Un centenar de organizaciones científicas, sanitarias y sociales de toda Europa se han adherido a la «Declaración de Granada», a través de la que se insta a los ejecutivos europeos a proteger la salud de los colectivos más vulnerables. El contenido del documento fue presentado ayer en la sede del Colegio de Médicos de Madrid
Madrid, 17 de septiembre 2014 (medicosypacientes.com)
Un centenar de organizaciones científicas, sanitarias y sociales de toda Europa se han adherido a la «Declaración de Granada, texto surgido tras la celebración del V Congreso europeo sobre Migrantes, Minorías Étnicas y Salud en la ciudad andaluza, cuyo contenido fue dado ayer martes en rueda de prensa.
Dichas organizaciones han instado a los ejecutivos europeos a que protejan la salud de los colectivos más vulnerables como, por ejemplo, los migrantes y las minorías étnicas. Algunos de sus representantes, instaron, ante los medios de comunicación, a la retirada el Real Decreto 16/2012 de Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).
La Declaración de Granada surge de un consenso alcanzado el pasado mes de abril en la V Conferencia Europea sobre Migraciones, Minorías Éticas y Salud, organizada por la European Public Health Association (EUPHA) en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). A la presentación pública de ayer acudieron el director de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Carlos Artundo; la directora de Operaciones Locales de Médicos del Mundo, Begoña Santos; el presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), Josep Basora; y el presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), Ildefonso Hernández Aguado.
Estos representantes recordaron la «obligación» que tienen los gobiernos europeos de garantizar la salud a todos los ciudadanos y, especialmente, a los más vulnerables, y han denunciado que en España, con la aprobación del Real Decreto, se haya «vulnerado» este derecho y, además, haya propiciado un «aumento» de la xenofobia.
Las entidades firmantes denuncian una serie de situaciones, tales como: el empeoramiento de las ya precarias condiciones de vida de este colectivo, con afectación a su salud, como consecuencia de las políticas de recortes; su mayor sufrimiento de los recortes en servicios sanitarios y sociales, que han traído como consecuencia que en ocasiones no puedan ver cubiertas sus necesidades en salud física y mental; la limitación de acceso a los sistemas sanitarios, con la excusa de la crisis económica, aun sin valorar el impacto económico -reducido- y social -enorme- que tienen estas medidas, como el Real Decreto Ley de exclusión sanitaria; y los largos periodos de detención de inmigrantes en instalaciones deficientes, como los CIE y el auge de la xenofobia detectado en algunos países europeos.
Asimismo, informaron de haber solicitado el pasado mes de mayo una reunión a la ministra de Sanidad, Ana Mato, para exponerle las conclusiones del Congreso; «una petición que continúa todavía sin respuesta», según lamentaron.
En el acto de presentación del texto y sus adhesiones, Carlos Artundo, director de la Escuela Andaluza de Salud Pública, exigió a los gobiernos europeos y la Comisión Europea que garanticen el derecho a la atención sanitaria de estos colectivos «como es su obligación» y ha hecho un llamamiento a revisar el Real Decreto Ley de 2012 y a acordar con los actores sociales, políticos y expertos en la materia las modificaciones a introducir en línea con esta «Declaración de Granada».
«Es una paradoja que el Gobierno proclame reiteradamente que su papel es cumplir y hacer cumplir las leyes y sin embargo las conculque sistemáticamente. La reforma sanitaria se hizo sin atender a los principios de equidad que establecen la propia Ley General de Sanidad y la Ley General de Salud Pública y en contra de la Carta Europea de Derechos Sociales», remarcó Ildefonso Hernández, presidente de SESPAS.
«Aunque el gobierno niega que se estén produciendo casos de desatención sanitaria e incumplimiento de lo regulado en el propio RDL, en Médicos del Mundo recibimos cada día decenas de personas a las que les han tratado de cobrar la atención en urgencias, incluso embarazadas y menores de edad, o personas mayores con enfermedades crónicas que, incluso residiendo legalmente en España, no logran acceder a la atención sanitaria», recordó Begoña Santos directora de Operaciones Locales de Médicos del Mundo.
Por su parte, Josep Basora, presidente de SEMFyC, afirmó que «nuestro deber nos impone atender a todas las personas que acudan a nuestra consulta. La retirada de la cobertura sanitaria universal ha supuesto en muchos casos que no podamos hacerlo, rompiendo la continuidad asistencial y generando inseguridad sanitaria en la población».
Contexto de la Declaración
La manera en que la crisis económicas afecta a la salud de la población depende de distintos factores, pero sobre todo de las respuestas políticas, que afectan a los determinantes sociales de la salud (condiciones de vida, de trabajo, acceso a los servicios). Mientras el mantenimiento de las políticas sociales actúa como factor protector, la disminución de la protección social afecta negativamente la salud.
Asimismo, las consecuencias negativas de las restricciones en la protección social son mayores para los ciudadanos en situación de vulnerabilidad social y económica, con mayores riesgos de empeorar su calidad de vida. Entre ellos se encuentra la población inmigrante (por ejemplo, la tasa de paro en la población general es del 26,3%, frente a un 35,7% en la de origen extranjero, según el INE, o las ganancias salariales medias brutas anuales de la población trabajadora inmigrantes es un 31,4% inferior a las de la población española. No obstante, las necesidades en salud y atención en salud de la población inmigrante son similares al resto de la población, e incluso en algunos aspectos sus condiciones de salud son mejores (por ejemplo, menor presencia de enfermedades crónicas o mejores hábitos saludables).
Los estudios consideran que, además de la exclusión de las personas en situación administrativa irregular de la atención sanitaria normalizada, la reducción actual en el gasto en salud conllevará a un aumento de barreras de acceso (administrativas, económicas, etc), tanto para la población en general, como la población inmigrante.
Los intervinientes incidieron en que no hay ninguna evidencia científica que sustente la exclusión de las personas migrantes indocumentadas de la atención sanitaria. Por el contrario, es evidente que es necesario prestársela por razones de derechos humanos, salud pública, e incluso económicas.
Adhesiones
A la Declaración se han adherido un centenar de adhesiones de organizaciones e instituciones internacionales, según sus promotores. Entre las más relevantes se encuentran sociedades científicas españolas como SESPAS, SEE, SESA, SEEP, AEN, AEC o SEMFyC; Organizaciones No Gubernamentales como Médicos del Mundo (y su red internacional), Red Acoge, CEAR, FADSP, Fundación Secretariado gitano y movimientos como Yo Sí Sanidad Universal; organizaciones profesionales y sociedades científicas europeas (EUPHA, EPHA, Sociedad Francesa de Salud Pública, Asociación Médica Panhellénica, Real Colegio de Enfermeras del Reino Unido, Red Europea de Médicos residentes en salud pública) y entidades de la sociedad civil europea (Consejo Europeo de Refugiados y Exilados, Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos, Instituto Europeo de Salud de la Mujer, Red Europea contra el Racismo, Red Europea de mujeres emigrantes, Centro Europeo de Derechos de la Población Gitana, Federación Belga de Maisons Médicales), junto a instituciones académicas, como las universidades de Lausanne, Sevilla, Glasgow, Pécs, Gothenburg, Granada y Copenhague, sin olvidar organismos internacionales (Organización Internacional para las migraciones, Federación Internacional de Estudiantes de Medicina, Asociación Internacional de Servicios Públicos).
Se adjunta «Declaración de Granada» en PDF.
