La Junta Directiva de la Sociedad Madrileña de Médicos Generales y de Familia (SEMG-Madrid) ha manifestado, a través de un comunicado, su rechazo a la política de sanciones por la prescripción de fármacos contra el dolor que sigue la Consejería de Sanidad de Madrid
La Sociedad Madrileña de Médicos Generales y de Familia (SEMG-Madrid) opina que la Consejería, a través de la Inspección de Farmacia, dependiente de la Dirección General de Inspección y Ordenación, está realizando una campaña de intimidación y persecución contra los médicos de familia de los Centros de Salud que prescriben opiáceos para controlar el dolor de sus pacientes, con objetivos de ahorro económico.
Desde esta entidad científica se expone que pese a que la Comunidad de Madrid no tiene un porcentaje de prescripción de opiáceos por encima de la media nacional y está muy por debajo de la media europea, la Inspección de Farmacia tiene un programa de seguimiento de la prescripción de opiáceos en Atención Primaria (aunque la mayoría de estas prescripciones se originan en los hospitales) para detectar el gasto en fármacos opiáceos. Este programa se está concretando en comparecencias inesperadas y de motivo no explicitado a los médicos que trabajan en los Centros de Salud (lo que conlleva una clara indefensión) y que finalizan en expedientes de sanción a los médicos de familia del SERMAS, cuando en la inmensa mayoría de las ocasiones estos hacen el seguimiento de la prescripción realizada por un facultativo de la Atención Hospitalaria, con el lógico ajuste de las dosis al nivel del dolor del paciente.
Esta línea de actuación de la Dirección General de Inspección tiene un claro agravio, a juicio de SEMG-Madrid: los facultativos del nivel secundario no son ni siquiera citados a declarar, pese a la constancia de ser ellos los que iniciaron la prescripción, y se actúa específicamente sobre los médicos de familia, para que se atemoricen y suspendan el medicamento al paciente, sin importar el dolor que sufre el mismo, pese a la supuesta “humanización” que el consejero Sánchez Martos proclama como línea central de su programa.
Por ello, desde SEMG Madrid se ha hecho una denuncia pública de esta injusta actuación, avisando al mismo tiempo a todos los facultativos de Atención Primaria de la misma, recomendando que acudan a las comparecencias de la Inspección de Farmacia con el correspondiente apoyo legal, así como expresamos la intención de seguir estrechamente estos procesos y con el apoyo del Colegio de Médicos, sindicatos y demás sociedades científicas del primer nivel integradas en el Foro de Médicos de Atención Primaria de Madrid plantear las acciones tanto reivindicativas como legales que pudieran originarse en defensa de los facultativos de Atención Primaria y de sus pacientes.
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