jueves, marzo 28, 2024

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Más de 5 millones de ciudadanos en situación de pobreza energética en España

Del 17 al 23 de febrero se celebra la Semana Europea de la Pobreza Energética, un problema que afecta a 5’1 millones de personas en España, que no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, y que conlleva a afectaciones para su salud y en riesgo de exclusión social 

Así se desvela del tercer estudio de pobreza energética ‘Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética. Nuevos enfoques de análisis’ desarrollado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) por tercer año consecutivo y que refleja que se ha producido un incremento del 22 % en dos años.

 
Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia son las cuatro regiones con mayor incidencia de pobreza energética.
 
A pesar de las medidas y avances que se han puesto en marcha en España desde que ACA presentara su anterior estudio en 2014, especialmente en el ámbito autonómico y local, el nuevo estudio revela que hasta un 21 % de los hogares españoles están experimentado condiciones asociadas a la pobreza energética y que un 6 % (2´6 millones de ciudadanos) dedican más del 15 % de sus ingresos familiares al pago de las facturas energéticas. Esto sitúa a España por encima de la media europea que está en un 10,2 %.
 
Otro de los indicadores usados en el estudio, situaría al 7 % de los hogares españoles en una situación de pobreza energética dado que los ingresos del hogar son menores que la renta mínima de inserción española (417 €/mes en 2014) descontando los gastos de vivienda y energía doméstica, es decir, que casi 5 millones de españoles apenas tienen con qué vivir, una vez pagadoslos gastos de hogar y de energía.
 
Semana europea de la pobreza energética: La nueva política europea avanza en la protección de los consumidores vulnerables
 
La nueva política europea en materia energética avanza en la protección de los consumidores vulnerables. ACA en la celebración de la Semana Europea de la Pobreza Energética destaca la necesidad de analizar seriamente el nuevo paquete de medidas de la UE en materia de energía para valorar, sin dilación, cómo se implantará en España.
 
Son muchos los representantes de los partidos políticos y las organizaciones sociales que han marcado el foco de la pobreza energética en el bono social, uno de los pocos instrumentos existentes para proteger el consumidor vulnerable.
 
Esto ha sido fruto, entre otras noticias, por la reciente convalidación el pasado 31 de enero del Pleno del Congreso al real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros del 23 de diciembre, que se elaboró a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que invalidó el sistema de financiación del bono social. A partir de este momento, la financiación provendrá de todas las comercializadoras, no sólo las que desarrollan actividades de generación y distribución.
 
Asimismo, el decreto, pendiente de un reglamento que desarrolle la normativa, realiza la introducción de algunas medidas como la definición de tipos de consumidores, una nueva categoría de suministro de energía eléctrica de carácter de esenciales para consumidores vulnerables severos,  la ampliación de dos a cuatro meses el periodo de aviso en el caso de los consumidores vulnerables, la obligación del contacto con los servicios sociales para comprobar si un usuario entra en la categoría de «extremadamente vulnerables» antes de realizar un corte de suministro, entre otros como la mejora de la normativa sobre comercialización con la pretensión de aumentar la protección al conjunto de los consumidores.
 
Si bien hay margen de mejora en la configuración del bono social, ampliamente analizado en el 3er Estudio de Pobreza Energética en España 2016 y a través de los talleres organizados por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) en 2015 y 2016, no puede ser el único instrumento para combatir la pobreza energética.
 
En este sentido, la política europea en materia energética ha dado un nuevo impulso con la publicación el pasado 30 de noviembre de 2016 de un nuevo paquete de medidas que marca una nueva hoja de ruta que debe ser analizada con seriedad para implantar una estrategia integrada y coherente a este complejo problema.
 
Entre las numerosas medidas planteadas, se destacan las siguientes por su incidencia, directa o indirecta, en la potencial protección de los consumidores vulnerables: Eficiencia. Bajo el lema “Eficiencia energética en primer lugar” la Comisión Europea deja clara la prioridad más importante, aumentando la exigencia del objetivo de eficiencia del 27% al 30% para 2030 a los Estados Miembros. Para ello, la primera decisión va a ser promover la revisión de la Directiva 2012/27/UE sobre eficiencia energética.
 
Además, dado que la tasa de rehabilitación de edificios está siendo escasa a pesar de las medidas puestas en marcha, se va a desarrollar una revisión de la Directiva de rehabilitación de edificios que junto al desarrollo de nuevos instrumentos de financiación para la rehabilitación, se pretende acelerar el ritmo de las actuaciones y dinamizar el mercado.
 
La UE asume que la raíz de la vulnerabilidad energética es el estado de los hogares europeos y que la solución de la pobreza energética y la prevención de más casos en el futuro es actuar en la eficiencia energética de los hogares que garantice su habitabilidad.
 
Asimismo, la Comisión considera necesario que las medidas de eficiencia que se adopten tengan en cuenta las situaciones de pobreza energética y les dé prioridad, con estrategias a largo plazo que se mantengan en el tiempo, para lo cual los acuerdos políticos deben ser necesarios.
 
Durante la celebración de Semana Europea de la Pobreza Energética ACA realizará acciones de comunicación para seguir avanzando en soluciones factibles y estructurales al problema de la pobreza energética. El proceso de reformulación del bono social, las medidas para proteger a los hogares frente al corte de suministro, la aprobación del nuevo paquete de medidas energéticas en Europa o la creación de un Observatorio Europeo de la Pobreza Energética nos sitúan ante un momento de oportunidad para establecer una verdadera hoja de ruta que haga factible la erradicación paulatina de la pobreza energética.
 
En esta línea el próximo desarrollo reglamentario que defina las categorías de consumidor vulnerable y el marco de protección de los mismos supondrá un punto de partida para desarrollar una estrategia estatal que incorpore el enfoque de la pobreza energética en la definición de todo tipo de políticas implicadas (medio ambiente, salud, fomento, hacienda, etc.) y que coordine y sume los esfuerzos de los diferentes niveles de la administración, las empresas y la sociedad civil.
 
 
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