El presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), Dr. José María Lailla, en una entrevista para Médicos y Pacientes, en la que se pronuncia sobre el Anteproyecto de Ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, aboga por la reforma contemple la «prevención del embarazo no deseado»
Madrid, 30 de enero de 2014 (medicosypacientes.com)
Tras expresar su decepción porque el Gobierno no tenga en cuenta la opinión de los profesionales, algo que califica de «desconsideración hacia nuestro quehacer médico», destaca las «lagunas» del Anteproyecto, entre ellas, la salud sexual y reproductiva que aportaba la anterior legislación, que «aunque no se avanzase mucho, al menos estaba previsto».
Por ello, pide que se legisle desde la prevención, que sea una ley «perdurable en el tiempo», al margen de cambios de Gobierno, y que mejore la calidad asistencial. Y considera «desafortunado» que la memoria sobre el impacto normativo de esta ley justifique que producirá un «impacto neto positivo por los beneficios esperados por el incremento de natalidad».
Entrevista:
Desde que el Gobierno hizo público el anteproyecto de Ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, la SEGO ha ofrecido a los Ministerios de Sanidad y Justicia su colaboración y asesoramiento para la elaboración de este anteproyecto ¿han recibido respuesta?.
Efectivamente en fecha 15 de enero, dirigí una carta al Sr. Ministro de Justicia y a la Sra. Ministro de Sanidad, ofreciendo la colaboración de la SEGO en las posibles modificaciones de la Ley. Hasta el momento presente no hemos recibido ningún tipo de respuesta.
El hecho de que el Gobierno haya pedido informes a 29 organismos y entidades sobre la reforma, y no a la sociedad a la que pertenecen los profesionales que tendrán que llevar a cabo lo que establezca la Ley ¿les decepciona?.
Realmente así es. Los obstetras y ginecólogos, así como muchos médicos de familia e incluso las matronas, somos los primeros conocedores de los problemas que tiene una mujer en un embarazo y los que conocemos más de cerca la realidad social que representa el aborto en sí. El no tener en cuenta nuestra opinión, y más aún cuando nos hemos ofrecido para colaborar, creo que debe considerarse como una desconsideración hacia nuestro quehacer médico.
Tampoco se ha solicitado la opinión de sociedades de la psiquiatría o psicología donde están los profesionales responsables de realizar los informes. ¿qué opinión le merece esto y la responsabilidad que traslada la reforma a estos profesionales?
Mi información es que ningún tipo de personal sanitario ha sido requerido para dar su opinión. En cuanto a mi opinión sobre el informe que deben emitir dos psiquiatras o psicólogos, entiendo que no tiene sentido. ¿Cómo cree que van a encontrar estos compañeros a una señora que le acabamos de comunicar que su hijo esperado con ilusión tiene una malformación? Me pregunto y creo poder responder con una negativa, si los psiquiatras y psicólogos asumirán la responsabilidad de decidir por una gestante lo que puede o debe hacer. Esta medicalización de la respuesta, entiendo que es carente de sentido.
Son muchos los factores que se implican en una decisión de este tipo, nunca fácil y siempre dramática para una gestante. El hecho de que otra persona decida por ti, no resuelve tu problema personal.
¿Cómo cree que va a afectar esta reforma a los profesionales de la sanidad?
Creo que de una vez por todas lo que hay que hacer es que todas las personas que estén en un lugar de responsabilidad en este tema (entiendo políticos, representantes sociales, sociedades sanitarias, etc.) deben sentarse alrededor de una mesa y elaborar, como tienen en la mayoría de países de nuestro entorno, una ley que sea perdurable en el tiempo y no que cada vez que cambia el perfil (no sólo del Gobierno sino del propio Ministro) se modifique. Creo que es una falta de respeto a la sociedad en general y a los profesionales de la sanidad en concreto que no sabemos a qué avenirnos.
¿Cuáles son, en su opinión, las lagunas que presenta el anteproyecto?
Una ley de este tipo puede abordarse desde distintos puntos de vista: legales, morales, éticos, deontológicos, y médicos y probablemente alguno más; a mí entender lo que no se puede es hacer es coger lo que me interesa de cada tipo de planteamiento.
En esta ley por ejemplo se ha suprimido todo lo que aportaba la anterior sobre la salud sexual y reproductiva, es decir la prevención del embarazo no deseado. Hay que insistir en la educación y formación desde la familia, la escuela, hasta los medios de comunicación, hay que facilitar la contracepción para quien lo desee, la orientación familiar. No es que con la anterior ley se avanzase mucho en este aspecto, pero sí que al menos estaba previsto.
En segundo lugar se habla de la mujer violada, y se olvida de que en la mayoría de autonomías existen protocolos de actuación para actuar en estos casos (avalados por la SEGO) en los que se indica claramente qué hay que hacer, prevención en el momento de la denuncia de la violación de las posibles enfermedades de transmisión sexual que se hayan podido transmitir en este acto, del embarazo y del trauma psíquico posiblemente causado. En este anteproyecto de ley, a la mujer se le dan 14 semanas para decidir en el caso de que hubiera quedado gestante lo que hace con su hijo. ¿El feto de la violada no tiene los mismos derechos que los otros? parece que no.
En tercer lugar hay que definir si queremos una ley de supuestos o de plazos, en un sentido o en el otro hay que definir bien lo que se incluye y no dejarlo a valoraciones subjetivas.
De aprobarse esta reforma tal y como está en el anteproyecto ¿implicaría cambiar los protocolos asistenciales y de los cribados de las malformaciones congénitas?
Algunos grupos ya nos lo han pedido, pero la SEGO ha manifestado claramente que no está en nuestra mente modificar ningún protocolo de actuación en este sentido, ya que la finalidad de los mismos no es inducir al aborto, sino diagnosticar todas aquellas malformaciones que puedan verse tratadas en el periodo fetal o neonatal inmediato y es así porque consideramos al feto como una persona, con el derecho de ser diagnosticado y tratado si tuviera algún problema.
Esta reforma vuelve a la legislación de 1985, centrada en supuestos. Desde la perspectiva profesional ¿cómo ve retrotraernos 28 años?
Entiendo que el problema no es el retrotraernos o no, sino que cada nueva ley tiene que ser una aportación para mejorar nuestra calidad asistencial, no sólo en el aspecto médico, sino también en el social y este semblante no lo veo contemplado en este anteproyecto de ley.
El anteproyecto aborda el aspecto legal y moral. ¿Dónde queda el deontológico y ético?
Como he dicho antes, se mezclan demasiados puntos de vista, más que de conceptos.
Cree que la sociedad civil demandaba una reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2012?
En estos momentos no existía esta demanda.
La discrepancia que ha provocado la reforma, incluso entre miembros del partido del Gobierno ¿considera que puede provocar su paralización?
Yo creo que estos distintos posicionamientos incluso en personas con ideologías semejantes debería llevar a una reflexión serena, un periodo para escuchar y dialogar, antes de dar un paso más en la ley.
El ministerio de Justicia ha elaborado una memoria sobre el impacto normativo de esta Ley de interrupción voluntaria del embarazo y en ella justifica como primer motivo para la reforma «la no disminución de abortos practicados». Si los últimos datos muestran que los abortos han descendido de 118.000 a 112.000 ¿Cómo se justifica esto?
Desde el punto de vista médico y científico no se habla de números absolutos, sino de tasas de abortos considerados por 1000 mujeres o por 1000 nacidos vivos y hemos de aceptar que la tasa global de nacimientos también ha disminuido, por consiguiente esto no me sirve. Pero es igual; con que sólo exista una mujer que tenga que plantearse este problema, tendríamos que preocuparnos por el tema.
En esta memoria, se habla sobre los efectos económicos de la reforma y se dice que producirá un «impacto neto positivo por los beneficios esperados por el incremento de la natalidad» ¿Qué opina del hecho de que una ley de este calado moral puede medirse en impacto económico?
Considero que ha sido uno de los comentarios más desafortunados, sobre el tema. La respuesta que se la de cada uno.
Esta nueva reforma puede provocar que las españolas que puedan viajen a países de la Unión Europea donde existe ley de plazos. ¿Aumentarán los abortos?
La realidad es que las leyes no disminuyen ni aumentan los abortos, las mujeres que tengan necesidad de abortar lo harán donde puedan y lo peor es que posiblemente en condiciones sanitariamente incorrectas. Los que por edad hemos vivido la época del aborto clandestino y hacíamos guardias en grandes hospitales, sabemos lo que es ver morir mujeres jóvenes por hemorragia o por infección. Esto no quiere decir que debamos hacer una ley de manga ancha, ni mucho menos, pero si legislar bien, desde la prevención que insisto es muy importante, a dejar muy claro lo que se puede hacer y esto hacerlo bien.
