Los representantes de 22 organizaciones médicas en la Confederación Médica Latino Iberoamericana (CONFEMEL) y el presidente de dicha Confederación, Dr. Florentino Cardozo, han dirigido un pronunciamiento a los presidentes de Gobierno y de los parlamentos de cada país así como a todas las organizaciones internacionales y sanitarias en el que expresan su indignación por la situación que atraviesan los profesionales médicos en los servicios de salud nicaragüenses
Los firmantes de este escrito expresan su conmoción por los gravísimos atentados contra los derechos humanos perpetrados por el gobierno de Nicaragua contra su pueblo. Asimismo, se muestran profundamente indignados por el uso y abusos contra los profesionales y servicios de salud, al prohibirles e impedir atender a los múltiples heridos que se manifestaron pacíficamente, por sacar a los heridos de los servicios sanitario o puestos improvisados -iglesias- para prestar asistencia sanitaria, así como por maltratar secuestrar e incluso matar a los profesionales que cumplen con su obligación sagrada de atender y prestar ayuda al herido o enfermo sin ninguna distinción.
Pronunciamiento
En Nicaragua el Gobierno que preside el Sr. Daniel Ortega está vulnerando sistemáticamente el Derecho Internacional Humanitario con agresiones y secuestro de civiles heridos e indefensos dentro de instalaciones sanitarias , prohibiendo e impidiendo la labor de los profesionales, instalaciones y transportes sanitarios maltratan- do, deteniendo e incluso matando a aquellos profesionales que se resisten a dejar sin atender a los heridos es un crimen que debe tener respuesta inmediata de la Comunidad Internacional, del gobierno de mi país que Ud. preside salvo convertirnos indirectamente en cómplices de lo que está ocurriendo y que claramente condenan las resoluciones internacionales.
Con el respeto debido le recordamos que:
•El problema no es la falta de un marco normativo internacional y la aprobación de nuevas resoluciones sino su incumplimiento y la impunidad
•La Resolución 2286 (2016) adoptada el 3 de mayo de 2016 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en relación a pro- tección de los civiles y personal sanitario en los conflictos armados, establece un nuevo instrumento que vuelve a incidir en la necesi- dad de que los Estados protejan la asistencia a la salud, así como que promuevan y aseguraren el respeto de los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario y el derecho internacion- al consuetudinario que se refiere a la protección de los heridos y enfermos, el personal sanitario y el personal humanitario dedicado exclusivamente a misiones médicas, sus medios de transporte y equipo, los hospitales y otros establecimientos sanitarios.
•La obligación de la Comunidad Internacional y en consecuen- cias nuestro país, de intervenir para denunciar la impunidad con la que están actuando grupos armados y la propia policía bajo las órdenes del Gobierno y sus mandos intermedios, impidiendo el más elemental ejercicio humanitario de atender a los heridos sea cual sea el origen de su lesión, así como proporcionar asistencia a poblaciones afectadas por conflictos armados o contextos de violencia.
•Los Estados y la Comunidad Internacional tienen la obligación de cooperar con los tribunales internacionales para asegurar que estos actos no queden impunes.
Por todo lo cual ante Vd. Denunciamos:
•El ataque sistemático a la asistencia sanitaria en contextos de conflicto armado se ha convertido en un arma de guerra y en este caso en un arma política del gobierno de Nicaragua para liquidar al disidente. En Nicaragua es un procedimiento del Gobierno para ejercer una represión atroz contra su pueblo que se manifestaba pacíficamente exigiendo sus derechos.
•Todos los profesionales sanitarios en Nicaragua viven actual- mente en un contexto de violencia ejercida contra manifestantes pacíficos a los que se intenta reprimir utilizando la asistencia sanitaria como un objetivo más para ejercer el control sobre la po- blación.
•Es aterrador comprobar como el Gobierno de Nicaragua prohíbe ejercer en sus servicios sanitarios las obligaciones deontológicas de los médicos y demás profesionales sanitarios a prestar ayuda y atender a los heridos provocados por la crisis humanitarias en la que en este momento Nicaragua está inmersa en un contextos de violencia generalizada.
•El incumplimiento de la Resolución N° 2286 (2016) adoptada el 3 de mayo de 2016 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en relación a protección de los civiles y personal sanitario en los conflictos armados y este lo es.
•La inutilidad de la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta, que parte de los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra, y es el único órgano permanente creado específicamente para inves- tigar violaciones del Derecho Internacional Humanitario, no haya sido utilizada desde su creación en 1991.
•La tolerancia escandalosa de la comunidad Internacional y de cada uno de los 76 estados firmante de la misma con estos y otros hechos, pues con uno solo que auspicie una investigación seria suficiente para activar la mencionada Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta.
Exigimos: La adopción de medidas urgentes para lograr:
1. El fin inmediato del terrorismo y los asesinatos de estado que realiza el Gobierno de Nicaragua.
2. El fin de nuevos actos de violencia, represión, torturas y secuestro ha- cia el personal sanitario y el ejercicio de la medicina, así como impulsar y favorecer la implementación de los protocolos de actuación y marcos legales para posibilitar la asistencia sanitaria en zonas en conflicto armado.
3. Que, en el caso de no poner fin a tanta violencia de estado, que nuestro país rompa las relaciones diplomáticas con un estado asesino y represor que preside Daniel Ortega
Como médicos nos interesa todo aquello que produce sufrimiento y enfermedad o constituye un atentado contra la vida y dignidad de las personas y por eso la CONFEMEL quiere formar parte de los esfuerzos de la Comunidad Internacional por hacer respetar el derecho a la salud y el ejercicio de las profesiones sanitarias libre de violencia y coacciones.
Firmantes: Asociación Médica Brasileña ; Asociación Médica Sindical Colombiana; Círculo Paraguayo de Médicos; Asociación Médica Nicaragüense ; Colegio Médico de Bolivia; Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica; Colegio Médico de El Salvador; Colegio Médico del Perú; Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala; Colegio Médico de Honduras; Colegio Médico de México; Consejo Federal de Medicina Brasil ; Colegio Médico de Panamá; Confederación Médica de la República Argentina; Federación Médica Brasileña; Federación Médica Venezolana; Federación de Entidades Médicas Colegiadas (CONFEMECO); Federación Nacional dos Médicos; Organización Médica Colegial de España; Sindicato Médico de Uruguay; Unión Médica de Costa Rica; y Sociedad Nicaragüense de Medicina General.
Se adjunta pronunciamiento en PDF.
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