jueves, marzo 28, 2024

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Políticos y víctimas de la talidomida coinciden: “Grünenthal no se puede ir de rositas”

Afectados por la talidomida, representantes de la Administración y portavoces de los grupos políticos de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados aseguraron que, a pesar de las resoluciones judiciales que señalan que la responsabilidad del laboratorio Grünenthal ha prescrito, el Estado debe impedir que la compañía farmacéutica “se vaya de rositas” y conseguir que indemnice a las víctimas como ha sucedido en otros países europeos

La primera mesa de las II Jornadas sobre la situación de los afectados por la talidomida estuvo moderada por el Dr. Javier Font, vicepresidente segundo de la OMC, y participaron María Teresa Angulo, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Sanidad del Congreso; Jesús María Fernández, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso; Francisco Igea, portavoz del Grupo Ciudadanos en la Comisión de Sanidad del Congreso; y Asunción de la Concha, portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Sanidad del Congreso.

El Dr. Font, vicepresidente segundo de la OMC, destacó que “no se ha reparado el daño con los afectados de la talidomida y hay que pedir perdón porque también les ha fallado la profesión médica por no aportar el cariño y el consuelo debido a las víctimas y a sus madres”. También reflejó que, en ocasiones, “la estricta aplicación del derecho puede derivar en una injusticia y en este caso el Código Civil no ha podido atajarlo”, además de incidir en que “las soluciones planteadas no cubren las expectativas y la Administración debe tomar conciencia de la situación”. 

María Teresa Angulo, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Sanidad del Congreso, comentó que “el camino no ha sido fácil, pero hay que ser optimista con los resultados obtenidos y es importante que el Gobierno y las Comunidades Autónomas reconozcan la lucha y manifiesten el compromiso con la causa”. Insistió en que “es un daño que no se puede reparar y habrá que exigir responsabilidades a Grünenthal, a pesar de las resoluciones judiciales” y aclaró que “la partida destinada a las indemnizaciones no está cerrada y ahora lo fundamental es saber cuántos y quiénes son los afectados”. 

Jesús María Fernández, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso, destacó “la unanimidad parlamentaria en la actual legislativa para resolver el problema” y animó a buscar “una indemnización justa por un envenenamiento”. Asimismo, hizo hincapié en que “a pesar de que está funcionando bien el reconocimiento de las víctimas y hay una partida en los PGE para indemnizaciones, no se puede obviar la responsabilidad de la farmacéutica”. Por último, comentó que la aprobación de los presupuestos no debe ser “una excusa para el Gobierno, puesto que cuando no cuenta con el apoyo parlamentario puede poner en marcha un decreto ley para que se abonen”. 

Francisco Igea, portavoz del Grupo Ciudadanos en la Comisión de Sanidad del Congreso, no quiso hacer “una valoración política de este tema” y lamentó que los tiempos de la vida política son “demasiado lentos”, pero destacó que “es un gran paso que se esté realizando un reconocimiento de las víctimas de la talidomida y el nuevo RD abre puertas que no existían”. Igea manifestó que “es preciso que el Gobierno se siente con el laboratorio, defienda a sus ciudadanos y no permita esta humillación. No se puede permitir que Grünenthal se vaya de rositas y la empresa debe pagar al menos la misma cantidad que ponga el Estado, porque menos sería una indecencia”.

Asunción de la Concha, portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Sanidad del Congreso, señaló que “el país debe salir al socorro de las víctimas, porque si no es así, no es para sentirse orgulloso, porque es un asunto que se sabía desde hace décadas y debería estar resuelto de oficio”.  También destacó la perseverancia de AVITE para llegar a los avances conseguidos, como la inclusión de la partida en los PGE y el nuevo real decreto.  

Realidad y compromiso social con un colectivo desprotegido

La segunda mesa de las II Jornadas sobre la situación de los afectados por la talidomida estuvo moderada por el Dr. Carlos Molina, presidente del Colegio de Médicos de Cuenca y miembro del Observatorio de la Prescripción de la Organización Médica Colegial (OMC); y participaron la Dra. Encarnación Guillén, presidenta del Comité Científico de la Talidomida del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; el Dr. Javier García Mora, miembro del Comité Científico de la Talidomida; Carmen Balfagón, directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), y Rafael Basterrechea, vicepresidente de la Asociación de víctimas de la Talidomida en España (AVITE).

El Dr. Molina, presidente del Colegio de Médicos de Cuenca, mostró el apoyo de la OMC a las víctimas de la talidomida y subrayó que “la documentación científica del laboratorio Grünenthal sobre este fármaco fue falaz e hizo que muchos médicos estuvieran engañados y desinformados”. Manifestó que “el problema se ha agravado por la falta de determinación de los distintos gobiernos y va más allá de lo jurídico, puesto que afecta a la ética y la moral”. Además, lamentó que “España es el único país en Europa que falta por indemnizar” e hizo hincapié en que “la OMC debe velar por la indefensión de los afectados y condenar la vulneración de principios científicos, éticos y deontológicos”. 

Carmen Balfagón, directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), reconoció que representaba a la institución que jugaba “el papel más feo de la jornada” y afirmó entender las reivindicaciones de AVITE. Señaló que el IMSERSO “tiene la difícil encomienda de instrumentar lo que la Justicia ha determinado que sea así, pero no calma las pretensiones de los afectados”. Añadió que “el decreto de 2010 se quedó corto y ahora se ha ampliado y los Presupuestos Generales del Estado prevén una cantidad inicial de 20 millones de euros y deja abierta la partida, que si es necesario se ampliará en 2019, a pesar de que la Justicia ha puesto una piedra grande en el camino” y enfatizó en que “el nuevo Real Decreto abre una nueva brecha y dice que estos hechos no han prescrito y se pueden volver a abrir”.  

La Dra. Encarnación Guillén, presidenta del Comité Científico de la Talidomida del Ministerio de Sanidad, aseguró que la puesta en marcha de dicho organismo “es un hecho diferencial y no es un grupo de trabajo aislado” y recalcó que “se tendrán en cuenta la situación de los afectados derivado de las anomalías padecidas por la talidomida, porque la intención es valorar lo que no se ve, pero sí les ha afectado”.  

Los 20 millones recogidos en los Presupuestos Generales del Estado se destinarán a financiar ayudas a personas a las que se reconozca que sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de gestación, compatibles con las descritas para la talidomida, en el periodo 1955-1985, y cuyo origen no pueda ser explicado por otras embriopatías o alteraciones cromosómicas. Guillén explicó que “el comité científico no entorpece el reconocimiento y valorará la parte humana y el sufrimiento silencioso de todos los afectados, incluso los que no estén comprendidos entre esos años”. 

 El Dr. Javier García Mora, miembro del Comité Científico de la Talidomida, aseguró que “el diagnóstico se está haciendo bien, lo que es ridículo es que los afectados cobren pensiones de 65 euros”. También se mostró en desacuerdo con las resoluciones judiciales sobre este asunto, “porque si el diagnóstico se está haciendo ahora, es imposible que haya prescrito como han dictado las sentencias”. 

Por su parte, Rafael Basterrechea, vicepresidente de AVITE, manifestó que desde la asociación “se ha tenido solidaridad con la situación económica del país, pero ahora es el turno de que muevan ficha los que tienen responsabilidades, porque hemos defendido nuestros derechos con dignidad y esperamos recibir lo que nos pertenece”. 

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