Las organizaciones que integran el Foro Iberoamericano de Entidades Médicas (FIEM) han instado a los Gobiernos a que tutelen el derecho a la salud para todos los ciudadanos y eviten que caiga en manos privatizadoras. Así se expone en una Declaración difundida tras su reunión de San José, Costa Rica. En el documento se denuncia que la cobertura universal es utilizada, en muchas ocasiones, por los políticos con fines electorales, al tiempo que reclaman una red pública de hospitales que garantice la Sanidad a la población y también las condiciones laborales de los profesionales
Madrid, 16 de junio 2014 (medicosypacientes.com)
Las organizaciones que integran el Foro Iberoamericano de Entidades Médicas (FIEM) instan a los Gobiernos a que tutelen el derecho a la salud para todos los ciudadanos y que no la dejen en manos privatizadoras. Así se expone en una Declaración que un manifiesto que han difundido tras su reunión de San José, Costa Rica. En el documento se denuncia que la cobertura universal es utilizada, en muchas ocasiones, por los políticos con fines electorales,al tiempo que reclaman una red pública de hospitales que garantice la sanidad a la población y también las condiciones laborales de los profesionales
Para el FIEM resulta esencial defender una serie de principios fundamentales para los sistemas de salud: Se debe garantizar la salud como un derecho humano fundamental e integral sometido a la normas del Derecho Humanitario Internacional.
Consideran que los Estados son responsables de garantizar, propiciar, facilitar y tutelar el derecho a la salud para todos sus ciudadanos y esto no puede ser delegado ni compartido con capitales privados.
Dicho Foro pide garantías por parte de los Estados sobre el derecho a la protección de la salud de todos los ciudadanos con un aseguramiento de carácter social que les garantice una cobertura sanitaria efectiva y en condiciones de igualdad.
Declaración FIEM: «Sistemas de Salud de Latinoamérica amenazados»
En muchos países de Latinoamérica y del espacio FIEM se está imponiendo un modelo neoliberal, comercial y perverso que continúa profundizando en su carácter privatizador, con afán de lucro y el consecuente incremento del interés por los rendimientos financieros sin tener en cuenta para nada los rendimientos sociales. Continúa el deterioro inaceptable de los niveles de salud y del grado de satisfacción de las personas y no tienen en cuenta los determinantes sociales, afectando a la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente la de los más vulnerables, con el resultado del aumento de la morbimortalidad, el deterioro de los indicadores de salud y de la carga de enfermedad, por mencionar sólo dos consecuencias.
La ausencia de los Estados y su falta de compromiso en la regulación y control directo de todo lo que afecta a los sistemas de salud, así como la fragmentación de los servicios, la discriminación de las personas para ser atendidas según su capacidad de pago, la selección adversa de personas por parte de los intermediarios financieros, según el tipo de enfermedades que padezcan, la desatención a la salud pública y el desvío ilícito y continuo de recursos del sistema sanitario hacia las actividades privadas que nada tienen que ver con la salud de la población, hacen del «modelo neoliberal» un modelo de atención de salud inequitativo, que no atiende a las necesidades de las personas, que es de mala calidad y que ha fracasado en su misión sanitaria, al tiempo que ha sido exitoso en la privatización de infraestructuras sanitarias y en la acumulación y ampliación de capitales financieros privados en detrimento del patrimonio público.
La misma situación se ha producido con los medicamentos donde las inequidades en su acceso y los altos precios, especialmente para las enfermedades de alto costo, los hacen de difícil o imposible alcance para la mayor parte de los ciudadanos.
La base de esta situación es contradictoria con buena parte de las obligaciones legales de nuestros países, y contra el estado social de derecho. El modelo neoliberal mediante la globalización y la economía de escala ha producido una confrontación entre el principio social que soporta que los derechos fundamentales e individuales, de obligatoria defensa y aplicación por parte del Estado, y el principio neoliberal que sustenta la libre empresa y el adelgazamiento del Estado en favor del capital privado.
Hay también una confrontación en el campo social cuando el Estado entrega su función de articulación y regulación del sistema a los aseguradores privados con ánimo de lucro, que priorizan sus rendimientos financieros sobre los rendimientos sociales, lo que ha ocasionado la crisis del sistema de seguridad social y especialmente en la atención de la salud al convertirla en un negocio, y permitir que el dinero público, antes dedicado exclusivamente a la prestación de servicios de salud, sea invertido en aumentar los patrimonios privados de empresas vendedoras de servicios generales, centros de diagnóstico con tecnología de punta, industria farmacéutica, farmacias etc., para cerrar totalmente y redondear así el negocio de la enfermedad y el lucro, que sólo está orientado a la curación y la medicalización, al tratamiento de las enfermedades y no de los enfermos, sin invertir en la promoción, en el fomento de la salud, ni en la prevención de las enfermedades o en la atención primaria de la salud, al mismo tiempo que se recorta en médicos, personal sanitario o camas de hospital.
La repetida cobertura universal de la atención de salud es un factor estrictamente distractor que de ninguna manera garantiza a las personas su acceso al sistema de salud o a la prestación de los servicios de una manera oportuna y con calidad, y es utilizado con fines electorales por los políticos que muchas veces son los únicos que aprovechan de este sistema.
La situación financiera es muy complicada dentro del sector de la salud y el panorama de la situación laboral y de desarrollo profesional de los médicos es dramático, ya que no hay planificación de las necesidades de médicos , sin estabilidad laboral, con baja remuneración y condiciones de trabajo inadecuadas, con jornadas de trabajo extenuantes, sin prestaciones sociales, algunos hasta sin seguridad social y sin defensa pues los sindicatos del área de la salud, en algunos países, son prácticamente inexistentes.
Mientras tanto para buscar más mano de obra barata ha habido, una explosión de Facultades de Medicina, sin hospitales de prácticas para los estudiantes, con currículos acomodados a la resolución de problemas puntuales y mirando solo a la enfermedad, al tiempo que desaparece la visión integral y holística de la persona y se promueve una práctica médica deshumanizada, despersonalizada, sin oportunidad y de cuestionada calidad.
En cualquier caso necesitamos que se respete la autonomía del médico, que se defienda una red pública de hospitales en donde se garantice el bienestar del talento humano de los profesionales de la salud, con estabilidad laboral, remuneración adecuada, condiciones de trabajo dignas, seguridad social garantizada y disfrute del derecho fundamental a la Educación Médica Continuada como garantía para el mantenimiento de la competencia, de la seguridad del paciente y de una medicina de calidad científica y humana.
Queremos llamar la atención a todos los colegas de Iberoamérica y el Caribe sobre dos maniobras que los grandes capitales multinacionales están realizando y negociando: la primera encabezada por la organización mundial de comercio -OMC- en la cual está participando igualmente la OMS que algunos llaman una nueva OMC y que está realizando las negociaciones de la Alianza Transpacífico entre países americanos, asiáticos y Oceanía que ya recibió el rechazo inclusive y sorprendentemente del Vaticano y la segunda por fuera de la OMC con unas reuniones ultra secretas que se están realizando en Ginebra, Suiza con la participación de 50 países conformando el llamado Acuerdo de Comercio de Servicios Públicos -TISA- (por su sigla en inglés). Se trata de un acuerdo comercial sobre la restricción de la capacidad de los gobiernos para restaurar y ampliar servicios públicos, regular las áreas de telecomunicaciones incluida la privacidad del internet e inclusive las medidas de protección del medio ambiente; todo esto para liberalizar los mercados financieros, lo cual pondrá en grave riesgo los servicios públicos fundamentales como la salud, la educación, el agua y la energía.
Finalmente consideramos esencial defender los siguientes principios fundamentales para nuestros sistemas de salud:
1. Se debe garantizar la salud como un derecho humano fundamental e integral sometido a la normas del Derecho Humanitario Internacional.
2. Los Estados son responsables de garantizar, propiciar, facilitar y tutelar el derecho a la salud para todos sus ciudadanos y esto no puede ser delegado ni compartido con capitales privados.
3. Se debe garantizar por parte de los Estados el derecho a la protección de la salud de todos los ciudadanos con un aseguramiento de carácter social que les garantice una cobertura sanitaria efectiva y en condiciones de igualdad.
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