Representantes de los Colegios de Médicos de la Comunidad Valenciana y de la OMC mantuvieron una reunión de trabajo con miembros de la Consejería de Sanidad, en la que se abordaron los problemas más urgentes que afectan a la atención médica a la población reclusa y a la necesidad de aplicar el acuerdo de transferir las competencias en esta materia a los gobiernos autonómicos
En la reunión participaron además del director general asistencial de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Rafael Sotoca, y Carmen Hoyos, coordinadora de Sanidad Penitenciaria de la Vocalía Nacional de Médicos de Admón. Públicas de la OMC; Antoni Fornos, gerente Área 9 de C.S.C.V.; los vocales de Administraciones Públicas de los Colegios de Médicos de de Castellón, Alicante y Valencia, Agustín Mª Herrero, José Ángel Sánchez y Rafael Cantó, respectivamente, así como el presidente del Colegio de Médicos de Castellón, José Antonio Herranz.
Los representantes de los médicos y de la OMC trasladaron al representante de la Consejería de Sanidad los problemas derivados de la escasez de plantilla médica en los centros penitenciarios valencianos (35-40 médicos) lo que condiciona la calidad asistencial.
Consideran que esa situación puede llegar a suponer un problema de salud pública (epidemiológicamente en las prisiones prevalece la patología infecciosa crónica y los trastornos mentales) por la próxima jubilación de la casi totalidad de los facultativos actuales lo que choca con una falta de reposición real de esas plaza. A ello, se une el aislamiento e imposibilidad real de acceso a recursos básicos asistenciales, recordándose por parte de la representación médica, “la obligatoriedad legal de la integración de la asistencia sanitaria de las prisiones en los Sistemas Públicos de Salud”.
Asimismo, se transmitió el sentir de los profesionales y su preocupación por el incumplimiento de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS de 2003 que ordenó la integración de la Sanidad Penitenciaria en la red pública asistencial de las Comunidades Autónomas. “Dicho incumplimiento ha acarreado en estos 14 años, grave deterioro asistencial a las personas privadas de libertad y graves consecuencias laborales y profesionales al personal encargado de su atención sanitaria”, según expuso la coordinadora de Sanidad Penitenciaria.
Los representantes colegiales instaron a la Consejería a acelerar el proceso transferencial “captando su sensibilidad con nuestra problemática que es la misma que la reflejada en las Corts Valencianas el 15 de diciembre 2016 por todos los grupos políticos allí representados”, según indicó la Dra. Carmen Hoyos.
Sotoca trasladó a los médicos los problemas de armonización para lograr la integración de la sanidad penitenciaria en el sistema público, “con el aseguramiento deficitario en las instituciones penitenciarias -en referencia a que pocos reclusos tienen SIP fijo de la Comunitat Valenciana y habría que darles uno temporal-”. A ello, añadió, hay que sumar las dificultades para el acceso a la información clínica de los pacientes reclusos y la necesidad de lograr una coordinación de los procedimientos.
El director general dio cuenta de que la prisión de Picassent, la Gerencia de Atención Primaria, estaba intentando minimizar las dificultades para realizar ese proceso de acceso a los datos y, una vez validado el modelo exportarlo al resto de centros penitenciarios de la Comunitat Valenciana.
Sobre la integración del personal sanitario de los centros penitenciarios, ahora dependientes del Ministerio del Interior, en personal dependiente de la administración autonómica como ocurre en Cataluña y el País Vasco, indicó que la Generalitat Valenciana no estaba en condiciones de acometerla en un futuro próximo. Eso sí reconoció la ejecución rápida e impecable del proceso llevado a cabo en el País Vasco.
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