El Pleno del Congreso aprobó ayer la tramitación de la proposición de ley de Ciudadanos para garantizar el derecho a una muerte digna y fijar los deberes que deben asumir los profesionales sanitarios que atienden a los pacientes que están ante el proceso final de su vida.
La iniciativa contó con el apoyo del PP, PSOE, Unidos Podemos, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Compromís; la abstención de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); y el voto en contra del PNV y del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT).
Esta propuesta forma parte de uno de los compromisos que la formación que lidera Albert Rivera adquirió con el PP en el acuerdo de investidura. Además, la aprobación de su tramitación se produce una semana después de que ambos grupos parlamentarios y el PSOE impidieran la tramitación de una ley de eutanasia promovida por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos.
Derechos de los pacientes y profesionales sanitarios
Concretamente, la normativa aboga por garantizar del «pleno respeto» del derecho a la dignidad de la persona en el proceso final de su vida; promover la libertad, autonomía y voluntad de acuerdo con sus deseos, preferencias, creencias o valores; y asegurar que el rechazo de un tratamiento por voluntad de la persona, o interrupción del mismo, no suponga un menoscabo de una atención sanitaria integral.
Asimismo, pretende garantizar el derecho de todos los ciudadanos a recibir cuidados paliativos integrales y un adecuado tratamiento de los síntomas físicos y problemas emocionales que puedan surgir al final de la vida; evitar la discriminación en el acceso a los servicios sanitarios en estos momentos; y asegurar una atención personalizada a través de la coordinación y cooperación entre los sistemas de salud y de servicios sociales, velando por la continuidad de los cuidados.
Del mismo modo, se destaca la necesidad de diferenciar lo que es un «razonable esfuerzo terapéutico» para alargar la vida de los pacientes en condiciones dignas, del «encarnizamiento terapéutico» que conduce a la prolongación de un sufrimiento «innecesario». Además, el texto señala que, en estos procesos, la prolongación de la vida «no debe considerarse un bien superior» al derecho de los pacientes a pasar sus últimos días conforme a sus creencias y convicciones personales.
De esta forma, la normativa establece como derechos de las personas que están cerca de la muerte recibir cuidados paliativos integrales y de tratamiento del dolor, previendo el derecho a la sedación paliativa, «incluso cuando ello pudiera implicar un acortamiento de la vida»; derecho a recibir tales cuidados en su domicilio o en otro lugar que designen; que, en el caso en que la asistencia sea en régimen de internamiento hospitalario, puedan estar acompañados de sus familiares, allegados y el auxilio espiritual que deseen; y que puedan estar en una habitación individual.
Por otra parte, la ley refleja también la necesidad de dotar a todos los profesionales sanitarios del apoyo, información y de las herramientas necesarias para asumir su papel «con seguridad» y reducir la conflictividad ante estos casos. Al mismo tiempo, pretende dar respuesta legal a los dilemas a los que se enfrentan las administraciones y profesionales de salud y, finalmente, se subraya la importancia de que se limite el esfuerzo terapéutico a la situación del paciente, siempre y cuando sean con las garantías de decisión compartida por varios profesionales y de información al paciente y respeto a su voluntad.
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