El Parlamento Europeo votó ayer a favor del Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá (CETA) con lo que culminó el proceso de su ratificación a nivel de la UE si bien tendrá que tener, además, el visto bueno de cada uno de los 28 Estados miembros. Las consecuencias de este convenio en el ámbito sanitario se traducen en un posible incremento del precio de los medicamentos y en la amenaza de privatización de servicios sanitarios
El pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer miércoles la ratificación del controvertido acuerdo comercial negociado por la Unión Europea y Canadá, «Comprehensive Economic and Trade Agreement» (CETA), El convenio fue respaldado con 408 votos a favor, 254 en contra y 33 abstenciones, con el apoyo mayoritario del Partido Popular Europeo (PPE), Liberales (ALDE), Conservadores y Reformistas (ECR) y un voto divido según delegaciones nacionales en el seno de Socialistas y Demócratas (S&D), lo que permitirá su entrada en vigor provisional la próxima primavera, a la espera de que los Parlamentos nacionales den luz verde a su aplicación definitiva, lo que llevará varios años.
Los Verdes y la Izquierda Unitaria se opusieron a su ratificación, porque dudan de las garantías que ofrece en materia laboral, protección medioambiental y sanidad, y alertan del poder que da a las multinacionales frente a las leyes nacionales. También la líder del Frente Nacional francés, Marine Le Pen, anuncióel voto en contra de su grupo.
El documento que recoge el acuerdo compuesto por 521 páginas, 42 capítulos que abarcan desde la eliminación de aranceles, la regulación sanitaria y fitosanitaria, inversiones, barreras regulatorias, propiedad intelectual, mecanismos de defensa del inversor ISDS, etc.
El CETA asegura no reducir ni cambiar las normas existentes en la UE en materia sanitaria, medioambiental, social y de seguridad y tampoco cambiaría las normas de seguridad alimentaria de la UE, y que este acuerdo no cubrirá los servicios públicos por lo que los Estados miembros pueden seguir manteniendo los monopolios públicos y seguir decidiendo qué servicios (salud, educación…) quieren mantener y cuáles quieren privatizar.
Por tanto, a nivel de competencia deja a los Estados el derecho a regular y llevar a cabo políticas públicas legítimas con objetivos tales como la protección de la salud. Todos los servicios están sujetos a la liberación al menos que se haga una excepción explicita.
Al menos 11 Estados miembros entre ellos España se han comprometido a liberalizar con el CETA los servicios de cuidados a largo plazo, como la atención residencial para la tercera edad, ello podrá chocar con las medidas para proteger el sector de la salud y la atención social.
Resulta preocupante, no obstante, que las regulaciones sobre asistencia sanitaria en España, a través del Sistema Nacional de Salud (SNS) pudieran verse amenazadas, ya que los inversores podrían desafiar las regulaciones de los sistemas de seguridad social, incluso las aseguradoras de salud pública. Se da la paradoja que en muchos sistemas de seguridad social es muy difícil decir si los servicios se suministran en condiciones comerciales o en competencia con uno o con otro proveedor de servicios, ya que no se diferencia entre comercio o competencia.
También se facilitará el reconocimiento mutuo de las cualificaciones de las profesiones reguladas en ambas orillas del Atlántico, aunque el acuerdo no menciona expresamente a las profesiones sanitarias, no obstante, existe actualmente una ausencia de requisitos coherentes para los profesionales, lo que da pie a que las organizaciones profesionales como la Organización Médica Colegial (OMC) y el Ministerio de educación puedan colaborar más estrechamente en los detalles técnicos de reconocimiento de títulos.
Mientras, aquellos servicios públicos que sean privatizados como la sanidad pueden poner en riesgo los sistemas nacionales de salud en Europa y la pérdida de miles de puestos de trabajo, los derechos sociales, asi como la apuesta por un modelo económico sostenible”. Algunos expertos vaticinan la eliminación de “al menos” 200.000 empleos en Europa.
Respecto a los medicamentos, la prevalencia de la Propiedad Intelectual sobre el derecho a la salud puede influir en la protección de los intereses de la industria farmacéutica en términos per cápita. Los costes de medicamentos canadienses sitúan a este país en la segunda más alta del mundo después de Estados Unidos. El Acuerdo CETA entre la Unión Europea (UE) y Canadá va a exacerbar aún más la subida de los costes por diversos motivos, entre ellos, la creación de un nuevo sistema de aumento de duración de la patente retrasará la entrada de medicamentos genéricos al menos dos años.
Asimismo, la implementación de un nuevo derecho de apelación de conformidad con el sistema de vinculación de las patentes creará más retrasos en la entrada de los genéricos.Se calcula que el CETA aumentaría el precio de los medicamentos en Canadá en casi 3.000 millones de dólares al año.
Cabe recordar que la Comisión de Comercio de la Eurocámara (INTA) ha sido la encargada de liderar los debates sobre el CETA, pero las comisiones de AFET (Asuntos Exteriores), ENVI (Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Agroalimentaria) y EMPL también se han pronunciado sobre el CETA. EMPL ha sido la única de las cuatro que ha votado en contra de este acuerdo, por un resultado ajustado (27 votos frente a 24). Los críticos recuerdan este voto para asegurar que el acuerdo será malo para los empleos en Europa.
La Unión Europea y Canadá dieron por cerradas las negociaciones en agosto de 2014, pero el acuerdo definitivo no fue suscrito hasta octubre de 2016, tras superar los recelos de varios Estados miembros, en especial de Bélgica por el bloqueo ‘in extremis’ de su región valona.
Casi la totalidad de las disposiciones del acuerdo entrarán en vigor de manera provisional previsiblemente en el mes de abril, si la parte canadiense también ratifica en las próximas semanas el texto negociado. El CETA entre la UE y Canadá es un convenio de competencia «mixta» que del lado europeo comparten la propia UE y los Estados miembros, lo que implica que para su aplicación plena será necesario también contar con el visto bueno formal de cada uno de los 28 países de la UE. Bastaría con que un único parlamento nacional rechazara el CETA, para que este quedara suspendido.
(Se adjunta texto íntegro del acuerdo en PDF)
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