En un contexto internacional en el que los ataques deliberados a personal sanitario, trasporte e instalaciones de salud se han convertido en un arma de guerra frecuente, aun constituyendo un crimen de guerra de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario, el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC) y de su Fundación para la Cooperación Internacional, nos habla de sus impresiones sobre la Resolución 2286 (2016), adoptada el 3 de mayo de 2016 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en defensa de la protección de los civiles y personal sanitario en los conflictos armados
La Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC lleva dos años formando parte de la campaña Asistencia Sanitaria en Peligro del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para defender la asistencia sanitaria según establece el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
¿Cuál es su opinión sobre la resolución 2286 adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en relación a protección de los civiles y personal sanitario en los conflictos armados?
Como Presidente de la Organización Médica Colegial y de la Fundación para la Cooperación Internacional de la misma, -que fue creada precisamente para atender a nuestros profesionales médicos que intervienen en crisis humanitarias, en muchos casos en contextos de emergencia complejos, de violencia o conflicto armado- celebro enormemente la aprobación de esta resolución desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
¿Qué podemos aportar nosotros: que se está haciendo desde la Organización Médica Colegial al respecto?
Además de condenar públicamente cualquier ataque a la atención sanitaria – como los recientes en Yemen y Pakistán del pasado agosto – nos hemos sumado a la Comunidad Internacional para condenar la impunidad de estos actos.
Desde hace más de un año, conscientes de que era necesario denunciar la vulneración del Derecho Internacional Humanitario y acabar con la impunidad imperante ante los ataques a civiles, profesionales, instalaciones y transportes sanitarios, nos unimos, a través de nuestra Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC, con la Cruz Roja Española y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para adherirnos a su campaña Asistencia Sanitaria en Peligro. Esta campaña recopila datos y denuncia los ataques a trabajadores de salud, hospitales, medios de transporte e instalaciones sanitarias; denuncia las restricciones a la labor del personal humanitario que proporciona asistencia a poblaciones afectadas por conflictos armados o contextos de violencia; posibilita la adopción de medidas urgentes para la denuncia y la prevención de nuevos actos de violencia hacia el personal sanitario y el ejercicio de la medicina; e impulsa y favorece la implementación de los protocolos de actuación y marcos legales para posibilitar la asistencia sanitaria en zonas en conflicto armado.
Entonces, cabe pensar que la adopción de esta resolución supone un antes y un después para hacer frente a la vulneración sistemática del Derecho Internacional Humanitario, ¿es así?
La realidad es que la Comunidad Internacional cuenta ya con unas excelentes medidas legales en este sentido; instrumentos de derecho, que siguen vigentes y que son perfectamente adecuados. El problema no es la falta de un marco normativo internacional sino su incumplimiento y la impunidad. Por este motivo, parece que sigue siendo necesario que se aprueben resoluciones como la aprobada el pasado 3 de mayo.
El ataque sistemático a la asistencia sanitaria en contextos de conflicto armado se ha convertido en un arma de guerra. No hace falta sino ver lo frecuentemente que se dan, de un tiempo a esta parte, en todos los conflictos armados. Pero además, si no nos centramos solo en contextos de conflicto armado y nos fijamos también en realidades en las que muchos profesionales sanitarios ejercen la profesión en el mundo, podemos ver que incluso en contextos de violencia, no formalmente considerada dentro de un conflicto armado o guerra, la asistencia sanitaria se convierte en un objetivo más para ejercer el control. Basta ver los problemas que algunos gobiernos en Centroamérica han tenido últimamente para hacer frente a la epidemia del Zika. Con motivo de los altos índices de violencia en ciertas zonas del país tomas por las pandillas, los profesionales sanitarios no han podido acceder a la población, ni se han podido llevar a cabo labores de prevención, generando un problema de salud pública real.
En ese caso, si ya hay instrumentos internacionales vigentes y perfectamente válidos, ¿por qué es tan importante esta nueva resolución?
Lo importante de esta resolución es que establece un nuevo instrumento y vuelve a incidir en la necesidad de que los Estados protejan la asistencia a la salud, así como que promuevan y aseguren el respeto de los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario.
Yo personalmente destaco que la resolución pone sobre la mesa un aspecto, por desgracia muy de actualidad en los últimos meses por su aumento en número y frecuencia, como es el ataque sistemático e intencionado contra hospitales, centros sanitarios, unidades y vehículos de asistencia pre-hospitalaria, personal sanitarios y civiles. Recuerda – porque a veces por desgracia es necesario recordar – que estos actos son crímenes de guerra según del derecho internacional, e incide en que los Estados y la Comunidad Internacional tienen la obligación de cooperar con los tribunales internacionales para asegurar que estos actos no queden impunes.
Afirma en su respuesta que a veces, por desgracia, es necesario recordar que los Estados y la Comunidad Internacional tienen la obligación de cooperar con los tribunales internacionales para asegurar que estos actos no queden impunes, ¿es que acaso se nos olvida?
En este sentido, no deja de llamar la atención el hecho de que la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta, que parte de los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra, y es el único órgano permanente creado específicamente para investigar violaciones del Derecho Internacional Humanitario, no haya sido utilizada desde su creación en 1991. Y no porque no haya sido necesario, – Médicos Sin Fronteras solicitó una investigación independiente ante el bombardeo del Hospital de Kunduf en 2015 a este organismo-, sino porque requiere que uno de los 76 Estados firmantes auspicie una investigación para ponerla en funcionamiento y “parece que los gobiernos hasta ahora han sido demasiado condescendientes o han tenido miedo de sentar un precedente,” y aquí cito textualmente a la doctora Joanne Liu, presidenta internacional de la organización.
¿Por qué a la Organización Médica Colegial se interesa tanto en el derecho internacional humanitario y la realidad de asistencia sanitaria en contextos de conflicto armado y/o violencia?. A priori no parece que se trate de algo que pueda afectar a un médico colegiado en España.
Desde la Organización Médica Colegial, como médicos que somos, nos interesa todo aquello que produce sufrimiento y enfermedad o constituye un atentado contra la vida y dignidad de las personas. Nuestra organización quiere formar parte de los esfuerzos de la Comunidad Internacional por hacer respetar el Derecho a la Salud. Nuestros compañeros de profesión en otros países, se enfrentan diariamente a contextos complejos de violencia en los que ser sanitario es una profesión de riesgo, y no podemos ser ajenos a esa realidad.
No se trata solo de lo que a un profesional médico colegiado en alguno de los 52 Colegios de España le afecte; se trata de defender nuestra profesión ahí donde es necesario. Es verdad que nuestros cooperantes médicos se ven afectados muchas veces por estas situaciones de violencia, al participar en intervenciones humanitarias en contextos complejos, y para atenderles creamos la Fundación de Cooperación Internacional de la OMC, pero si no fuera así también estaríamos implicados en estas campañas internacionales porque el ejercicio de la medicina no entiende de fronteras. Lo que ocurre a nuestros compañeros de profesión en países en contextos de guerra, -de hecho son los sanitarios locales los más afectados por este tipo de violaciones al Derecho Internacional Humanitario-, no es su problema, es un problema de toda la profesión. Nos afecta a todos.
Entonces, se podría decir que la Organización Médica Colegial tiene puesta su mirada dentro y fuera de nuestras fronteras. ¿Considera que se han globalizado también nuestros deberes y competencias como profesión en este aspecto?
Como Organización Médica Colegial formamos parte de asociaciones internacionales de médicos con los que compartimos inquietudes y, en no pocos casos, problemáticas similares, a pesar de encontrarnos en puntos opuestos de planeta. Como ejemplo, comentar que trabajamos muy estrechamente con nuestros compañeros de profesión de países de Latinoamérica y del Caribe, precisamente para hacer frente a las agresiones que, como sanitarios, sufren al ejercer en contextos muchas veces violentos. Hay muchos países en Latinoamérica y el Caribe con tasas altísimas de violencia, en situaciones en las que un sanitario desarrolla su labor como si se encontrase en medio de un conflicto armado. La Región contienen la tasa de homicidios per cápita más alta del mundo: más de 10 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En España, sin ir más lejos, nos encontramos con este problema y gracias al esfuerzo conjunto como profesión y a la constitución del Observatorio Nacional de Agresiones, conseguimos modificar el Código Penal en 2015, y desde entonces contamos con un instrumento legal que protege a nuestros sanitarios. A nivel internacional nuestro objetivo es el mismo: aunar esfuerzos para defender la profesión y el derecho a la atención sanitaria.
¿Considera que está verdaderamente en peligro la asistencia sanitaria, como afirma en nombre de la campaña Asistencia Sanitaria en Peligro de la que su organización forma parte?
Desafortunadamente, la asistencia sanitaria está en peligro en muchos lugares del mundo. Las poblaciones afectadas por la violencia están desamparadas y desatendidas, siendo las principales víctimas del conflicto, y los sanitarios locales deben saber que toda la comunidad de profesionales sanitarios comparte su problema, básicamente porque es el nuestro también. Nosotros lo vemos así y consideramos imprescindible aunar esfuerzos internacionalmente para que la asistencia médica no se vea comprometida y la profesión cuente con recursos e instrumentos sobre los que apoyarse cuando el Derecho Internacional Humanitario sea vulnerado. Así lo planteé personalmente en el encuentro que la Organización Médica Colegial, junto con otras organizaciones médicas de Latinoamérica y del Caribe, entre otras, tuvimos el pasado 9 de junio con el Papa Francisco en Roma, donde afirmé que los determinantes sociales no son casuales, son determinaciones políticas y económicas que inciden en la vida y en la salud de las personas, son acciones conscientes, meditadas, dirigidas, permitidas o toleradas por los que pueden hacerlo, como crear, propiciar y mantener guerras o bombardear dispositivos y personal sanitario en zonas de conflicto.
¿Cuál es el reto más difícil de la profesión en este sentido?
El fin último de nuestra labor, en este sentido, es ofrecer herramientas a nuestros profesionales para hacer frente a estas situaciones, sumar esfuerzos para hacer respetar el ejercicio de la profesión médica y mejorar el acceso a la asistencia sanitaria según establece el Derecho Internacional Humanitario y los Convenios de Ginebra. Añadiría, que los perpetradores de los ataques sepan que hay una Comunidad Internacional que trabaja para impedir que estos queden impunes.
El reto es seguir trabajando día a día y sin desánimo, junto con todas las profesiones sanitarias, instituciones, Gobiernos, la Sociedad Civil y los actores humanitarios implicados, para poder llegar a la población civil afectada que necesitan asistencia sanitaria y hacer respetar el Derecho a la Salud, uno de los derechos fundamentales del ser humano.
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