Pte. OMC aboga por sistemas de registro y notificación de eventos adversos para garantizar la seguridad del paciente

 

En su intervención, el presidente de la OMC recordó que existe una pluralidad de puntos de vista que giran sobre la iatrogenia, entendida, como todos los efectos adversos generados por las actividades de prevención, diagnóstico, tratamientos médicos y quirúrgicos, así como otros dispositivos, productos, procedimientos y servicios médicos, biotecnológicos, cosméticos, sanitarios y de salud pública o políticas.  No en vano, recordó que el paciente es el elemento más vulnerable del sistema sanitario, a menudo no tiene capacidad de decisión y depende de condicionantes externos, entre ellos, las políticas de contención del gasto.

 

En base a los datos que presentó sobre errores médicos, se puede decir que éstos constituyen la tercera causa de muerte en EE.UU. donde representan unos costes de entre 17.000 y 29.000 millones de dólares/año.

 

En Reino Unido, según datos de 2000, un 10 por ciento de hospitalizaciones registraron algún evento adverso (850.000 eventos/año).  En este país, sólo las estancias hospitalarias representan aprox. 2.000 millones de libras al año, mientras que el pago de indemnizaciones suponen un gasto al Estado de 400 millones anuales. Cifras que, según el Dr. Romero, “deben hacer reflexionar sobre la importancia de reducir estos datos”.

 

Como principales causas de efectos adversos, el Dr. Romero se refirió a factores de tipo humano tales como ratio de profesional-pacientes, turnos, fatiga, capacitación. Otros factores derivan del propio proceso, análisis de los fallos de los diferentes pasos del proceso, o del propio ambiente: ruido, espacio, mobiliario. A ello se suman causas relacionadas con el equipamiento, gestión de la información, cultura de la organización respecto a la seguridad o con la supervisión.

 

Según señaló, “aunque los eventos adversos notificados, sean una pequeña parte de los que realmente ocurren, no se debe dejar de insistir en la importancia de informar y comunicarlos”. Junto a esta recomendación, propuso otras medidas como identificar los problemas de seguridad y aprender de ellos mediante sistemas de registro y notificación de carácter obligatorio o voluntario; y formular estándares de mejora de la seguridad por parte de gobiernos, organizaciones, sociedades científicas y profesionales, además de implementar prácticas seguras en los niveles de la prestación asistencial.

 

En otro momento de su intervención se refirió a las principales barreras detectadas a la hora de implementar la seguridad del paciente procedentes, en muchas ocasiones, de falta de conciencia de que un error ha ocurrido;  carencia de conocimiento sobre qué debe comunicarse; así como percepción de que el paciente es indemne al error.

 

El miedo a las acciones disciplinarias o denuncias; la falta de familiaridad con los mecanismos de notificación; la pérdida de autoestima; la sensación de los profesionales de estar demasiado ocupados para documentar, y la falta de “feedback” cuando se produce un registro son otras de las barreras a las que se refirió el Dr. Romero.

 

 

En otro momento de su exposición se detuvo en «escusas frecuentes»  que impiden investigar en seguridad del paciente, y citó, entre ellas, el tiempo, la calidad de los archivos, compromiso por parte de la dirección, la falta de profesionales capacitados, el escepticismo sobre la eficacia de la investigación en la práctica clínica, la coyuntura política o institucional no adecuada, así como la falta de percepción del beneficio para el centro sanitario.

 

Frente a ello, el presidente de la OMC ofreció un conjunto de propuestas para intentar dicha investigación, entre ellas, identificación de áreas de mejora que beneficiarán a los pacientes; conocimiento de la magnitud del problema y priorización de acciones; disminución de sobrecostes de la atención; mayor conocimiento de la naturaleza y epidemiología de los efectos adversos; y oportunidad para sensibilizar al personal sobre la seguridad del paciente.

 

Además, la investigación en seguridad del paciente puede reportar, a su juicio, favorecer la comunicación con el enfermo y su familia; generar evidencias y argumentos para dedicar recursos a dicha seguridad; oportunidad para estar en vanguardia y contribuir así al prestigio profesional; conocer las debilidades de la organización; promover la protección de los propios trabajadores; así como pasar de una cultura de culpabilización a promover la cultura de la seguridad y el incremento del compromiso.

 

Para lograr este tipo de acciones el Dr. Romero considera preciso revisar e impulsar políticas del medicamento y de nuevas tecnologías, así como involucrar a sociedades y asociaciones profesionales, además de facilitar cambios culturales, formativos y personales.

 

 

El presidente de la OMC hizo mención, por otra parte, a las “segundas víctimas” de esta problemática, es decir, los profesionales sanitarios implicados en un evento adverso que “quedan traumatizados por esta experiencia y no son capaces de afrontar esta situación”, según señaló.

 

Según cifras aportadas por el Dr. Romero, se estima que en España un 15 por ciento de los profesionales se verán involucrados anualmente en un evento adverso grave, mientras entre un 28 y un 57 por ciento de los médicos reconoce haber cometido un error con graves consecuencias. Por otra parte, el 90 por ciento cree que no se ofrece apoyo suficiente al profesional involucrado.

 

El presidente de la OMC completó su intervención con una referencia al Sistema de Notificación y Aprendizaje para la Seguridad del Paciente del Ministerio de Sanidad (SiNASP) donde están registrados diferentes tipos de incidentes, de entre los que caben destacar, en primer lugar, los producidos por la medicación, seguidos de los originados por la gestión organizativa, la identificación, los equipos/dispositivos; pruebas diagnósticas, además de procedimientos terapéuticos y quirúrgicos.

 

Finalizó aludiendo al Plan Nacional de Seguridad del Paciente (2015-2020) de entre cuyos objetivos resaltó: la creación de unidades de gestión de riesgos en los centros asistenciales así como la implantación y desarrollo de sistemas de notificación de incidentes relacionados con la asistencia sanitaria para el aprendizaje, junto con la promoción de la mejora del conocimiento en la prevención del daño asociado con la atención sanitaria.