 44/2023, de 9 de mayo.
«El Gobierno de España continuará trabajando en todas las vías posibles para evitar que las mujeres que quieran ejercer libremente su derecho sufran presiones de cualquier tipo. Nuestro país seguirá siendo así un referente internacional en la defensa de los derechos y las libertades de las mujeres», sostienen.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya advirtió el jueves de que el Ejecutivo sería «garante» del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en España, donde está siendo «menoscabado» e «instrumentalizado» por «muchos» gobiernos autonómicos.
Así lo aseguraba en declaraciones a los medios a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea en Copenhague (Dinamarca), al ser preguntado por la aprobación en el Consistorio madrileño de la iniciativa para informar a las mujeres sobre el «síndrome postaborto».
El jefe del Ejecutivo dijo que, «desgraciadamente», un derecho como la interrupción voluntaria del embarazo «está siendo menoscabado, está siendo instrumentalizado y hay muchas mujeres que se sienten privadas de este derecho como consecuencia de un dogmatismo ideológico, de un sectarismo político de instituciones que van más allá del Ayuntamiento de Madrid».
Según alertó Pedro Sánchez, «hay muchos gobiernos autonómicos dirigidos por el PP, con apoyo de la ultraderecha», que están «recortando ese derecho, derivándolo a clínicas privadas en lugar de poder garantizar ese derecho en el sistema nacional de salud pública». «Esto es algo que lleva pasando de forma recurrente», enfatizó.
«EXTRAORDINARIAMENTE GRAVE»
«Lo que sucede en el Ayuntamiento de Madrid es extraordinariamente grave y demuestra cuan profunda es la alineación del PP con Vox en todo lo que tiene que ver con derechos, en sus recortes, en su retroceso, en su regresión», declaró el presidente.
Sánchez también afirmó que el Gobierno «va a ser garante, una vez más, de que este derecho se preserve y no sea recortado ni menoscabado por la acción política de ayuntamientos que, claramente por su sectarismo político, por su dogmatismo ideológico, en lo que están es en la regresión de derechos tan fundamentales como son los derechos de las mujeres».
Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ya defendió el lunes la necesidad de blindar el aborto en la Constitución. En un acto conmemorativo por los 40 la legalización del aborto en España, la ministra se refirió a otros países, como Francia.
«Nos inspiran, y somos conscientes de que ese es el camino porque cuando los derechos se reconocen constitucionalmente, cuando hay un cambio de mayorías en el Gobierno, hay un respeto a las reglas de juego y las reglas de juego son las reglas constitucionales, son las reglas democráticas», señalaba Ana Redondo.
En cualquier caso, ya en marzo de 2024, Redondo reconocía que en España no se daban las circunstancias para blindar el aborto en la Constitución. «Lamentablemente, no creo que en España se estén dando ahora mismo las circunstancias que exigen esos cambios constitucionales y esos grandes consensos», dijo entonces en una entrevista a TVE que recogió Europa Press.
Este año se conmemora el 40 aniversario de la despenalización del aborto en España (Ley 5/1985), que lo reconocía de forma restringida. La Ley Orgánica 2/2010 reguló por primera vez el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma libre y sin supuestos durante las 14 primeras semanas de gestación.
En 2023, la LO 1/2023 amplió los mecanismos para garantizar el acceso a este derecho. Asimismo, la Ley Orgánica 4/2022, que modifica el Código Penal, refuerza la protección de este derecho al tipificar como delito las conductas de acoso y hostigamiento contra las mujeres que acuden a las clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo.
