Este martes, 10 de marzo, ha tenido lugar en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC) la jornada especial de agresiones en el marco del Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, que se celebra todos los 12 de marzo.
Esta jornada ha reunido a representantes de la Comisión de Sanidad del Congreso de los diputados, de los consejos generales de distintas profesiones sanitarias, dl Ministerio de Sanidad, de organizaciones europeas, interlocutores policiales sanitarios y aseguradoras, para abordar las agresiones con todos los agentes implicados y desde todas las perspectivas. Alrededor de cinco mesas de debate, los ponentes han presentado las diferentes medidas y retos a los que se enfrentan para luchar contra este fenómeno y garantizar la seguridad de profesionales y pacientes.
Las fuerzas políticas coinciden en la necesidad de reforzar la protección jurídica y la gestión sanitaria para frenar las agresiones a profesionales
La mesa ‘Estrategias legislativas frente a las agresiones a los profesionales sanitarios’ ha reunido a los portavoces de la Comisión de Sanidad del Congreso —María Sainz (PSOE), Elvira Velasco (PP), Alda Recas (SUMAR) y David García (VOX)— en un debate moderado por Raquel Murillo, directora general de A.M.A. Durante el encuentro, todos los grupos coincidieron en que la violencia hacia sanitarios es un problema estructural, cronificado y con profundas raíces sociales y asistenciales, que exige una respuesta integral y coordinada.
Murillo ha abierto la sesión poniendo en valor los instrumentos jurídicos existentes y la experiencia acumulada por A.M.A. en el acompañamiento a profesionales agredidos desde hace décadas, destacando que la protección legal, la formación y la prevención son claves para reducir la vulnerabilidad de los sanitarios, especialmente en entornos de atención primaria, urgencias y atención domiciliaria. Ha subrayado además que cada año crece el número de denuncias tramitadas y que la mayoría de los procedimientos judiciales concluyen en condena al agresor, siempre que el profesional denuncie.
Desde el PSOE, María Sainz ha reivindicado la importancia de los datos y de la información como base para cualquier política eficaz, denunciando la escasa visibilidad de los recursos actualmente disponibles. Ha afirmado que existe un déficit general en la sociedad a la hora de conocer los circuitos de denuncia y las herramientas de prevención, lo que limita la capacidad de proteger al profesional y anticipar situaciones de riesgo. También ha remarcado que la falta de información llega incluso a los propios sanitarios, y que la ciudadanía necesita mensajes claros y continuados para comprender la gravedad de este fenómeno.
Por parte del PP, Elvira Velasco ha defendido la necesidad de contar con una ley específica sobre violencia en el ámbito sanitario, recordando que su grupo ya presentó una iniciativa en el Congreso y que el Senado aprobó su toma en consideración y ha reclamado avanzar hacia un marco legislativo propio que refuerce la autoridad sanitaria, agilice los procesos judiciales y permita aplicar medidas más efectivas de prevención y formación. Finalmente, ha insistido en que proteger a los profesionales es esencial para garantizar la calidad del Sistema Nacional de Salud.
En representación de SUMAR, Alda Recas ha destacado que España cuenta con un marco normativo sólido —incluyendo el Código Penal y la legislación de prevención de riesgos—, pero ha subrayado que la clave está en la gestión: recursos humanos, tiempos de espera, coordinación entre niveles asistenciales y condiciones laborales. “Gestionando bien se puede reducir enormemente la posibilidad de agresión”, ha afirmado. Recas ha apelado también a recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema sanitario y a “trabajar con la sociedad” para reconstruir el vínculo entre pacientes y profesionales.
El portavoz de VOX, David García, ha insistido en la dimensión social del problema y en la “pérdida de respeto a la autoridad sanitaria”, recordando casos reales de profesionales que han abandonado su puesto —o incluso la profesión— tras sufrir agresiones repetidas. Ha alertado sobre la vulnerabilidad en centros y visitas domiciliarias y ha reivindicado el papel de vigilantes de seguridad, celadores y otros profesionales que también son víctimas invisibles del fenómeno.
Antes de finalizar la mesa, el presidente de la OMC, Tomás Cobo, ha expresado “el agradecimiento de la corporación a los miembros de la Comisión de Sanidad por participar en esta jornada “con serenidad, conocimiento y amabilidad, algo que no siempre vemos en el debate público”. En ese sentido ha enfatizado que “esta es la función de la OMC, ser un punto de encuentro donde los grandes grupos parlamentarios puedan trabajar juntos, apoyándose en nuestro conocimiento profesional. Sabemos que hay mejoras pendientes —en el marco jurídico, en la gestión, en la protección del profesional—, pero solo avanzaremos si lo hacemos de forma coordinada. Por eso, ha finalizado, desde la OMC y desde Unión Profesional, ponemos a vuestra disposición toda nuestra ayuda para seguir construyendo soluciones compartidas”.
Las profesiones sanitarias se unen para alertar del aumento de agresiones y reclamar más denuncias y protección jurídica
La segunda mesa de la jornada contra las agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), moderada por la Dra. Virginia Izura, vicesecretaria de la OMC, ha contado con representantes de distintas profesiones sanitarias para analizar la violencia hacia los profesionales desde una perspectiva interprofesional.
En la mesa han participado Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería; Rita de la Plaza, tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos; Montserrat Ruíz-Olivares, miembro del Observatorio de Agresiones a Fisioterapeutas; y Elena Carrascosa Romero, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos.
La Dra. Izura ha iniciado este encuentro interprofesional destacando la importancia de analizar los datos y seguir concienciando tanto a los profesionales como a la sociedad y a las autoridades sanitarias sobre la gravedad de las agresiones, promoviendo medidas de prevención y de gestión que permitan reducir este problema.
En este sentido, Diego Ayuso ha resaltado la magnitud del fenómeno en el ámbito de la enfermería. Según los datos del Observatorio de Agresiones del Consejo General de Enfermería, en 2024 se registraron 2525 agresiones a enfermeras en España. La mayoría fueron de carácter verbal (77%), frente a un 23% de agresiones físicas, y se produjeron principalmente en entornos hospitalarios, especialmente en servicios de urgencias y en áreas de salud mental.
Además, Ayuso ha alertado de la escasa denuncia de estos hechos. “Si sumamos las agresiones registradas en 2024 por todas las profesiones sanitarias superan las 8000 o 9000, pero solo unas 400 fueron denunciadas”, ha indicado, insistiendo en importancia de registrar y denunciar los incidentes para conocer la “dimensión real” del problema y poder desarrollar estrategias eficaces de prevención.
Por su parte, Rita de la Plaza explicó que la farmacia comunitaria también está expuesta a este fenómeno debido a su gran accesibilidad. Cada día, 2,3 millones de personas acuden a las farmacias en España, lo que sitúa a estos establecimientos en una posición de exposición permanente. El Observatorio de Agresiones del Consejo General de Farmacéuticos registró en 2025 un total de 140 incidentes, aunque solo 20 fueron denunciados ante las autoridades.
Entre los principales motivos de conflicto figuran la negativa a dispensar medicamentos sin receta o el cumplimiento de la normativa sanitaria, según ha explicado de la Plaza, que también ha destacado que el 59% de los casos correspondieron a delitos contra el patrimonio, mientras que se registraron 60 agresiones verbales y 16 físicas.
Desde el ámbito de la fisioterapia, Ruiz-Olivares ha presentado los resultados de una encuesta realizada en 2024 entre profesionales del sector para conocer la situación de las agresiones. Aunque el número de respuestas fue limitado (986 de un colectivo de aproximadamente 70 000 fisioterapeutas), los datos muestran que más del 60% de los participantes había sufrido o presenciado algún episodio de agresión, principalmente verbal y en el lugar de trabajo.
La representante del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas ha denunciado que muchas de estas situaciones no se denuncian: solo un 10% se tramitan formalmente, mientras que la mayoría de los casos se comentan únicamente con el entorno cercano o se intentan resolver directamente con el agresor.
En la misma línea se ha expresado la presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, quien ha recordado que “no puede haber salud para el paciente si no hay seguridad para el profesional”. Además, Carrascosa ha explicado que muchos podólogos trabajan en consultas pequeñas o de forma individual, lo que incrementa su vulnerabilidad ante posibles situaciones de violencia. Por último, la representante de los podólogos en la jornada ha defendido que la protección jurídica debe vincularse al acto sanitario y no a la titularidad del centro en el que se realiza.
El Ministerio y organismos internacionales coinciden: hacen falta medidas más potentes para frenar la violencia a sanitarios
Otro de los temas centrales de la jornada ha sido la ‘Violencia contra los profesionales sanitarios desde la perspectiva institucional. Situación de las agresiones en Europa y estrategias para reducir su incidencia.
En esta mesa redonda han participado Juan Julián García, subdirector general de Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad; el Dr. José Santos, presidente del Consejo Europeo de Órdenes Médicas (CEOM); y, en vídeo, el Dr. Tomás Zapata, jefe de Unidad de la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La mesa ha sido moderada por la Dra. Rosa Robles, secretaria general del COM Balears.
En primer lugar, Juan Julián García ha presentado algunos datos del registro del Ministerio de Sanidad, que en 2025 contabilizó 18 563 agresiones a profesionales en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, lo que, según ha explicado, supone que la cifra se ha estabilizado durante estos años y que cada vez se notifican más los casos a las consejerías. Sin embargo, han comprobado que son una minoría las que se denuncian, por lo que ha reclamado que se necesitan herramientas más potentes para continuar trabajando en la lucha contra esta lacra.
Por su parte, el Dr. Tomás Zapata (entrevista completa) ha dado a conocer los resultados del MeND Survey, el mayor estudio realizado hasta la fecha sobre salud mental de profesionales sanitarios en Europa y que, según ha dicho, “muestra la estrecha relación entre la exposición a violencia y el deterioro de la salud mental”. Según los datos del estudio, uno de cada tres médicos y enfermeras en Europa presenta síntomas de depresión. Siendo la exposición a violencia como uno de los principales factores de riesgo. En Europa, el 71 % de los profesionales sanitarios afirma haber tenido que gestionar pacientes agresivos, un 15 % ha sufrido violencia física, un 35 % amenazas violentas y un 12 % acoso sexual. Además, un 32 % denuncia haber sufrido bullying en su entorno laboral.
En la misma línea, el Dr. José Santos ha destacado que la violencia en el ámbito sanitario es un problema creciente en toda Europa, siendo el 50% médicos el que afirma haber presenciado al menos una situación de violencia durante su actividad profesional. Santos ha señalado que estas agresiones no solo afectan a los profesionales, sino también al funcionamiento del sistema sanitario. “Comprometen al médico víctima, reducen la calidad de la atención sanitaria, debilitan la relación médico-paciente, y aumentan el absentismo y el abandono de la profesión”, ha afirmado.
Prevención, protección y respuesta ante las agresiones
Finalmente, se han celebrado dos mesas redondas sobre la ‘Colaboración de los interlocutores policiales sanitarios. Protocolos de actuación y respuesta operativa ante las agresiones’ y las ‘Experiencias en protección y prevención’, en las que han participado los interlocutores policiales sanitarios de Policía Nacional, Manuel Yanguas, y de Guardia Civil, Ángel Barca; así como representantes de A.M.A. Seguros, Raquel Murillo, y la Fundación Mutual Médica, Alejandro Andreu, respectivamente.
Barca ha señalado que desde Guardia Civil, además de reforzar su labor en medidas, actividades, campañas y difusión, formación, etc., actualmente trabajan en mejorar la interposición de denuncias de forma rápida desde el propio centro sanitario para evitar el desplazamiento del profesional.
Por su parte, Yanguas ha enfatizado que centran una parte importante de su labor en la formación a profesionales de la salud y a estudiantes. Además, ha señalado que las denuncias que registran (513 en 2025) están muy alejadas de las cifras que recoge el Ministerio, lo que alerta de la necesidad de seguir promoviendo que estos actos deben denunciarse para poder destinar más recursos y herramientas a la lucha contra las agresiones a sanitarios.
La directora general de A.M.A. Seguros, Raquel Murillo, ha destacado en su intervención que “las agresiones, ya sean físicas, verbales o amenazas no solo afectan a la integridad del profesional, sino que generan inseguridad, desgaste emocional y deterioran la relación asistencial. Acompañar al profesional sanitario cuando más lo necesita forma parte de nuestra razón de ser”. Por ello, ha enfatizado que no se puede tolerar que las agresiones se normalicen en las profesiones que cuidas de la salud de todos.
Por su parte, El Dr. Alejandro Andreu ha explicado que desde la Fundación Mutual Médica centran su atención en la promoción y el cuidado de los profesionales sanitarios, que incluye la protección y prevención de las agresiones, en la que colaboran con la OMC a través del curso online de Agresiones a Profesionales Sanitarios.
