Lunes, 15 Octubre 2018

Barquín Toca: "La mutilación genital femenina, un problema social y político que afecta a 200.000 mujeres en el mundo"

Barquín Toca: "La mutilación genital femenina, un problema social y político que afecta a 200.000 mujeres en el mundo"

Medicusmundi Cantabria

Adriana Barquín Toca, estudiante de 6º de Medicina y voluntaria de Medicusmundi Cantabria, aborda, en este artículo con motivo del Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina celebrado hoy, que esta práctica "ancestral" que afecta a 200 millones de mujeres en el mundo "no es sólo un problema político sino social" cuya solución pasa por  promover "una buena formación a los profesionales sanitarios para que sepan cómo atender todas las necesidades de las mujeres y niñas afectadas, no solo a nivel físico sino también psicológico"

Madrid 05/02/2018 medicosypacientes.com

Adriana Barquín Toca estudiante 6º de Medicina y voluntaria de Medicusmundi Cantabria

Adriana Barquín Toca, estudiante de 6º de Medicina y voluntaria de Medicusmundi Cantabria
 
6 de febrero, Día Internacional contra la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina (MGF), o también en castellano conocida como “ablación genital femenina”. 
 
Es una práctica con fuertes raíces ancestrales socioculturales, respaldada por un complejo entramado de significados simbólicos y culturales, que incluye todos los procedimientos que consisten en la resección total o parcial de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos, aunque en cerca de un 20% de los casos, son profesionales sanitarios quienes la practican. Las consecuencias son obvias: además de las posibles complicaciones médicas como hemorragias o infecciones de la herida, quistes, problemas, dificultad o dolor, para orinar, así como múltiples infecciones urinarias, etc., también asocia consecuencias negativas para su salud psicológica y sexual, como problemas, sangrados, dolor o dificultad para mantener relaciones sexuales, infertilidad, complicaciones en el parto y mayor riesgo de sufrimiento y fallecimiento de los recién nacidos, implica también consecuencias negativas para su salud sexual. 
 
Aplicada durante la infancia y generalmente, antes de finalizar la adolescencia, si bien también puede realizarse en algunos casos durante la vida adulta, la MGF es considerada no solo una forma de violencia de género, sino también una forma de violación de los derechos humanos. Refleja una desigualdad entre los sexos muy arraigada, y constituye una forma extrema de discriminación contra mujeres y niñas. La práctica viola sus derechos a la salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a no ser sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo la muerte.
 
Esta práctica, que parece tan lejana, está en realidad muy presente en nuestro país, así como en otros países occidentales, en parte debido a los flujos migratorios. Se practica principalmente en 30 países de África subsahariana, Oriente Medio (Kurdistán iraquí y Yemen) y Asia (Indonesia) (UNICEF 2016). Considerando la importancia actual de los múltiples flujos migratorios y el hecho de que las personas migrantes se desplazan con un bagaje cultural rico y propio, la práctica se encuentra actualmente extendida por todo el mundo, incluyendo Europa, EEUU, Canadá y Australia, entre otros.
 
El incremento de su prevalencia en Europa en las últimas dos décadas ha sido recibido con inquietud por parte de las y los profesionales y administraciones públicas, que carecen en general de un conocimiento sobre la práctica, sus significados culturales, sus consecuencias, así como las formas más eficaces de prevenirla o de proteger y acompañar a las personas que han sido o pueden ser sometidas a ella (Guía Multisectorial de Formación Académica sobre Mutilación Genital Femenina, Laura Nuño Gómez y Adriana Kaplan, MAP-FGM). 
 
UNICEF estima que alrededor de 200 millones de mujeres han sufrido esta práctica y que más de 63 millones de niñas habrán sido sometidas a ella para el 2050 (UNICEF 2016). En España, el mapa nacional de mutilación femenina muestra que cerca de 69.000 mujeres y niñas residentes en España que provienen de países donde se practica la ablación, de las que casi un tercio residen en Cataluña, siendo Madrid y Andalucía las segundas comunidades en prevalencia. Un total de 18.396 niñas tienen menos de 14 años, por lo que podrían ser víctimas potenciales.
 
Sin embargo, habitualmente se ha prestado poca (o ninguna) atención desde las políticas nacionales relativas a la erradicación de la violencia de género a la MGF, en parte, por el desconocimiento de la forma adecuada de abarcarlo, al que nada ayudan las noticias sensacionalistas que muchas veces vemos y plantean el problema como típico de culturas primitivas, aisladas, o poco evolucionadas… una visión que no podría alejarse más de la realidad. 
 
El primer paso para abordar un problema es reconocer que existe. Las mujeres y niñas sometidas o en riesgo de verse sometidas a esta práctica no pertenecen a tribus aisladas únicamente; es importante que empecemos a entender que prácticas que pueden parecernos antiguas, están fuertemente arraigadas en sus sociedades y culturas, y avanzan unidas a ellas cuando éstas evolucionan. Las casi 18.400 niñas en riesgo potencial de sufrir MGF en nuestro país deberían ser suficiente para abrirnos los ojos. 
 
Una vez aceptado este hecho, el siguiente paso es tratar de reducir estas prácticas. Como dice Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, “el desarrollo sostenible requiere que todas las mujeres y niñas disfruten plenamente de sus derechos humanos; la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible promete poner fin a esta práctica para 2030”.
 
Para ello serán necesarios múltiples esfuerzos sistemáticos y coordinados, que involucren a las comunidades para continuar educándolas en derechos humanos e igualdad de género, tanto en este como en muchos otros aspectos. No solo habrá que insistir en el diálogo social y el empoderamiento de las comunidades, si no que se debe atender a las necesidades de salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas que sufren las consecuencias antes mencionadas. Por lo tanto, no es un problema únicamente político, como suele ocurrir con todos los demás derechos humanos: es un problema social, en cuya solución será fundamental lograr una buena formación a los profesionales sanitarios para que sepan cómo atender todas las necesidades de las mujeres y niñas afectadas, no solo a nivel físico sino también psicológico.