Martes, 17 Mayo 2022

¿Se entiende la política social y sanitaria actual? ¿Existen otras políticas?

¿Se entiende la política social y sanitaria actual? ¿Existen otras políticas?

Ronda artículos de opinión

El Dr. Juan José Rodríguez Sendín, expresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM); el Dr. Fernando Lamata, presidente de honor de la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento; y el Dr. Luis Ángel Oteo Ochoa, profesor Emérito de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III; analizan, en este artículo de opinión conjunto, qué se entiende por la política social y sanitaria actual y si existen otras políticas

Madrid 14/03/2022 medicosypacientes.com

España es un estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Hoy la situación que sufren buena parte de los españoles no responde ni a la justicia ni a la igualdad. El escenario económico, social y sanitario de España, lejos de ser coyuntural, se ha cronificado en la última década y ha empeorado durante la pandemia Covid-19, siendo insuficientes los esfuerzos realizados por el Gobierno para cambiar la tendencia.

El 1 % de la población española concentra tanta riqueza como el 80 % de los más desfavorecidos. Entre 20 personas en España poseen más que los 14 millones de españoles más pobres. Ya en el 2.015, España debía comenzar a reducir antes de 2.030 el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en al menos un 62%, para limitar a menos de 5 millones los ciudadanos en esta situación y dar así cumplimiento con la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

 Hoy, tras los efectos de la pandemia Covid-19 la situación ha empeorado, el 28,2% de la población española, es decir 13,4 millones de personas viven en riesgo de pobreza o exclusión social, según denuncian la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) y Oxfam Intermón. Detrás de esta realidad hay decisiones y tolerancia política, por eso hablamos no de determinantes, sino de determinación política y económica del estado de bienestar.

La reforma fiscal que entró en vigor en España el 1 de enero del 2.015 ha mantenido para las grandes fortunas presiones fiscales de las más bajas de toda Europa. Tampoco se ha logrado que 17 de las 35 empresas del IBEX 35 paguen el impuesto de sociedades en España. El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) asegura que los españoles más ricos se duplicaron en 2.019 respecto al 2.011 y ocultan unos 130.000 millones de euros en paraísos fiscales.

La insuficiencia presupuestaria para responder a las necesidades de recursos humanos y dotación tecnológica del SNS, provoca que la calidad asistencial que ofrece haya disminuido y con ello que las capas sociales medias hayan contratado seguros sanitarios privados en un volumen hasta ahora desconocido. Si la mortalidad fuera en toda España como en las zonas más ricas, cada año morirían 35.000 personas menos. Cuanta mayor pobreza, más enfermedad y también más mortalidad. Aunque el mayor número de muertes evitables se da en los pobres, la causa real es la desigualdad social.  Y así el número de muertes evitables va disminuyendo a medida que el grupo poblacional estudiado tiene mejor posición económica y social.  En un país pobre, aumentar la riqueza media comporta un aumento de la esperanza de vida. Pero en un país rico, lo que la incrementa ésta es una distribución más igualitaria de la riqueza [1],[2].

Esto era algo conocido, pero no se había cuantificado. Ya en el 99 un estudio de Joan Benach, publicado el mes de julio en la revista Journal of Epidemiology and Community Health cuantificaba el número de muertes que se producen en España a causa de las desigualdades sociales. Sabemos que el exceso de muertes en las zonas geográficas más deprimidas es superior al de las zonas geográficas más favorecidas económicamente. Son muertes que,de no existir las diferencias sociales, no se producirían. Estas muertes son tan evitables como las de los accidentes laborales o de tráfico, y por tanto son corregibles con buenas políticas públicas preventivas.

Estamos perdiendo calidad democrática a los ojos de cualquier observador. La corrupción en España según un reciente informe (enero-2022) de   Transparencia Internacional nos coloca en el puesto 34 entre 180 países y el 14 dentro de la UE. Esa pérdida de calidad democrática es fruto de muchas circunstancias; entre otras el escandaloso estatus de corrupción en las más altas esferas políticas, económicas y sociales de España. El Consorcio Internacional de periodistas de la información (ICIJ) publicaba en septiembre del 2.021 los llamados papeles de Pandora que ponían al descubierto tramas y secretos financieros de 600 españoles; entre ellos, el anterior Jefe del Estado español. Se trata en suma de ocultar a la fiscalidad española inmensas fortunas con el fin de evitar su fiscalización, su existencia e incluso su origen. Es cada día más insoportable la impunidad que los ampara y la lentitud con la que en la mayoría de ocasiones resuelve y sanciona la justicia.

La corrupción “instalada” permite además el constante incumplimiento de acuerdos internacionales en derechos sociales, cuando no es por el abuso de la temporalidad laboral y “contratos basura”, lo es por los atropellos de las entidades bancarias, las tarifas abusivas de los combustibles y eléctricas, los precios desenfrenados sin justificación de los medicamentos, la contaminación y condiciones de nuestra ganadería industrial, o la más que dudosa independencia de los máximos órganos judiciales …  Nuestra democracia no puede tener el atributo virtuoso de la transparencia como un adorno dialéctico para las grandes y pequeñas ocasiones de nuestros líderes políticos. Desde luego la transparencia es contraria al mundo de las sombras -lado oscuro- donde se mueven muchas actuaciones de las que depende la vida pública y el bien común.

Hay otras políticas que merecen mención por su urgencia, que generan sufrimiento en los socialmente más frágiles y de las que hablaremos en otro momento. Hoy el dominio de lo tecnológico en la vida real es sencillamente angustioso e incluso insoportable para muchos ciudadanos. Odioso como consecuencia del poder global adquirido y sin control social efectivo de los gigantes digitales. Se les permite acumular cada día más dominio hegemónico sobre nuestras economías, nuestra sociedad, nuestra intimidad y nuestra voluntad. ¿Cómo es posible que se obligue a personas incapaces de manejar un ordenador a gestionar sus cuentas o a acceder a la petición de su consulta con el médico vía online o teniendo como alternativa una llamada telefónica mil veces repetida, para ser atendida o entrar en una lista de espera de varios días de duración cuando no semanas ...? sencillamente inaceptable.

Para garantizar la ética en la función pública, pero también para poder responder a las necesidades sanitarias y sociales de los ciudadanos, son urgentes nuevas medidas legislativas contra la evasión y el fraude fiscal, que permitan penalizar con dureza la corrupción, prevenirla y proteger al confidente. El gobierno debe controlar eficazmente los precios abusivos de productos básicos como la electricidad, los combustibles y los medicamentos utilizando la autoridad política y los instrumentos legislativos fundamentales que capacitan y aconsejan la intervención pública en las situaciones señaladas. Y a la par terminar con los recortes sociales y sanitarios, recuperar la pérdida de recursos humanos y las condiciones dignas de trabajo, así como  y fortalecer los sistemas de redistribución de riqueza que constituyen las funciones  de sanidad, la educación, servicios sociales  y la justicia en España. Como dijo recientemente el presidente de la Organización Médica Colegial, Tomas Cobo, en ciencia hemos aprobado, en ética no. Efectivamente existen otras políticas posibles.

[1]"Por ejemplo, Japón, el país que tiene la mayor esperanza de vida, es el que presenta menos diferencia entre el 20% de población más  rica y el 20% de población más pobre. En el polo opuesto podríamos situar a Estados Unidos. No son los países ricos quienes tienen  mejores indicadores de salud, sino los más igualitarios".

[2]En el contexto de la Unión Europea (UE), España es un país relativamente pobre con grandes desigualdades sociales. El nivel de renta española no llega al 80% del promedio de la UE, pero provincias como Girona sobrepasan de largo ese promedio, mientras otras como Badajoz apenas alcanzan el 50%.

 

* Las tribunas y artículos publicados en medicosypacientes.com no representan posturas o posicionamientos oficiales del CGCOM