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Jueves, 8 Diciembre 2022

El Colegio de Médicos de Orense, contrario a los recortes contemplados en el RD 16/2012

20/05/2012

 

El Colegio de Médicos de Orense ha hecho una valoración sobre las medidas del RDL 16/2012, considerando, a través de un comunicado, que "los recortes lineales, injustos e indiscriminados que en este decreto se plantean, no aportan nada a la resolución de la crisis económica general." Al contrario, en su opinión, "amenazan con deteriorar gravemente uno de los proyectos colectivos que nuestro país ha desarrollado con más éxito"

Orense, 21 de mayo 2012 (medicosypacientes.com)

El Colegio Médico de Ourense, tras su lectura en profundidad y con motivo de su convalidación por el Congreso, cree necesario fijar públicamente su opinión sobre el Decreto Ley de “Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”.

En primer lugar, considera  que dichas medidas "aportan muy poco a la sostenibilidad del sistema sanitario público y no conseguirán, ni de lejos, el ahorro pretendido de siete millones de euros. Más bien suponen, en esencia, un cambio del modelo que consagraba, desde la Ley General de Sanidad de 1986, la atención sanitaria como un derecho de ciudadanía. A partir de este decreto, ese derecho queda reservado a los “asegurados”, quedando excluidos de entrada los que no lo estén. Todo un retroceso histórico inaceptable para los que, en base a nuestras normas deontológicas, tratamos personas, no tarjetas sanitarias. Y que, además, incluimos en nuestras obligaciones como médicos, no sólo la atención urgente sino también la continuidad asistencial de los pacientes atendidos".

La entidad colegial recuerda que la nueva ley desarrolla un conjunto de disposiciones impuestas "sin participación de los profesionales sanitarios ni de las organizaciones que los representan, indiscriminadas, precipitadas y en las que el principio básico de la medicina: en primer lugar no hacer daño, no se respeta, pudiendo producir consecuencias negativas para la salud en los individuos más débiles y desfavorecidos y para la salud pública en general. Medidas, en suma, que en nada contribuyen a mejorar la calidad del sistema sanitario público y, mucho menos, su seguridad, como retóricamente indica el titulo del decreto".

Considera que el "farragoso copago farmacéutico que en él se plantea, no es la solución para disminuir el desproporcionado gasto en medicinas que nuestro estado soporta desde hace años. Buscar, como la Conselleira de Sanidade afirmó públicamente, un efecto disuasorio para que los pacientes –sobre todo los pensionistas- no retiren algunos de los fármacos que se les recetan, es presuponer que esas prescripciones no son racionales y necesarias. Lo que, al menos, parece poco respetuoso con la práctica médica en nuestra comunidad autónoma".

El Colegio de Médicos opina que "no es penalizando ni disuadiendo a los pacientes como debe reducirse el gasto, sino vía precios a través de subastas/compras centralizadas, con la mejora del formato de dispensación electrónica y vía reducción de la cantidad de recetas. Y esto es posible, sin copagos, a través de la racionalización de la prescripción y la disminución de la frecuentación en las consultas, desarrollando para ello nuevas estrategias en la gestión de la cronicidad, tal como ya están haciendo algunas comunidades autónomas". "No se trata, por tanto, -prosigue- de despilfarrar ni de ahorrar, sino de gastar sólo en aquello que sea útil para los pacientes. Y nada de esto puede conseguirse sin contar con los que desde la gestión del conocimiento, deciden cada día el gasto y la calidad de la asistencia sanitaria. Nadie conoce mejor que ellos dónde se puede recortar y dónde no. Sólo desde una apuesta real por la gestión clínica y por sólidos cambios retributivos que diferencien claramente a los profesionales sanitarios según compromiso y resultados con criterios de coste/eficiencia, debe buscarse la sostenibilidad del sistema".

Reconoce no obstante, que el articulado "tiene algunos aspectos positivos y justos como la gratuidad de los fármacos para los parados sin prestación económica y para las personas que perciben pensiones no contributivas. También lo es la generalización de la prescripción por principio activo, cuestión ésta ya definida así por el gobierno anterior".

Sin embargo, añade, "con un claro tinte autoritario, la ley modifica unilateralmente, aprovechando la circunstancia, los derechos consolidados del personal funcionario y de cupo y zona, cuestión ésta que nada tiene que ver con el objeto del decreto y que rechazamos tajantemente".

En suma, este Colegio entiende que situar a la Sanidad Pública como uno de los principales problemas económicos del país "es desvirtuar la realidad con motivaciones espurias. España tiene uno de los sistemas sanitarios más baratos y eficientes del mundo con una financiación insuficiente desde hace años, con determinados problemas de sostenibilidad y necesitado de una revisión estratégica. Por tanto, los recortes lineales, injustos e indiscriminados que en este decreto se plantean, no aportan nada a la resolución de la crisis económica general. Al contrario, amenazan con deteriorar gravemente uno de los proyectos colectivos que nuestro país ha desarrollado con más éxito".

La entidad colegial orensana considera que hoy, más que nunca, "es necesario afirmar que la sostenibilidad a corto y medio plazo de la Sanidad pública, entendida como un derecho del ciudadano sólo por el hecho de serlo, es posible aún en las circunstancias económicas más adveras si, en vez de medidas burdas y apresuradas, se desarrollan, con el tiempo y el consenso necesarios, cambios estructurales que apuesten por mejorar la eficiencia y la calidad del sistema, contando -en vez de obvaindo, como en esa ocasión se ha hecho- con los profesionales sanitarios que en su actividad diaria son los únicos que pueden hacerlo posible". "La Sanidad -concluye- no necesita recortes ni ahorros, sino una renovación en profundidad, con independencia de la crisis".