Representantes de la Asociación de Afectados por la Talidomida (AVITE) se han concentrado ante las puertas del Congreso de los Diputados para denunciar que las indemnizaciones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 "son insuficientes" y reclamar al Gobierno una compensación "justa" para los afectados. Varios diputados de la Comisión de Sanidad del Congreso se han sumado al acto para trasladar su apoyo a las víctimas
A las puertas del Congreso han acudido, el presidente y vicepresidente de AVITE, José Riquelme y Rafael Basterrechea, respectivamente; así como representantes de los partidos políticos como, por ejemplo, Francisco Igea el portavoz de Sanidad de Ciudadanos; Lourde Ciuró, del Partido Demócrata Catalán; el portavoz de Sanidad del PSOE, Jesús María Fernández; Mae de la Concha, de Podemos; Joan Olòriz, de Esquerra Republicana, y Marta Sorlí, de Compromís.
En el proyecto de ley de los PGE se establece una compensación de 20 millones de euros para las víctimas de la talidomida, como consecuencia del acuerdo firmado con Ciudadanos en el pacto de investidura y que, según el mismo y tal y como ha recordado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, permite terminar con «una deuda histórica» con los pacientes.
El presidente de AVITE, José Riquelme, ha señalado ante los medios de comunicación que «no se tratan de indemnizaciones justas» y que tampoco «se han consensuado con los afectados» esta decisión. Según ha explicado, la cantidad aprobada equivaldría a unos 180.000, unos 60 euros al mes, para cada afectado, algo que ha considerado «una vergüenza» y «una cifra insuficiente» que refleja que «una víctima española de la talidomida vale un 4.000 % menos que una alemana».
Ha manifestado que es «un motivo para seguir luchando por unas compensaciones justas».
En la misma línea, el vicepresidente de AVITE Rafael Basterrechea, ha indicado que la partida presupuestaria destinada a las víctimas de la talidomida se haya aprobado «sin contar» con ellos, asegurando que las indemnizaciones que en ella se reflejan son un «4.000 por ciento menos» que las que recibieron los pacientes alemanes.
«Nos prometieron diálogo y han ido por detrás. Se han ido al Congreso a solucionarlo con sus aliados y no han tenido la vergüenza de razonarlo con las víctimas ni de decírnoslo a cara. Cuando se es miserable, por lo menos hay que ser digno para ser miserable», se ha pronunciado el vicepresidente de AVITE, para denunciar que el Gobierno esté «exonerando» a Grünenthal y «bajo el paraguas de la industria farmacéutica».
Igea ha reconocido que las indemnizaciones pactadas «no llegan a las aspiraciones de las víctimas» pero ha señalado la posibilidad de que «mañana haya otro Gobierno» que haga honor a los compromisos con los afectados por la talidomida.
«Ciudadanos ha conseguido que se reconozcan a todas las víctimas, mientras que los gobiernos anteriores sólo reconocieron a 24 víctimas. Durante estos 60 años las víctimas de la talidomida han estado esperando y nosotros nos comprometemos a seguir recabando toda la ayuda posible para ellos», ha dicho Igea, para avisar de que «no puede ser» que el Estado reconozca su culpa y Grünenthal «no lo haga».
Asimismo, el portavoz de Sanidad del PSOE, Jesús María Fernández, ha insistido en que el departamento que dirige Montserrat «no ha hecho nada» para que la farmacéutica se haga responsable de los daños causados por la talidomida, por lo que le ha instado a presionar al laboratorio para que asuma sus «responsabilidades.
Los representantes de Avite han acudido también a las puertas del Ministerio de Sanidad, con un vehículo con megafonía, para mostrar su disconformidad por el trato recibido.
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