Sanidad está estudiando cómo cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que señala que las competencia en la asignación de subvenciones para la atención a colectivos vulnerables es autonómica. El MSSSI pretende acatar dicha sentencia sin perder la competencia estatal en las subvenciones del 0,7 % del IRPF al Tercer Sector, según se puso de manifiesto ayer en el Senado en respuesta a una interpelación de CiU
Madrid, 30 de septiembre 2015 (medicosypacientes.com/E.P.)
El Gobierno está estudiando cómo cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que señala que las competencia en la asignación de subvenciones para la atención a colectivos vulnerables es autonómica, sin perder la competencia estatal en las subvenciones del 0,7 % del IRPF al Tercer Sector, según se puso de manifiesto ayer en el Senado en respuesta a una interpelación de CiU.
Ante la cuestión planteada por la senadora de CiU María Teresa Rivero, el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), Alfonso Alonso, admitió que el Tribunal Constitucional señalara que «no es adecuado» el título competencial. «Nos parece estratégico y actuaremos para atender a los requerimientos del TC y sus opiniones para encontrar la mejor fórmula», después de que el tribunal advirtiera de que «no es adecuado» el título competencial que se está utilizando. Así, Alonso indicó que el Gobierno «va a cumplir la ley en todos sus artículos» y va a garantizar la vigencia de la Constitución «en todas sus partes y todos sus artículos», y para que las organizaciones sociales puedan seguir trabajando en todo el Estado. Una solución que asegure su supervivencia, porque ellas vertebran y articulan la solidaridad de las personas hacia otras «más allá de los territorios».
A su juicio, fortalecer este Tercer Sector «es fortalecer al país y la articulación de mecanismos comunes de solidaridad, y este modelo «no debería quedar dañado».
El ministro de Sanidad defendió que el objetivo es «garantizar las convocatorias de subvenciones del IRPF, que son una clave del ejercicio solidario de entre todos los españoles por encima de la comunidad autónoma en la que vivan».
Tras la sentencia, el Ministerio anuló el real decreto con los criterios para el reparto de ayudas entre las ONG de acción social. Alonso dijo a la senadora que «han tenido suerte en los tribunales ante lo que el Gobierno obedece y respeta porque no tiene «problemas con el cumplimiento de sentencias». Sin embargo, añadió que «también se han tomado medidas para no dejar desasistidas a instituciones como Cruz Roja o el Cermi».
Alonso ha recordado también que, en lo que va de Legislatura, el Estado ha distribuido 630 millones de euros a organizaciones sociales con origen en el IRPF. Unos fondos con los que el Tercer Sector «atiende a miles de personas a través de proyectos sociales», entre los que destacan los dedicados a personas con discapacidad, a la infancia, a las víctimas de violencia de género y a las personas en riesgo de exclusión.
Nueva ley del Tercer Sector
Precisamente, para reconocer esta labor, esta misma semana será aprobada de forma definitiva en las Cortes la Ley del Tercer Sector de Acción Social, que proviene del trabajo en común de las entidades y el Gobierno, según ha anunciado el MSSSI.
El ministro recordó, finalmente, en cuanto a Cataluña, que el Estado ha destinado casi un tercio de los mecanismos de financiación (Plan de Pago a Proveedores y Fondo de Liquidez Autonómica), pero es a los Gobiernos autonómicos a los que corresponde priorizar el gasto social.
