Los casos de ictus podrían incrementarse un 20% en los próximos 10 años, según datos ofrecidos durante la presentación del libro “El Plan de Atención del Ictus de la Comunidad de Madrid 10 años después” que se celebró ayer en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
El acto contó con la presencia del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero y el presidente de Fundación Casaverde, Alberto Giménez Artés. El encargado de presentar la obra fue el director General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud, Antonio Jesús Alemany López.
Como se recoge en este trabajo “desde la aprobación a finales de 2008 de la Estrategia en Ictus del Sistema Nacional de Salud (SNS), la organización y atención sanitaria al ictus han mejorado de forma significativa, aunque la disponibilidad y acceso a las Unidades de Ictus y trombectomía sigue siendo todavía desigual, tanto entre las diferentes comunidades autónomas como dentro de la misma autonomía, lo que pone de manifiesto una deficiente equidad para acceder al mejor tratamiento en fase aguda”.
En su intervención, el presidente de Fundación Casaverde, aseguró que “más de 120.000 personas son dadas de alta cada año en España tras sufrir un ictus”.
La tendencia en la tasa de hospitalización va en aumento, de forma independiente al envejecimiento de la población. En este sentido, se espera un incremento del 20% en los próximos 10 años, según los datos expuestos. Asimismo, el ictus es considerado como la primera causa de muerte en las mujeres y la segunda causa de en los varones”.
“Ésta es la justificación de la elaboración del presente documento, ‘Plan de Atención del Ictus de la Comunidad de Madrid. 10 años después’, como indicó Giménez Artés, “un análisis colaborativo en cuya elaboración han participado profesionales de los distintos ámbitos implicados en el proceso asistencial del ictus, así como en la gestión de dicho proceso”.
Como se recoge en este trabajo “desde la aprobación a finales de 2008 de la Estrategia en Ictus del Sistema Nacional de Salud (SNS), la organización y atención sanitaria al ictus han mejorado de forma significativa, aunque la disponibilidad y acceso a las Unidades de Ictus y trombectomía sigue siendo todavía desigual, tanto entre las diferentes comunidades autónomas como dentro de la misma autonomía, lo que pone de manifiesto una deficiente equidad para acceder al mejor tratamiento en fase aguda”.Asimismo, se hizo alusión a la puesta en marcha del Código Ictus en Madrid, con el que se ha conseguido que la mayoría de los pacientes que sufren un ictus sean atendidos con la mínima demora en centros con Unidades de Ictus, reduciendo significativamente los tiempos de atención, lo que permite aumentar de forma muy importante el número de sujetos tratados con trombolisis intravenosa, pasando del 3% inicial hasta alcanzar un 20% de los pacientes con infarto cerebral atendidos en urgencias”.
El libro concluye con una serie de recomendaciones de cómo seguir mejorando en la atención al paciente con ictus, donde se dice expresamente que la rehabilitación y el trabajo personalizado de los terapeutas permitiría un ahorro en el impacto social del ictus de unos 350 millones de euros anuales y supondría un coste de 216 millones de euros. Por tanto, existiría un beneficio social neto de unos 134 millones de euros, cifra que permite un análisis de sensibilidad positivo.
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