Jueves, 23 Mayo 2019

Reunión con el Defensor del Pueblo

Médicos y defensores de derechos humanos piden que la Sanidad penitenciaria deje de ser “una isla fuera del SNS”

Representantes de la Organización Médica Colegial (OMC), y de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) acudieron ayer a la Oficina del Defensor del Pueblo para exponerles la situación que vive actualmente la Sanidad penitenciaria, y para pedir su intervención al objeto de que ésta deje de ser “una isla fuera del Sistema Nacional de Salud”, que prospere su transferencia a las CC.AA , así como que se facilite a la población reclusa el acceso a tratamientos innovadores al igual que el resto de la ciudadanía

Madrid 20/10/2016 medicosypacientes.com/S.P.
De izda. a dcha.: Dra. Carmen Hoyos, Francisco Fernández, y Valentín Aguilar.
A la reunión asistieron por parte de la Oficina del Defensor del Pueblo, el adjunto primero, Francisco Fernández Marugán, acompañado por su jefe de Gabinete, Francisco Virseda Abarca. La Dra. Carmen Hoyos, acudió en representación de la OMC, y Valentín J. Aguilar, por parte de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).
 
Tras la reunión con el Defensor del Pueblo adjunto, se celebró en las mismas instalaciones una rueda de prensa en la que la Dra. Hoyos y Aguilar informaron a los medios de comunicación de este encuentro y presentaron el informe “Sanidad en Prisión, la salud robada entre cuatro muros”, elaborado por la APDHA.
 
El documento profundiza en las condiciones que padecen las personas privadas de libertad en el acceso a la salud. Se centra en el caso de Andalucía, aunque, como explicaron sus autores, es extrapolable al resto del país. 
 
Valentín Aguilar, en su turno de palabra, denunció el “incumplimiento absoluto de la legislación que garantiza el derecho a la salud y a la asistencia sanitaria en las personas privadas de libertad, teniendo en cuenta que estamos ante uno de los colectivos que más asistencia sanitaria requiere por su deterioro físico y mental”. 
 
Se mostró convencido de que “hay una serie de irregularidades en el cumplimiento de la ley a la hora de asistir a la población reclusa, que con la aplicación de la legislación autonómica se evitarían”. De ahí, la exigencia de que se culminen las transferencias en materia de Sanidad penitenciaria, con el montante económico correspondiente. Una demanda que, según el coordinador de APDHA, "es respaldada por parlamentos autonómicos, grupos políticos, movimientos ciudadanos, etc. “Incluso el Congreso y el Senado también se han pronunciado a favor", aseguró. 
 
Al respecto, recordó que la Ley de Cohesión y Calidad de 2003 establecía la trasferencias de las competencias de la Sanidad penitenciaria a las CC.AA. en un plazo de 18 meses. “Trece años después, sólo dos comunidades cuentan con estas transferencias como son Cataluña y el País Vasco”, según indicó. 
 
Dificultad de acceso a tratamientos innovadores
Otro de los aspectos denunciados en la rueda de prensa fue la dificultad de acceder a los tratamientos de última generación para patologías como la Hepatitis C, la tuberculosis, además de enfermedad mental grave, entre otras. 
 
En el caso concreto de la Hepatitis C, que, en la actualidad afecta a unos 13.000 reclusos, en lo que va de año, el tratamiento farmacológico no se ha facilitado a más de un 1 por ciento”, de hecho, como afirmó el coordinador de la APDHA, "se han llegado a producir algún fallecimiento a consecuencia de no haber recibido el enfermo la medicación a tiempo".
 
La pérdida reiterada de citas con especialistas que agravan la salud ya precaria de las personas presas, la dificultad para el acceso a la historia clínica de estas personas, la falta de homogeneidad en el funcionamiento de las consultas y la discontinuidad de los tratamientos, son problemas añadidos del día a día en el panorama asistencial de las personas privadas de libertad, según se expuso.
 
Por su parte, la Dra. Carmen Hoyos, coordinadora de Sanidad penitenciaria de la OMC, lamentó que se esté olvidando a los enfermos presos como pacientes, recordando que la Ley General de Sanidad establece que la Sanidad penitenciaria ha de estar incluida en el Sistema Nacional de Salud.
 
La dependencia de los médicos, que atienden a esta población, del Ministerio del Interior "representa un obstáculo", según la Dra. Hoyos, dado que muchas veces el criterio médico, orientado a la salud del paciente, queda mermado con el de la autoridad penitenciaria, primando, en numerosas ocasiones “el interés económico, frente al criterio científico o el de guías terapéuticas a la hora de prescribir determinados tratamientos”.
 
En relación con lo anterior, se da también el caso  de imposición a la hora de dispensar productos farmacológicos distintos de los que se le administraban al preso antes de ingresar en prisión, algo que, como explicó la Dra. Hoyos "fue denunciado por las organizaciones médicas y declarado ilegal por el Tribunal Supremo, dado que tiene que haber una continuidad en la asistencia a los presos”, según manifestó.
 
Precariedad laboral
Esta experta en Sanidad penitenciaria también se refirió a la situación de precariedad de los médicos que trabajan en las cárceles, que, como señaló, “ha sido muchas veces denunciada, pero casi siempre desoída”. Al respecto, lamentó que durante muchos años se haya estado cobrando la hora de guardia a un euro, y pese a que partir de 2006, se subió a seis euros, todavía se está muy lejos de alcanzar lo que, por ejemplo, percibe un médico de A.P. en torno a los 26 euros”.
 
La Dra. Hoyos advirtió, además, del problema del envejecimiento de las plantillas y su próxima jubilación, sin que se vea una clara intención de reposición de personal, lo cual apunta a una posible externalización de este tipo de asistencia.
 
En la actualidad según datos de la secretaría general de Instituciones Penitenciarias, el censo de población reclusa supera las 60.000 personas, 55.700 hombres y 4.564 mujeres, de cuya salud se ocupan unos 326 médicos y 485 enfermeros, según datos de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SEPD). 
 
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