ONUSIDA ha hecho un llamamiento a la acción para cambiar las leyes y prácticas discriminatorias, que constituyen un obstáculo considerable para el acceso a los servicios de salud y a otros servicios
“Se están produciendo violaciones de los derechos humanos por todo el mundo debido a las leyes y prácticas discriminatorias” afirmó Michel Sidibé, director Ejecutivo de ONUSIDA. “Las leyes deben proteger, no perjudicar. Todos los países deben examinar detenidamente sus leyes y políticas a fin de garantizar la igualdad y la protección de todas las personas sin excepción”.
La sensibilización, la movilización y la adopción de medidas son fundamentales, de ahí que ONUSIDA haya propuesto medidas concretas que las personas, las organizaciones de la sociedad civil, los parlamentarios y las organizaciones donantes pueden adoptar para modificar las leyes discriminatorias. Dichas medidas engloban desde ser un aliado de las personas afectadas por la legislación discriminatoria hasta unirse a una organización no gubernamental, proponer modificaciones a las leyes y exigir exámenes legislativos.
Es posible lograr cambios positivos y existen muchas formas de modificar o abolir una ley, por ejemplo: reformar o derogar leyes mediante los procesos parlamentarios y los votos de los parlamentarios; por consiguiente, es primordial fomentar la sensibilización entre los parlamentarios, como se hizo en el examen de las leyes relativas al VIH en Filipinas y los proyectos de ley de Malawi.
En muchos países, los tribunales tienen autoridad para derogar las leyes que resultan discriminatorias. Para ello, una persona u organización afectada por dichas leyes puede tomar medidas legales y ganar la causa a fin de lograr el cambio. Un claro ejemplo fue el caso del Tribunal Supremo de la India, que abolió el artículo 377 en 2018. En algunos países, las personas o los políticos pueden proponer reformas legislativas a través de una petición y solicitar un referendo o una votación nacional. Se trata de un método legislativo normalizado en Suiza.
ONUSIDA ha señalado diversas leyes que son discriminatorias, que impiden el acceso a los servicios sociales y de salud, que restringen la libertad de circulación y que violan los derechos humanos.
En 2018, al menos 20 países impusieron algún tipo de restricción para viajar a las personas que viven con el VIH, además, cerca de 29 países informaron de que las mujeres necesitaban el consentimiento de sus maridos o parejas para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva.
Asimismo, 59 países notificaron que su legislación, sus normativas o sus políticas establecían pruebas obligatorias del VIH para casarse, trabajar u obtener permisos de residencia, o para determinados grupos de personas, otros 17 países criminalizaban a las personas transgénero; Cuarenta y cinco países contaban con leyes que exigían el consentimiento de los padres a las personas jóvenes y adolescentes menores de 18 años para acceder a los servicios de las pruebas del VIH; y 33 países imponían la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas en su legislación. Por otra parte, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo estaban penalizadas al menos en 67 países y territorios de todo el mundo.
ONUSIDA está trabajando de manera activa con los asociados de las Naciones Unidas, los Gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil a fin de cambiar estas leyes, en el marco de la Alianza mundial de acciones tendientes a eliminar todas las formas de estigma y discriminación relacionados con el VIH.
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