El Dr. Serafín Romero, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), aseguró que “los efectos adversos de las intervenciones médicas y sanitarias tienen, según las estimaciones disponibles, un impacto muy relevante sobre la salud, la organización de los servicios sanitarios y la economía porque la cultura de la culpa y el miedo ha fomentado una costosa e indeseable medicina defensiva”
El Dr. Romero realizó estas manifestaciones en el marco de la XVIII Asamblea Anual Ordinaria de la Confederación Médica Latinoiberoamericana y del Caribe (CONFEMEL), donde participó en una mesa que analizó la judicialización y la praxis médica, junto al Dr. Carlos Daniel Alico, presidente del Colegio Médico de Santa Fe y el Dr. Luis Mazzuoccolo, director de la Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires Distrito IV, y comentó que “se trata de un problema prioritario de salud pública mundial” que ha conllevado un aumento de las actuaciones dirigidas a mejorar la seguridad del paciente y otras consecuencias como el “auge de la medicina defensiva”.
Hizo referencia a las “segundas víctimas”, los profesionales que afrontan consecuencias emocionales como “ansiedad, frustración y sentimientos de culpa, miedo a las consecuencias legales y a la pérdida de reputación”. También a las “tercereas víctimas”, organizaciones y centros sanitarios que “pueden sufrir una pérdida de prestigio y de confianza como consecuencia de un incidente relacionado con la seguridad del paciente”.
El presidente del CGCOM aludió a los derechos fundamentales de los pacientes introducidos en las últimas décadas, así como a la interpretación del daño sanitario en el paciente perjudicado y dijo que “hemos pasado del uso de la resignación a la cultura de la reclamación y correspondiente compensación”, que se asienta en un “complejo entramado de asuntos como el aseguramiento, valoración, enjuiciamiento e indemnización”, lo cual ha provocado un “controvertido baremo de daños sanitarios, con visiones diferenciadas y azarosa existencia desde 2004, año en el que el Ministerio de Sanidad empezó a planteárselo.
Aseguró, tal y como ya destacó en su intervención en el XXVI Congreso Nacional de Derecho Sanitario, que el baremo complementario a la Ley sobre indemnizaciones por accidente de circulación es un asunto de inquietud para el CCGOM, trabajo para el Consejo Asesor de Sanidad y un “objeto de deseo” para los operadores del Derecho en estas materias.
En su opinión, este baremo supondría una regulación de la cuantía de las primas pagadas a las aseguradoras, una reducción del número de procedimientos judiciales y mayor número de acuerdos extrajudiciales y de mediación, así como una reducción de peticiones de “indemnizaciones desproporcionadas”.
Hizo una relación de las consecuencias derivadas de la no existencia de un Baremo de Daños Sanitarios, entre ellas, seguir desconociendo con la profundidad precisa la epidemiología de los errores y procesos adversos sanitarios; En resumen, aseguró que esta falta de Baremo “perjudica la seguridad de los pacientes, de los ciudadanos y la del propio SNS, incrementando innecesariamente sus costes, además de hacerse cargo con sus presupuestos de imprevisibles indemnizaciones en perjuicio de la sostenibilidad del gasto asistencial”.
