Dr. Javier García Alegría: “Desacreditar el malestar de los médicos no va a solucionar nada, hace falta una gran pacto nacional por la Sanidad”

 

 

Los objetivos específicos para el próximo bienio los tiene que establecer la nueva Junta Directiva que acaba de tomar posesión. No obstante, en estos dos últimos años FACME ha trabajado en varios proyectos que debemos continuar. Entre ellos, la recertificación profesional, la formación médica continuada, la evaluación de medicamentos y de tecnología sanitaria, la recuperación del sistema sanitario postpandemia, la historia digital y el conjunto mínimo de datos en los informes clínicos, o el proyecto de género. 

 

Para poder lograr estos objetivos tenemos que mantener distintas alianzas estratégicas con otras instituciones y sociedades, incentivar nuestros Grupos de Trabajo, reforzar la comunicación e incrementar las interacciones con las autoridades sanitarias y los grupos políticos. 

 

Además, otros proyectos que tenemos en mente son la mejora de los sistemas de información y de evaluación de los resultados asistenciales y en lograr acuerdos con los distintos agentes involucrados ante un sistema sanitario en crisis.  

 

 

Sin duda lo mejor de la sanidad este año ha sido que se ha atenuado el impacto de la pandemia de COVID-19 gracias a la vacunación poblacional. Hemos asistido a un hecho histórico a la hora de afrontar una nueva infección viral de elevada contagiosidad y alta mortalidad en la que la ciencia, mediante la colaboración público-privada, ha dado una respuesta ejemplar: eficaz, segura y rápida.

 

Esto ha puesto de manifiesto su capacidad para resolver problemas del ser humano, pero también la necesidad de una inversión científica nacional sustancial si queremos estar entre los países de vanguardia. 

 

La organización sanitaria ha hecho posible la vacunación masiva de la población en un breve plazo. En este aspecto hay que destacar la aportación de FACME que ha generado numerosos documentos acerca de las vacunas COVID-19, elaborados por expertos, que han sido muy útiles, y de amplia difusión y cuyo objetivo era orientar a las autorizades sanitarias, profesionales y población.

 

Lo peor ha sido que el sistema sanitario ha mostrado las consecuencias del desbordamiento sufrido durante la pandemia en los dos años anteriores. La COVID-19 puso en jaque nuestro sistema, ya previamente muy tensionado, mostrando sus debilidades, en parte paliadas gracias a la entrega ejemplar de los profesionales. Retrasos en el acceso a la asistencia sanitaria en una Atención Primaria muy sobrecargada y descapitalizada, en la realización de pruebas diagnósticas, el incremento del número de urgencias, de los pacientes en lista de espera, y serias disfunciones en los programas de cribado y en las actividades preventivas que antes se venían realizando se han unido a la sobrecarga de los profesionales, a la falta de tiempo médico, y a un agotamiento físico y mental. Todo ello hace que la situación no sea muy halagüeña si no se toman medidas correctoras. 

 

 

Este debate entraña bastante confusión conceptual y terminológica que hay que clarificar. Los datos objetivos son los siguientes: en 2021 había colegiados casi 284 000 médicos en España (6 médicos/1000 habitantes), ha habido un incremento en su número del 14% en los 5 últimos años y tenemos una tasa por población por encima del promedio de los países de la Unión Europea. Y, este año el Ministerio de Sanidad ha confirmado que hay un total de 12 629 médicos candidatos al examen MIR para 8 550 plazas ofertadas. Por tanto, en un sentido estricto no habría un déficit de médicos en nuestro país.

 

Sin embargo, cuando se hace un análisis más pormenorizado la situación cambia. La necesidades de salud y la complejidad de la Medicina exigen un alto nivel de cualificación en un campo de conocimiento específico. La legislación española obliga a tener una especialidad con un programa de formación reconocido para trabajar en el sistema público. Por otra, hay una gran segmentación de las necesidades según especialidades concretas, comunidades autónomas, ciudades, centros sanitarios y lugar de trabajo (público-privado, hospital-Atención Primaria). 

 

También hay una demanda creciente de nuestros médicos especialistas por parte de otros países que reconocen la calidad de nuestro sistema formativo y ofrecen mejores sueldos y unos contratos más atractivos y estables. Nuestros jóvenes con mayor conocimiento de idiomas, que consideran a muchos países como una oportunidad laboral y vital, terminan emigrando con una sangría de talento y un dispendio de dinero público invertido. ¡Exportamos bastantes profesionales de alta cualificación cuya formación ha sido financiada con dinero público! 

 

Por otra parte, ha llegado la hora de la jubilación de la generación del “baby boom” que se incorporó al sistema cuando se abrieron muchos centros en los años 80 del siglo pasado y muchos médicos que podrían mantenerse activos después de los 65 años, a tiempo completo o parcial, optan por la jubilación definitiva ante una situación laboral poco atractiva.

 

Otro factor que contribuye al problema es la desigualdad del número de especialistas entre las diferentes comunidades autónomas y provincias. Por lo tanto, es completamente cierto que hay carencias de determinados especialistas en comunidades, centros y localidades concretas. 

 

Además, se debería hablar de tiempo médico de especialista disponible en el sistema sanitario, y tratar de reducir las múltiples actividades que no aportan valor y que se podrían evitar. 

 

Por lo tanto, resulta prioritario hacer un estudio demográfico preciso para definir la situación, hacer un plan nacional de recursos humanos y tratar de reducir las actividades innecesarias de los médicos si no queremos estar dando bandazos o plantear soluciones atropelladas.

 

 

Las sociedades científicas (SSCC) tienen como objetivo principal mantener el conocimiento, las competencias y los estándares de calidad de sus asociados con actividades de formación continuada, con guías de práctica clínica, con la investigación colaborativa, mediante la definición de los estándares de calidad y los sistemas de acreditación de los servicios clínicos, y el asesoramiento a las autoridades sanitarias en la organización y evaluación de la calidad asistencial. 

 

Las SSCC, como organizaciones de conocimiento y experiencia, y FACME, en su papel coordinador y transversal, tienen más que nunca, deberes y compromisos ineludibles con nuestra sociedad. Tenemos ante nosotros un reto crucial y deberíamos tener un protagonismo especial como interlocutores de las autoridades sanitarias, educativas y científicas, dentro de una iniciativa global que incluya a otras instituciones y organizaciones de nuestro país. 

 

Las SSCC son organizaciones sin ánimo de lucro que atesoran conocimiento, talento y experiencia técnica que ofrecen de manera altruista. Como ejemplo basta comentar la propuesta FACME de un modelo único compartido de recertificación profesional en España que fue aprobado por todas ellas. Esta propuesta se ha hecho tras años de trabajo y la revisión de modelos europeos y norteamericanos de certificación profesional. El esquema general es compartido por todas las especialidades, aunque cada una de ellas fija sus competencias, dentro de unos dominios o grupos competenciales y propone los porcentajes de logro y los grupos competenciales mínimos a incluir. Los médicos, a lo largo de su vida profesional, tienen que acreditar ante los pacientes y ante la sociedad la vigencia de sus competencias en su especialidad, y esto sólo puede ser llevado a cabo con unos criterios definidos, y unos auditores que sean sus “pares profesionales” con una experiencia contrastada. 

 

Creemos que estamos ante una oportunidad única para el desarrollo e implantación de la recertificación en nuestro país-una directiva europea cuya normativa lleva años sin desarrollarse-y las SSCC no entenderían que su propuesta no fuera tenida en cuenta. 

 

 

La situación actual es la crónica de un problema largamente anunciado. La premisa básica es que los médicos de manera excepcional plantean conflictos laborales o huelgas pues tenemos interiorizada la primacía de nuestros compromisos éticos con los pacientes y con la sociedad. Llevo más de cuatro décadas de profesión y tengo dificultad en recordar en mi ámbito huelgas de médicos por motivos salariales o laborales. Estas son la consecuencia final y el último recurso ante la falta de diálogo y acuerdo. 

A mi juicio hay dos preguntas esenciales: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? y ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Desde hace años hay una insatisfacción creciente de los médicos por la inestabilidad laboral, los contratos precarios y a veces humillantes, la ausencia de convocatorias de oposiciones o de traslados, las largas jornadas de trabajo, la inseguridad personal y familiar, la necesidad de hacer guardias o de trabajar simultáneamente en la sanidad privada para completar el salario, las mayores cargas de trabajo, la gran cantidad de labores administrativas clínicamente irrelevantes, la falta de respuesta a los problemas sociales tan relacionados con la salud y  los programas informáticos poco amables diseñados a sus espaldas. 

 

Además, otros aspectos como la mayor complejidad de los pacientes y de los esquemas de tratamiento sin disponibilidad de tiempo, la discrecionalidad en el nombramiento de directivos sanitarios-a veces con poco bagaje-que responden a los designios políticos, la ausencia de representación técnica efectiva en los centros, y una desigualdad en la financiación y en los recursos disponibles, han tenido un detonante final que ha sido la pandemia y sus secuelas. 

 

Actualmente bastantes médicos no ven reconocidos sus esfuerzos y dedicación por parte de la sociedad, tienen incomprensión hacia lo que les sucede, una falta de autoestima y una desmotivación progresiva.  Este problema es generalizado en España aunque los motivos que finalmente desencadenan la conflictividad laboral son de carácter autonómico, pues allí está la responsabilidad de la gestión sanitaria. 

 

Simplificar la complejidad del malestar de los médicos o tratar de desacreditarlos no va a ayudar a dar las soluciones necesarias y de calado. Hace falta una gran pacto o acuerdo nacional por la sanidad, un bien esencial de nuestra sociedad a proteger y disponer de un estatuto específico de la profesión médica por sus muchas peculiaridades. 

 

 

Durante la propia pandemia FACME vio con preocupación que se hablaba mucho de la infección Covid-19 y muy poco de su impacto en el resto de las patologías. Por este motivo realizamos el informe “Impacto de la COVID-19 en lo No-COVID: Estrategias e intervenciones para ‘re-priorizar’ la atención NO-COVID en el Sistema Nacional de Salud”. 

 

Este informe, que se presentó a las autoridades ministeriales y de los servicios autonómicos de salud, de manera resumida incluye las siguientes recomendaciones estratégicas: 1) recuperar a los pacientes demorados, 2) mejorar el manejo y seguimiento de los pacientes crónicos, 3) dar mayor calidad y proactividad en los procesos diagnósticos, y 4) reorganizar y asignar nuevos recursos. 

 

Estas intervenciones se deberían hacer por parte de las autoridades con los fondos de recuperación europea y contar con la participación de los profesionales. Se necesitaría un nuevo “Informe Abril” de la situación actual y unos nuevos “Pactos de la Moncloa” para una Sanidad del siglo XXI. 

 

 

La relación entre ambas instituciones es fluida y permanente, y la de sus directivos cercana y cordial. Ambas organizaciones formamos parte del Foro de la Profesión Médica, junto a la Conferencia de Decanos de Medicina, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, y el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, y compartimos unos objetivos comunes para el mantenimiento y la garantía de calidad del sistema sanitario. 

 

Coincidimos sustancialmente en el análisis de la situación actual de los médicos en España. Por otra parte, defendemos un modelo de conjunto de Validación Periódica de la Colegiación (VPC)-Recertificación Profesional (R) en donde la responsabilidad de la primera recaiga en los colegios de médicos y la segunda en las sociedades científicas de cada especialidad.