Cerca de dos millones de personas en España padecerán alzhéimer u otras demencias en 2050 si no se adoptan medidas estructurales de prevención, diagnóstico temprano y atención integral, según los neurólogos que participaron este lunes en la presentación en el Congreso de los diputados del informe técnico ‘Propuestas para una nueva priorización del alzhéimer en España’, elaborado por el Observatorio del Alzheimer y las Demencias.
Según los datos recogidos en este documento técnico, el alzhéimer representa hoy en España entre el 60% y el 70% de los casos de demencia y afecta a entre 830.000 y 950.000 personas. Las proyecciones demográficas, ligadas al envejecimiento de la población, apuntan a que en 2050 la cifra podría situarse en torno a dos millones de personas, lo cual tendrá «profundas consecuencias sanitarias, sociales y económicas», según coincidieron responsables institucionales, expertos sanitarios y representantes del ámbito científico.
Impulsado por la Fundación Pascual Maragall, el informe ‘Un nuevo escenario en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del Alzheimer: propuestas para preparar el Sistema Nacional de Salud’, recomienda situar esta enfermedad como una «prioridad estratégica de Estado ante su impacto sanitario, social y económico». Alerta además de que entre el 30 % y el 40 % de los casos podrían estar sin diagnosticar, lo que «retrasa la intervención clínica y limita de forma significativa las opciones terapéuticas». También subraya que «el diagnóstico precoz es un elemento clave para poder beneficiarse de los avances terapéuticos actuales y futuros» y advierte de que «el modelo diagnóstico vigente presenta barreras importantes que dificultan su aplicación generalizada».
El neurólogo Pablo Villoslada destacó que los nuevos marcadores de plasma, basados en un análisis de sangre, suponen un cambio de paradigma diagnóstico. Explicó que las herramientas diagnósticas tradicionales presentan limitaciones relevantes. La confirmación mediante biomarcadores obtenidos por punción lumbar requiere procedimientos invasivos y recursos hospitalarios, mientras que las pruebas de PET cerebral tienen un elevado coste y una disponibilidad limitada. Estas dificultades logísticas y económicas explican que muchos profesionales no puedan utilizar de forma sistemática estas técnicas, pese a su utilidad clínica, según este doctor.
«Los nuevos marcadores de plasma representan un cambio de paradigma diagnóstico y pueden permitir que el Sistema Nacional de Salud (SNS) incorpore la detección precoz del alzhéimer de forma más eficiente y equitativa», añadió. Estos marcadores, basados en un «simple» análisis de sangre, permiten «identificar de forma temprana alteraciones biológicas asociadas a la enfermedad, facilitando diagnósticos más rápidos, menos invasivos y más accesibles».
CAPITAL INTELECTUAL
Este primer tratamiento es «capaz de modificar el curso de la enfermedad», aunque con «una eficacia todavía modesta». Así lo explicó el médico experto en salud pública Josep Maria Argimon, quien advirtió que estos tratamientos «no curan la enfermedad», pero sí consiguen «ralentizar su progresión, lo cual supone un hito tras décadas sin opciones que actuaran sobre su evolución». Además, advirtió de que su impacto depende de que se administre en fases muy tempranas, lo cual «refuerza la importancia del diagnóstico precoz».
Argimon recomendó «promover la actividad cognitiva, la actividad física y, de forma muy destacada, la actividad social». Además «alertó del aislamiento social como uno de los factores de riesgo más relevantes en el deterioro cognitivo». Insistió en que «la prevención es la base» y que la «adaptación del sistema de salud debe ir de la mano de la evolución del sistema social». Se trata de afrontar un reto, pero también de «reconocer una oportunidad en el ámbito de la salud cerebral». «Imaginemos el capital social y cerebral que representan esos millones de personas” si se apuesta por la prevención y el diagnóstico temprano. «La salud del cerebro es un activo social y económico, e invertir en salud cerebral es invertir en el futuro», afirmó.
Desde el punto de vista de la atención primaria, la médica de familia Araceli Garrido explicó que como «las demencias están cada vez menos estigmatizadas; las personas consultan antes, lo que exige una mayor capacidad para discriminar síntomas desde fases iniciales», si bien alertó de la «falta de tiempo y de recursos diagnósticos».
UNA EPIDEMIA SILENCIOSA
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, destacó durante la inauguración «la relevancia social de este documento» y agradeció a la Fundación Maragall que haya puesto con este trabajo las demencias «en el centro del debate político». Armengol recordó que la enfermedad constituye «un reto sanitario, social y económico», pero también una «cuestión de justicia social y de derechos». Además, la definió como una «epidemia silenciosa», frente a la que la mayor inversión en ciencia e investigación «resulta fundamental».
«Sabemos que hay cosas que funcionan para prevenir y que en los próximos años dispondremos de herramientas terapéuticas para abordar la enfermedad de una forma significativa», dijo el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, quien advirtió de que «no se puede cambiar el sistema solo para responder a lo que aún no existe». Por ello, reclamó «no descuidar la atención sociosanitaria y avanzar en un marco estable de financiación que permita afrontar los nuevos retos reforzando la prevención y la adherencia».
Los especialistas coincidieron en que, «sin una transformación del modelo diagnóstico, existe el riesgo de que los tratamientos estén disponibles antes de que el sistema sea capaz de identificar a tiempo a los pacientes que pueden beneficiarse de ellos». Además de su impacto clínico, indicaron que «el diagnóstico precoz reduce riesgos, mejora la planificación terapéutica y permite anticipar necesidades asistenciales y sociales». La incorporación del uso de marcadores de plasma también «facilitaría una mejor planificación del sistema sanitario, al permitir circuitos asistenciales más ágiles y eficientes».
El documento incide en el impacto social. La enfermedad requiere una «atención intensiva y prolongada», con una media estimada de unas 70 horas semanales de cuidados, que recaen mayoritariamente en el entorno familiar. Más del 80 % de la atención es prestada por cuidadores informales, en su mayoría mujeres, lo que genera importantes consecuencias sociales, laborales y de género, añade el informe.
La presidenta de la Fundación Maragall, Cristina Maragall, señaló que «nos encontramos en un momento clave», en el que anticiparse es «el mejor modo de apoyar y acompañar a las familias». Advirtió de que las profundas consecuencias del alzhéimer en las personas afectadas y en quienes las cuidan «cuestionan la sostenibilidad de nuestro sistema». Maragall subrayó que el nuevo escenario científico «genera esperanza, pero también plantea debates», y defendió que la investigación es «una herramienta imprescindible para encontrar soluciones».
LA SEGUNDA ENFERMEDAD QUE MÁS PREOCUPA
El director general de la fundación, Arcadi Navarro, destacó que el informe es fruto del trabajo de 40 expertos y afirmó que «no es un trámite, sino una gran oportunidad y una invitación a impulsar un marco de atención que esté a la altura del reto». Navarro recordó que las demencias son «una de las principales amenazas para la sanidad» y que el alzhéimer «es la segunda enfermedad que más preocupa a los españoles, solo por detrás del cáncer». Detalló que el coste de la enfermedad puede alcanzar los 42.000 euros anuales por persona, y hasta 90.000 euros en los casos que requieren cuidados las 24 horas. De ese importe, las familias asumen aproximadamente el 87 %, frente a un 13 % cubierto por financiación pública, una distribución que los autores del informe consideran «difícilmente sostenible a medio y largo plazo».
El documento plantea finalmente un conjunto de propuestas orientadas a reconfigurar el abordaje del Alzheimer en España, que incluyen la mejora de la prevención actuando sobre factores de riesgo modificables y el refuerzo del diagnóstico precoz desde la atención primaria. Además, la integración de la atención sanitaria y social, el impulso de la investigación y la adaptación del sistema a la incorporación de nuevas terapias y tecnologías, con especial atención «a la equidad social y territorial».
ACCESIBILIDAD COGNITIVA
El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, anunció que su departamento está ultimando un protocolo de consentimiento informado adaptado a personas con deterioro cognitivo, al advertir de que muchos pacientes «no entienden lo que se les tiene que hacer» en los procedimientos sanitarios. Martín Blanco subrayó la necesidad de dotar de herramientas específicas a los profesionales y avanzó que próximamente verá la luz un Real Decreto de accesibilidad cognitiva, orientado a garantizar los derechos y la comprensión de las personas con discapacidad.
